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Por Carlota Jover*
Contrainformación, 28 de diciembre, 2018.- Cuando se publique este artículo faltarán pocos días para el “fin del carbón”, es decir, el cierre de las minas de carbón no competitivas que quedan en funcionamiento en España. Y aunque algunas noticias que se han publicado en los últimos meses puedan dar a entender que se trata de algo súbito e inesperado, este cierre empezó hace casi 30 años.
Desafortunadamente, esto no lo hace más fácil para las cuencas mineras, que se enfrentan ahora al desafío de reconvertir su economía tras el cierre de sus minas. Sin embargo, diferentes ejemplos a nivel nacional e internacional muestran que la transición es posible teniendo en cuenta los pilares del desarrollo sostenible.
El sector del carbón se ha mantenido hasta ahora gracias a las ayudas públicas: se ha subvencionado una actividad que no sólo es económicamente inviable, sino también altamente contaminante.
Si bien el proyecto europeo se inició precisamente con el establecimiento de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, el declive de esta industria se inició ya en los 60 y, a partir de ese momento, los Estados empezaron a conceder ayudas públicas a lo que se consideraba en aquel momento un sector clave de la economía nacional. Así lo expresó a finales de los 80 la Comisión Europea:
“las transformaciones estructurales del mercado internacional y del mercado común de la energía obligan a la industria del carbón ya desde comienzos de la década de 1960, a realizar esfuerzos extraordinarios de racionalización y de reestructuración; (…) como consecuencia de ello, muchas empresas de la industria del carbón atraviesan dificultades financieras y requieren ayudas de los Estados miembros”.
Así, en junio de 1990, el Gobierno español presentó el Plan de Reordenación del Sector del Carbón 1990-1993. Éste fue el primero de los muchos planes que se han aplicado desde entonces con el objetivo de reducir de manera progresiva las ayudas públicas a las empresas mineras, y que culminaron con el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva, que el Gobierno español adoptó el 7 de octubre de 2013 para conceder ayudas condicionadas al cierre.
La práctica totalidad del sector, 15 empresas mineras, se acogió voluntariamente al Plan de Cierre. Al hacerlo se comprometieron a emplear las ayudas recibidas a partir de ese momento para cerrar sus unidades de producción de carbón, cubrir los costes sociales laborales, y clausurar y rehabilitar sus instalaciones. En caso de contrario, debían devolver los importes recibidos.
El día 1 de enero de 2019 marca simplemente el día en que concluye el plazo de aplicación del Plan de Cierre y las empresas mineras deben cumplir con su compromiso.
Con los datos en la mano, tampoco puede considerarse novedoso nada de lo que sucederá a partir de la próxima semana. En cifras, la reordenación del sector iniciada en 1990 ha supuesto pasar de 146 explotaciones de carbón a principio de los años 90 a las 12 que quedaban abiertas a finales de 2017. A nivel de empleo, mientras en 1994 trabajaban en la extracción del carbón más de 30.000 personas, hace unas semanas eran poco más de 2.000. Y, en lo que a producción se refiere, se ha pasado de extraer más de 30 millones de toneladas en 1993 a menos de 3 millones en 2017.
Su previsibilidad no ha hecho el cierre de las minas más fácil para las cuencas afectadas. El desmantelamiento de la actividad minera conlleva grandes desafíos en comarcas que han basado su economía, e incluso su tejido social, en la mina. No obstante, la solución no puede pasar por mantener la actividad extractiva. Es esencial que estas zonas inicien el proceso de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible y que asegure su prosperidad en el futuro
IIDMA ha publicado un análisis en el que identifica, a partir del estudio de casos de éxito, los principales pilares sobre los que debe erigirse un proceso de transición. Es necesaria una planificación que contemple la cooperación entre compañías, inversores y gobiernos, pero también la participación de la sociedad civil.
Asimismo, la transición debe darse en un marco legal adecuado que apoye la creación de centros de formación profesional y la adopción de medidas enfocadas a favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas. El primer paso para esta transición justa se ha dado con el Acuerdo entre Gobierno y Sindicatos del pasado 24 de octubre, formalizado en Real Decreto-ley por el Consejo de Ministros del viernes 21 de diciembre. Esta norma prevé, entre otras medidas, la creación de una bolsa de trabajo que facilitará la participación en cursos formativos y de orientación de los trabajadores de las cuencas, en el marco de planes para facilitarles el acceso a los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética.
Pero el pilar más importante de una transición exitosa es que la población local tome conciencia del fin inevitable del carbón. Es imposible la transición en una zona sin contar con sus habitantes, sin darles la palabra e implicarlos en la estrategia de transición.
De la producción de energía renovable a la creación de parques empresariales, pasando por la valorización del legado minero con la apertura de museos de la minería, existen muchos ejemplos en los que inspirarnos para hacer que la transición en las comarcas mineras sea exitosa y también justa.
De hecho, en España, ya tenemos una mina cuyo carbón será usado para la producción de fertilizantes, otra que ha abierto un museo en sus instalaciones y ahora organiza visitas al público e incluso escape rooms , y una cuyos terrenos se han convertido en zonas de cultivo de cereales, olivos, frutales y pasto para ganado.
El fin del carbón es inevitable. Hace 30 años que lo es. La transición energética nos lleva a apoyarnos cada vez más en otras fuentes para generar energía y eso implica que el sector del carbón desaparezca, empezando por sus minas. Pero el fin del carbón no tiene porqué ser el fin de las comarcas mineras. Superemos este desafío como sociedad sin dejar a nadie atrás. Busquemos reflejarnos en los casos de éxito que ya tenemos en España, pero también en los de Francia, Inglaterra y Alemania.
Hagamos que el 2019 sea un año que nos lleve a avanzar hacia una economía que nos asegure un futuro, pero también un presente, sostenible para todos.
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*Carlota Jover es abogada de IIDMA. http://iidma.org
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