Gustavo Adrianzén, Ángel Manero, Juan Carlos Castro y Nelly Paredes también son acusados por la pobre respuesta del Ejecutivo frente a los incendios forestales, que serían una consecuencia de la citada ley.
Servindi, 27 de setiembre, 2024.- El premier, los ministros de Agricultura y de Ambiente y la jefa del Serfor fueron denunciados por querer implementar la “Ley Antiforestal” cuando aún hay procesos que cuestionan su legalidad.
Gustavo Adrianzén, Ángel Manero, Juan Carlos Castro y Nelly Paredes también son acusados por la pobre respuesta del Ejecutivo frente a los incendios forestales, que serían una consecuencia de la citada ley.
Según la denuncia, presentada por la defensora ambiental Lucila Pautrat, en el caso de la “Ley Antiforestal” habrían cometido los delitos de avocamiento ilegal de procesos en trámite y otorgamiento ilegal de derechos.
Mientras que, en el caso de los incendios, la defensora y también presidenta de la ONG Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales los imputa por el delito de omisión de actos funcionales.
Denuncia presentada contra Lucila Pautrat ante el Ministerio Público contra altos funcionarios. Foto: Cortesía
Tres delitos imputados
El primer delito habría sido cometido por el ministro Manero al aprobar herramientas que facilitan la implementación de la Ley Antiforestal cuando existen una demanda de amparo y dos de inconstitucionalidad en contra de esta ley.
La denuncia se refiere a la aprobación del “Redimensionamiento del Bosque de Producción Permanente de Ucayali” que facilita “la invasión, deforestación, tala ilegal y quema de 299,898.41 hectáreas”.
Así como a la “Constancia de Libre Deforestación” que fue “hecho a medida de la arbitrariedad de los ilegales; así como (para) timar a los mercados internacionales que prohíben el ingreso de productos procedentes de la deforestación”.
Las "constancias de libre deforestación" que el gobierno quiso implementar y luego derogó.
El segundo cargo es contra los dos ministros y contra la directora del Serfor por “responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos y otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles”.
Esto, por el intento desde el Ejecutivo de impulsar un “programa de formalización de predios agrarios” sobre pedios que fueron ocupados, deforestados y quemados de manera ilegal sobre zonas forestales y bosques protegidos.
Mientras que el tercer delito, de omisión de actos funcionales, se debe a la tardía reacción del Ejecutivo que recién declaró la emergencia por incendios el 18 de setiembre, a más de un mes de que su evolución se reportara.
Como muestra de esta omisión funcional, la denuncia da cuenta del viaje que el Midagri le aprobó a la jefa del Serfor el 6 de setiembre a Macao (China), cuando ya había surgido la crisis de los incendios forestales.
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