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ONU: Australia no protegió a indígenas del cambio climático

Isleños del estrecho de Torres. Foto: Internet

Decisión es un “hito importante” pues crea una senda para presentar reclamaciones ante políticas nacionales fallidas para proteger a los más vulnerables del cambio climático.

Servindi, 27 de setiembre, 2022.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) dictaminó que Australia no actuó para defender a pueblos indígenas de los efectos del cambio climático, por lo que pidió que los indemnice.

El país también debe “entablar consultas significativas para realizar una evaluación de las necesidades”, señaló la ONU en una de sus primeras decisiones que enlaza el calentamiento global con las libertades fundamentales.

El dictamen de la ONU, no vinculante, da la razón a la denuncia interpuesta ante el Comité por ocho habitantes indígenas de cuatro pequeñas islas del estrecho de Torres, en el año 2019.

Los indígenas denunciaron entonces que Australia perjudicó su modo de vida al no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y retrasar la urgente construcción de rompeolas en la zona.

Producto de ello, sus islas sufrieron graves inundaciones que destruyeron enterramientos familiares tradicionales y el suelo se degradó, recudiéndose así la producción alimentaria, basada en la agricultura y pesca, indicaron.

Tras analizar el caso, el Comité compuesto por 18 expertos independientes, determinó que Australia violó los derechos de los indígenas a “disfrutar de su cultura y ser libres de interferencias arbitrarias”.

Esta decisión “es un hito importante”, pues crea una senda para presentar “reclamaciones ante políticas nacionales fallidas a la hora de proteger a los más vulnerables del impacto del cambio climático”.

Así lo sostuvo Hélène Tigroudja, miembro del comité, quien también indicó que los Estados que no protejan a sus ciudadanos del cambio climático “podrían estar violando sus derechos humanos según la ley internacional”.

Como se recuerda, en julio, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que, por primera vez, consagra de forma universal el derecho humano a un medioambiente “limpio, saludable y sostenible”.

La resolución fue impulsada por un grupo de países liderados por Costa Rica y recibió el apoyo de 161 Estados miembros, ningún voto en contra y ocho abstenciones.

 

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