Captura de la Defensoría ya se refleja en hechos

Josué Gutiérrez está cumpliendo su papel al pie de la letra. Ha anulado a la institución frente a importantes temas, provocó salida de cinco adjuntos y viene incorporando a gente ligada a los partidos que lo pusieron en el cargo. La mafia del Congreso que lo eligió le sonríe.

Servindi, 26 de setiembre, 2023.- Desde que Josué Gutiérrez asumió como defensor del Pueblo, el organismo ha evitado pronunciarse sobre normas polémicas del Congreso y se han tomado decisiones a espaldas de trabajadores.

Hechos han generado la renuncia de cinco adjuntos mientras ingresan personas ligadas a los partidos que pusieron a Gutiérrez en el cargo, en una muestra clara de la captura de la institución.

Los adjuntos que renunciaron, entre junio y setiembre, son Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales) y Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer).

Diversas fuentes indicaron a El Comercio que las renuncias de estos altos funcionarios se dieron tras serias discrepancias con el titular del organismo, Josué Gutiérrez, en diversos ámbitos.

Serias discrepancias

Por ejemplo, con Garcés Peralta fue porque Gutiérrez evitó sentar una postura firme frente al caso de Camila, niña a la que se le negó el aborto pese a haber sido abusada por su padre.

Otras discrepancias fueron porque en reiteradas ocasiones Gutiérrez se ha negado a que la institución emita pronunciamientos de corte político sobre las polémicas normas aprobadas por el Congreso.

Así lo hizo frente a la norma que recortó a un año el tiempo de suspensión de la prescripción que favoreció a Alejandro Soto, presidente del Congreso, para evitar ir a juicio oral por presunta estafa.

Así como cuando el Parlamento aprobó una ley que limita la colaboración eficaz y ahora último frente a la embestida contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ante la cual el organismo no se ha pronunciado.

A la interna, está claro que Gutiérrez busca evitar confrontar con el Congreso, pues es el mismo que lo puso en el cargo, tras una alianza entre las fuerzas del fujimorismo y Perú Libre, de Vladimir Cerrón (fujicerronismo).

Josué Gutiérrez cumple al pie de la letra su papel: ha logrado anular la postura del organismo en temas importantes para el país.

Decisiones unilaterales

Las discrepancias también han sido motivadas por decisiones importantes adoptadas por Gutiérrez a espaldas de los trabajadores.

Es el caso de Alberto Cruces, el adjunto de Asuntos Constitucionales que renunció luego de que Gutiérrez le quitará una de sus funciones principales, que era dirigir el Área de Litigio Estratégico sin consultarle.

A Matilde Cobeña, de Niñez y Adolescencia, le pidieron levantar información sobre los hijos de mujeres encarceladas en tres o cuatro días sin coordinación previa. Ella lo cuestionó y Gutiérrez le ofreció su cargo a otra funcionaria.

Gutiérrez también ha decidido que sea la asesoría ilegal de la entidad la que valide las opiniones técnicas de los adjuntos ante proyectos de ley del Parlamento, cuando esto antes lo hacía la primera adjuntía y el mismo defensor.

“Ellos [Gutiérrez y su entorno] dicen que así funcionan los ministerios, pero en la Defensoría del Pueblo era diferente, siempre se privilegió la especialidad. Es algo inédito”, dijeron las fuentes a El Comercio.

Las salidas de los altos funcionarios de la Defensoría del Pueblo tras ingreso de Gutiérrez. Fuente: El Comercio

Cuestionables ingresos

Mientras todo esto ocurre, Gutiérrez ha optado por meter a la Defensoría a gente vinculada a los partidos representados en el Congreso que respaldaron su elección como defensor del pueblo.

Ya ingresaron Juan Carlos Gonzales Hidalgo (secretario general), quien fue personero legal de Alianza Para el Progreso (APP) y Rocío Santivañez Acosta (jefa del Programa de Derecho a la Salud), exmiembro del equipo técnico de Perú Libre en la campaña de 2021.

Pero quizás el ingreso más escandaloso es el de la abogada Elizabeth Zea, exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular que ahora es la encargada de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Para lograr el ingreso de quien también integró la comisión de constitucionalistas del gobierno de Boluarte, la Defensoría tuvo que modificar el manual de clasificador de cargos, retirando el requisito de cuatro años de experiencia en el Estado.

Elizabeth Zea: la cuota del fujimorismo en la Defensoría de Josué Gutiérrez. Foto: El Comercio

Instrumentalización a la vista

La captura de la Defensoría del Pueblo ya se refleja en los hechos y expertos como el exdefensor Walter Albán advierten que la “instrumentalización” del organismo ya está próxima.

En una entrevista reciente, Albán explica que el objetivo que se buscaba al colocar a Gutiérrez en el cargo se está cumpliendo: anular a la institución frente a las medidas autoritarias del Ejecutivo y Congreso.

Pero eso no es todo. Si el Congreso concreta la captura de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el rol de Gutiérrez será visto con mayor claridad pues será el encargado de presidir la comisión que nombre a los nuevos miembros de la JNJ.

No es una cosa menor, pues la JNJ es la entidad encargada de nombrar jueces y fiscales en todo el país, además de elegir a las autoridades electorales como la ONPE y la Reniec.

Todo apunta a que Gutiérrez usaría su cargo para favorecer a la captura de la institución y con ello, responder al favor que le hizo Congreso al colocarlo en el puesto que hoy tiene.