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Aidesep: Plan de empresas y DD. HH. debe incluir participación indígena

Imagen: Servindi.

Servindi, 27 de setiembre, 2020.- Garantizar la participación de los pueblos indígenas asegurando también la de las mujeres fue una demanda unánime.

Así lo expresó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en el conversatorio "Los derechos de los Pueblos Indígenas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos".

En Perú la elaboración de un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) aún está en construcción; sin embargo los esfuerzos apuntan a que se construya sobre una amplia base participativa.

En dicho sentido, el conversatorio puso el énfasis en las expectativas de los pueblos indígenas hacia este plan en proceso de elaboración.

Es así que durante el espacio Richard Rubio Condo, vicepresidente de la Aidesep remarcó los tres pilares que deberán guiar el plan.

Entre ellos, la protección de los derechos humanos, la responsabilidad social de las empresas respetando los derechos y la remediación de todo impacto dejado por las empresas en territorios de las comunidades.

Asimismo, subrayó la necesidad de cumplir con el  Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros documentos internacionales que comprometen al Estado y respaldan los derechos de los pueblos indígenas.

Recordó que en todo proyecto, especialmente extractivo, debe haber un plan claro en el que se garantice la participación indígena desde su diseño, así como durante su implementación y evaluacion, y con acceso a la información.

"No solo debe haber una mirada a la Amazonía como recursos", reflexionó el dirigente originario del pueblo Kichwa.

Impactos diferenciados

Por su parte Delfina Catip Tawan, directiva nacional de la Aidesep, remarcó que la principal preocupación para los pueblos, y en especial para las mujeres indígenas, son las agresiones a los territorios. 

"Cuando se agrede al territorio se agrede especialmente a las mujeres, violentadas y expuestas desde jóvenes a vicios como el alcoholismo, el acoso, las agresiones sexuales y otras actividades ilícitas, que llegan con las actividades extractivas", expresó la lideresa del pueblo Awajún.

Por ello, invocó la necesidad de construir un enfoque sobre los impactos diferenciados que las actividades extractivas y los proyectos de megainfraestructura tienen sobre las mujeres indígenas.

Esta situación diferenciada se aprecia especialmente en los impactos al derecho a la vida, a un ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la toma de decisiones, refirió.la responsable del Programa Mujer de Aidesep.

Igualmente, remarcó que las cuestiones de género deben ser consideradas de manera transversal durante la identificación de proyectos y mencionadas en el perfil de los mismos.

"Las mujeres libran una batalla por defender y conservar sus conocimientos ancestrales frente a los conocimientos foráneos que se sobreponen", señaló Catip Tawan.

El espacio también contó con la participación de Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA); Shuar Velásquez, presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú (CCPIP); y Danny Nugkuag, especialista de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura.

Asimismo, con Hernán Coronado, Oficial Técnico Especialista en Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Edgardo Rodríguez Gómez, Director General de Derechos Humanos Ministerio de Justicia, entre otros. 

Acerca del PNA

En el Perú el PNA está aún en proceso de elaboración; sin embargo, la decisión de contar con uno tiene como precedente el Plan de Acción de Derechos Humanos (PLDH), del 2018 al 2021.

Es así que el PLDH señala en su lineamiento 5 la elaboración del PNA, el cual también responde a la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, impulsados desde la ONU.

Ello apunta a que las empresas asuman una lógica de "proteger, respetar y remediar".

Se espera que al contar con dicho plan, será una herramienta para elaborar políticas públicas y crear instrumentos adecuados y eficaces para la protección y promoción de los derechos humanos en las prácticas empresariales.
 

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