Servindi, 28 de noviembre, 2018.- Un Amicus Curiae se presentó ante el Tribunal Constitucional a fin de cuestionar el Estado de Emergencia declarado en el corredor minero y que viene siendo renovado desde hace más de dos años de forma injustificada.
El recurso fue presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y destacan que la declaratoria de Estado de Emergencia preventivo en el Perú viola las obligaciones internacional asumidas por el Estado.
La raon es que no se fundamenta en un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional y no satisface las exigencias de estricta necesidad que requiere una medida de estas características.
Ambos organismos instan al Tribunal Constitucional a convocar a la menor brevedad posible una audiencia para evaluar la declaratoria del Estado de Emergencia que restringe los derechos humanos de la ciudadanía peruana.
La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú acaba de prorrogar el estado de emergencia en un tramo del corredor vial sur andino que discurre por el distrito de Chumbivilcas por 30 días mediante Decreto Supremo N°115-2018-PCM .
“La mera existencia de conflictividad social en una región no puede justificar en ningún caso la suspensión del ejercicio de derechos humanos", declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
"En un escenario de conflicto en el ejercicio de derechos por parte de distintas personas o grupos como sucede en el corredor minero peruano debería aplicarse el principio de proporcionalidad y buscar soluciones basadas en un enfoque de derechos humanos y no en la represión” agregó Staberock.
“El estado de emergencia ha privado ya casi por dos años del ejercicio de derechos constitucionales a un sector de la población de extracción fundamentalmente indígena y duramente golpeada por el conflicto armado interno" declaró Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.
"Ello acrecienta su situación de vulnerabilidad. La solución pasa por abordar los problemas de fondo que crean la conflictividad a través de medidas que atiendan las demandas de la población” dijo Bracamonte.
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