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Estado debe garantizar los derechos individuales y colectivos de los PP. II.

Foto: Defensoría del Pueblo

Al cumplirse los 30 años de aprobación del Convecio N° 169 de la OIT, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todas las instancias gubernamentales implementar acciones coordinadas a favor de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Servindi, 27 de junio, 2019.- La Defensoría del Pueblo invocó a todos las instancias gubernamentales; Congreso de la República, Poder Judicial y a otras instituciones del Estado, a implementar una acción coordinada a favor de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

El llamado es en el marco del cumplimiento de los 30 años de la aprobación del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos de las poblaciones indígenas.

Así también, insta a que se incorpore el enfoque de género en toda la normatividad debido a que las mujeres indígenas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión.

Referente a la Política Sectorial de Salud Intercultural, que demanda que el Ejecutivo y los gobiernos regionales incrementen la oferta de salud en las comunidades indígenas, solo un 44% de las comunidades cuenta con un establecimiento de salud.

Según la estadística del INEI de 2017, pese a que los pueblos afectados por la contaminación por metales pesados como los ubicados en el Lote 192 y el pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali que se encuentra en situación de contacto inicial, requieren especial atención.

Similar situación ocurre con la aprobación de la Política y el Plan de Educación Bilingüe Intercultural, puesto que se han hecho recortes de presupuesto que afectan el cumplimiento de las metas previstas.

Sumado a que se hace indispensable fortalecer la implementación de infraestructura educativa con pertinencia cultural, especialmente en residencias estudiantiles de zonas alejadas.

En contraparte, el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales, reactivaron el proceso de titulación de tierras comunales e  incrementado los recursos para su financiamiento.

Sin embargo, deben simplificarse los procedimientos de titulación, teniendo en cuenta que diversas comunidades esperan el reconocimiento de sus derechos de propiedad desde hace varios años.

Con relación al diálogo, es destacable la aprobación de la Ley de consulta previa que permitió la realizar más de 40 procesos de consulta.

A pesar de ello, está pendiente que este mecanismo de diálogo se realice durante la evaluación de impacto ambiental de proyectos, a fin de garantizar el respeto de los derechos indígenas.

Otro tema a considerar es la participación política indígena. En el Parlamento está pendiente que se realicen cambios normativos para asegurar una verdadera representación indígena en los tres niveles de gobierno y en el Poder Legislativo.

Es urgente resguardar la vida e integridad de los pueblos en situación de aislamiento que están gravemente amenazados por el narcotráfico, la explotación de recursos naturales –extractivismo– , el turismo ilegal, entre otras actividades.

Asimismo, es necesario que el Estado brinde adecuada protección a la población indígena que está en situación de contacto inicial. En ambos casos, el proceso de reconocimiento de las reservas indígenas que habitan estos pueblos tiene un retraso significativo.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo expresa que a través de su Programa de Pueblos Indígenas continuará en la defensa y protección de los derechos de estos pueblos tal como lo ha venido haciendo desde su creación institucional.

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Con información de la Defensoríad el Pueblo.

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