Nueva corrupción en el Perú: pirañitas y tiburones

Introducción (1)

Escribir sobre corrupción es el equivalente social a estudiar el cáncer en medicina o la inflación inercial en economía. Es una enfermedad que existe y, mientras no se comprenda la manera de contenerla, va a continuar. Puede contenerse más o menos, pero no puede eliminarse. Por ello, ante la persistencia del fenómeno, hay quienes aducen que se puede convivir con ella mientras se la tenga bajo control. Por el contrario, otros argumentan que no se puede convivir con eso porque consume el cuerpo político y social. Al igual que otros fenómenos, la corrupción sufre cambios en el tiempo. Sin embargo, pese a lo anterior, esta enfermedad social manifiesta rasgos comunes en el tiempo, como el beneficio individual del bien público, la percepción del Estado como un botín y la producción del fenómeno corrupto en el encuentro entre lo público y lo privado. Quiroz da muy buena cuenta de esto en su Historia de la corrupción en el Perú (2013).

En todo caso, ¿existen singularidades en la corrupción peruana? A partir de esta interrogante, lo que se propone en este trabajo es que hay cuatro singularidades. La primera es que no hay un concepto de “nosotros” nacional. La noción de pueblo (the people) contiene “una tensión entre un pueblo fuente de soberanía y de la legitimidad política y a su vez de amenaza del orden social” (Martuccelli, 2022; 26). Esto deriva en que la noción del bien común es inexistente. No hay “nosotros el pueblo” (we, the people). La clase dominante considera al pueblo, “ellos”. Como resultado, estamos frente a una sociedad que no es una sociedad vertebrada donde los mecanismos de control sociales operen como sí ocurre en sociedades más articuladas, en su turno, abre el camino al concepto peruanísimo de la trafa. El origen de esta expresión coloquial estaría en lo que Manrique (1977) denominó la república de españoles y la república de indios. La segunda singularidad resultante es que es una sociedad sin partidos políticos. Si bien los partidos no son necesariamente filtros anticorrupción, normalmente asisten a su control interno partidario. La tercera singularidad es la descentralización administrativa, que en el país ha significado que aquellos antes distantes del poder central pueden hacerse del poder local para abusar de él. Finalmente, la cuarta es la falsedad ideológica observada en la vida pública desde 1990 en adelante hasta el presente. Es decir, los candidatos son electos por una línea política y al ser electos resultan del signo político contrario. En consecuencia, el resultado es la sensación nacional de estafa pública e incredulidad en los políticos.

Sobre lo anterior, el montaje teórico de Quiroz se efectúa sobre el concepto de patrimonialismo de Max Weber desarrollado en sus trabajos publicados en Economía y Sociedad [1922, (2021)]. Esto corresponde a sociedades más uniformes y bien organizadas políticamente. Dice Weber:

Debe entenderse por "dominación", … la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos). No es, por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer "poder" o "influjo" sobre otros hombres. En el caso concreto esta dominación ("autoridad"), en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad. (170)

En ese sentido, para el ejercicio del dominio se requiere de un cuadro administrativo en el que se pueda confiar por parte de un grupo de hombres cuya obediencia se espera. Asimismo, agrega Weber que este cuadro administrativo puede estar ligado a la obediencia de su señor (o señores) por la costumbre, de un modo puramente afectivo, así como por intereses materiales o por motivos ideales (con arreglo a valores). En general, la obediencia no solo es por razones materiales sino tiene también elementos afectivos o racionales. Dice “Normalmente se les añade otro factor: la creencia en la legitimidad” (171). Así, si, históricamente, la corrupción tuvo que ver con las prebendas obtenidas desde o por el jefe de Estado a partir de su legitimidad, desde la década del 90 esto cambia: el jefe de Estado se transforma en un articulador de intereses privados.

Pirañitas y tiburones

En este panorama, hay dos tipos de actores políticos que han llegado sin respaldo partidario al Gobierno en el Perú en los treinta años transcurridos desde 1990 hasta el 2021: los tiburones y las pirañitas. Los primeros dicen que “la plata llega sola” y trabajan para el gran enriquecimiento personal, como fue el caso del exministro de Economía Jorge Camet, quien era dueño de una constructora casi quebrada (JJC) y que, luego de ser nombrado ministro, entregó sus acciones de la empresa a sus hijos para, luego, pedirles un poder general y seguir así manejándola desde el ministerio. Visto el ejemplo, este fue un claro caso de conflicto de interés entre quien asignaba el dinero para grandes obras públicas y quien las ejecutaba. Por este hecho, Camet fue sentenciado a cárcel en la casa y murió en 2013. Esto, entre otros casos del periodo 1992-2000, dio lugar a que se emitiera la ley 27588 del 2001, que le impide a un funcionario público actuar con intereses propios. “Los directores, titulares, altos funcionarios, miembros de Consejos Consultivos... que, por el carácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan, han accedido a información privilegiada o relevante, o cuya opinión haya sido determinante en la toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tengan dicho carácter". La sanción es que “La violación de lo dispuesto en el presente artículo implicará la transgresión del principio de buena fe y será sancionada con la inhabilitación para prestar servicios al Estado, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiera lugar".  Esto va seguido de multas. Por lo visto, los denominados tiburones trabajan a través de funcionarios de alto nivel en el Estado o ellos mismos están en su administración con el objeto de saquear las arcas públicas u obtener algún beneficio económico de largo alcance.

El caso Odebrecht es este segundo. La empresa entregaba dinero a candidatos a la presidencia o ministros para obtener contratos grandes preferentes del Gobierno electo. A partir de esta operación, el presidente o ministro que recibía el pago, luego continuaría con algún beneficio por cada contrato firmado con la empresa a lo largo de los años de gobierno. De esta manera, Odebrecht fue el tiburón más visto del siglo XXI,  el cual, según su accionista principal y presidente del directorio, pagó a 145 funcionarios y políticos en todos los países del continente, en cuentas depositadas en Andorra, 200 millones de dólares en sobornos (El País, Madrid, 09 de noviembre de 2017). Para la consumación de este delito, el pago debería de rendir una rentabilidad muy grande, por encima de lo normal en una operación de construcción. En conclusión, los tiburones pagan a funcionarios y políticos por saquear el Estado Botín.

Por otro lado, los pirañitas son parecidos a los tiburones en su interés por el poder político, pero funcionan en pequeña escala, en familia, en grupo, en cardúmenes y no buscan saquear las arcas públicas ni obtener un monopolio económico, sino conseguir “alguito”. Por el contrario, ellos cobran o desvían pequeños montos de fondos públicos o buscan lograr una obra pública con pequeñas recompensas por pequeños servicios, o un porcentaje limitado por obras públicas de limitada envergadura. Por ejemplo, “Castillo, el ex secretario general de Palacio de Gobierno, dos sobrinos del mandatario y el exministro de Transportes, Juan Silva, están investigados por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en la licitación de una obra pública millonaria en la Amazonia. En el caso conocido como Puente Tarata, se habrían coludido sus familiares –uno de ellos prófugo– con gestores de intereses de un consorcio constructor y con Silva". (https://elpais.com/ internacional/2022-07-23/pedro-castillo-a-punto-de-cumplirun-ano-en-el-poder-con-cuatro-casos-abiertos-en-la-fiscaliade-peru.html)

Otro ejemplo de lo anterior es que, en el periodo iniciado en el 2021, se ha hecho público que el secretario de la Presidencia guardaba algún dinero en efectivo en el baño de la Secretaría de la Presidencia de la República. “Los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea le señalaron por presionar e interferir en los ascensos de las Fuerzas Armadas para favorecer a personas allegadas al presidente. También está investigado por realizar supuestos pedidos a la Sunat (la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) con el objetivo de beneficiar a empresas allegadas. Otro es el cobro por ascensos militares a los rangos mayores". Pequeños cobros para agilizar trámites, cobros por lanzar iniciativas de ley en el Congreso, desvíos de fondos públicos de pequeñas obras distritales o provinciales, todos estos son ejemplos de lo que funcionarios públicos pueden hacer en pequeña escala. Por esa razón, se les refiere como pirañitas, pues son pequeños y porque trabajan en “cardúmenes”, grupos organizados dentro de municipalidades o de ministerios. Casos que ilustran lo anterior se han revelado en Migraciones, en el Ministerio del Interior, el Congreso de la República y en los Gobiernos Regionales. En general, se refieren a lo que en la jerga se llama el “engrasado” de los procesos, es decir, para que estos corran sin obstáculos. Puede ser vista como una expresión de la privatización del Estado (Ugarteche) y de los funcionarios públicos que responden a quien les paga desde fuera del Estado, traicionando al principal, en el modelo agente principal (Ross, 1973). Una segunda acepción es “meter uña”, es decir, pequeñísimos hurtos a las arcas públicas a través de obras del Estado. Esta es una antigua práctica muy referida por Quiroz (2013).

En este grave contexto social, la interrogante es por qué en el Perú todos los que se acercan al poder político en las tres últimas décadas, desde 1990, lo hacen únicamente por intereses personales. Ante esto, es posible que la inexistencia del interés nacional y del bien común, que aflige a una sociedad además afectada por la falta de asociatividad, haga que solo quede el interés individual, grande o pequeño.

Hechas las cuentas, los tiburones operan solos y los pirañitas en cardúmenes. En otras palabras, como fenómeno peculiar, tiburones aprovechan la entrada al Estado de intereses particulares que marchan paralelos a los intereses del jefe de Estado. Esta característica matiza el argumento de Quiroz para el periodo que se abrió en 1990, en tanto que no es la voluntad del jefe supremo distribuir prebendas para asegurar su poder/fortuna, sino que el jefe de Estado resulta funcional a intereses privados (de algunos pocos tiburones) y se le abre un camino de enriquecimiento propio, con el establecimiento de dos pistas de poder, una puramente política desde el jefe de Estado y las arcas públicas, y otra más económica desde los intereses privados enclavados en el Estado a través de ministros y asesores de ministros. En este último caso, se afecta la marcha económica, mas no las arcas públicas necesariamente, en beneficio de particulares. Por ejemplo, se puede mencionar la influencia para la emisión de leyes que otorgan beneficios empresariales en algunos mercados a alguna empresa; la compra por un banco de carteras bancarias de bancos quebrados con información privilegiada; y la designación de un servicio público arbitrariamente.

De esta manera, tanto pirañitas como tiburones hacen de la privatización del Estado su fuerte. Esto se debe a que los pirañitas consiguen un beneficio para sí mismos mediante un pago o una intervención. Por ejemplo, un audio publicado el 7 de setiembre de 2022 (https://www.infobae.com/america/ peru/2022/09/02/cesar-acuna-ordena-a-lady-camones-aprobar-ley-que-beneficiaria-su-candidatura-al-gobierno-regional-de-la-libertad/) entre la expresidenta del Congreso, Lady Camones, y César Acuña Peralta, presidente del partido político Alianza para el Progreso (APP) y dueño de un conglomerado de universidades, dice:

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota... Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo... Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el Pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo.”

Como se puede observar, este es un pirañita que busca 120,000 votos con miras electorales futuras en un mar de 25,287,954 de electores al 2021. Presiona a su partidaria presidente del Congreso para que fuerce una solución en la dirección que para él es buena. Así, el Perú, el interés nacional y la sociedad no están en consideración, solo su beneficio electoral diminuto.

En cambio, los tiburones operan sobre las grandes definiciones de leyes o la puesta en marcha de algunas reformas que privatizan previas funciones públicas, o cómo se efectúan los grandes contratos del Estado y se logran encarecer los costos pactados sin resistencias (como lo fue el caso del Club de la Construcción en el Perú). Entonces, el argumento de Quiroz basado en el patrimonialismo como la base de toda la corrupción debe de ser matizada por los cambios efectuados entre 1992 y 1994, cuando se reintrodujeron las ideas austriacas a la sociedad y economía peruana, se redujo al Estado, se privatizaron los bienes públicos y se determinó la desregulación de todos los mercados importantes. En este nuevo escenario, lo que se hizo fue cambiar los caminos de la corrupción y darle al jefe de Estado la capacidad para administrar liquidez pública nunca antes vista en la historia de la república, fruto de la privatización mayoritaria de los bienes públicos. Esa porción de la corrupción, en efecto, sigue el camino del análisis patrimonialista con una burocracia obediente y obsecuente que admira al líder.

Por lo observado hasta ahora, la corrupción en la historia del Perú ha tenido tres grandes momentos asociados a períodos de modernización en que hubo grandes disposiciones de dinero de fácil acceso por los gobernantes. El primero corresponde al periodo del auge del guano, del Gobierno de Castilla en adelante. Luego, el segundo momento está asociado al Gobierno de Leguía, de 1919 a 1930, un período de créditos externos de libre disposición y de auge de obras públicas. Finalmente, el tercero está asociado al Gobierno de Fujimori, de 1990 al 2000, cuando se privatizaron las empresas públicas y el patrimonio del Estado se volvió efectivo, de libre disposición, por el gobernante y sus secuaces. Sin embargo, pese a la importancia de los tres periodos revisados, este libro se limita a tratar sobre la corrupción política en el Perú en los treinta años desde la llegada al poder del ingeniero Fujimori y la reintroducción de la economía de mercado antes vigente, entre 1948 y 1968. En todo caso, lo que guardan en común los tres periodos mencionados son los excesos de caja en las arcas públicas: en los dos primeros casos por bonanza exportadora, mientras que en el tercero por la privatización de los bienes del Estado.

Por otro lado, valga precisar que se utiliza la definición tradicional de corrupción como el abuso de un cargo público para obtener un beneficio privado (Jain 2001; Shleifer y Vishny 1993). Además, Nyblade y Reed (2008) distinguen entre dos tipos de beneficio personal, el engaño y el saqueo. Ellos definen el engaño como el uso de medios ilícitos para aumentar la probabilidad de ser (re)elegido. “Si la (re)elección es una ganancia privada para un político individual, el engaño encaja bien en las concepciones más tradicionales de la corrupción, y es incluso más claramente corrupción en un sentido más amplio, ya que el engaño corrompe el proceso democrático al hacer que las elecciones sean menos justas (Warren 2004, 2006)”. "El saqueo", dicen los mismos autores, "se define como el uso ilícito de un cargo público para obtener un beneficio material privado. El saqueo se asemeja más a la definición tradicional de corrupción, pero el tipo de beneficio privado es más limitado, para distinguirlo del engaño, que está motivado por el beneficio político".

Lo que se observa, entonces, es que los candidatos en el Perú no tienen partidos políticos, lo que deriva en que no hay paridad entre los candidatos. A diferencia de Japón o de Italia, en el Perú el candidato va solo con el apoyo de quienes crean en su capacidad de ganar. Por esa razón, el problema es que el candidato de un grupo de empresas no goza del mismo peso que el candidato del campo ni puede juntar los mismos recursos. Sin partidos políticos, la corrupción se transforma en una práctica personal, familiar o grupal. En perspectiva, los análisis teóricos en general se efectúan sobre políticos de partidos. Para ilustrar la afirmación anterior, el partido en el poder en Japón, en 1993, perdió las elecciones después de 37 años por el disgusto de la opinión pública dada la evidente e interminable corrupción. El escándalo de la mafia de Sagawa Kyubin (Noble 1993) manchó al primer ministro Takeshita y a su facción. Poco después, un líder del partido de Gobierno, Kanemaru Shin, fue acusado de evasión fiscal cuando la Policía descubrió, en las oficinas de este líder, 84 millones de dólares en efectivo, acciones y obligaciones bancarias, y una pared de lingotes de oro. Todo era dinero sin declarar y, por ello, Shin fue acusado de evasión fiscal. El caso fue seguido de escándalos por el pago a funcionarios del partido de Gobierno de parte de grandes empresas constructoras para conseguir proyectos de obras públicas, lo que remeció al Partido Liberal Demócrata. Luego, el Partido Socialista Italiano en el conocido caso llamado Tangentopoli, es otro ejemplo. Tangentopoli sentó al banquillo a 4,000 empresarios y representantes de todas las formaciones políticas. Esta investigación estudió un conjunto de operaciones destinado al pago de comisiones para preferir algunos servicios a un sobrecosto económico de 58% del PIB de Italia, entre 1980 y 1992. El primer ministro Craxi del Partido Socialista terminó refugiado en Argelia, donde murió. Este caso judicial, conocido como Manos Limpias, terminó con eso. Los partidos tomaron nota de los problemas existentes y le pusieron fin tras sufrir reveses electorales y la pérdida de la confianza pública.

A partir de este análisis, hay una simultaneidad entre los dos casos partidarios de Japón e Italia, entre 1992 y 1993, y el del Perú, que se abrió en 1992. Dice Hine (2016) que en Italia la corrupción no tuvo mucha repercusión en la política hasta 1992, cuando se destapó el escándalo de Tangentopoli. El lento crecimiento económico y el aumento del coste de los préstamos públicos ocasionaron que los temas de la corrupción y la ética pública cobraran importancia en Italia. A su vez, en el Perú, la corrupción nueva se desató en 1992 cuando la esposa del entonces presidente denunció que su marido se estaba apropiando de las donaciones de ropa usada entregadas desde el Japón para gente necesitada. Como se sabe por historia, el fin de semana anterior a que este caso se ventilara en la corte, ocurrió el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. En Italia, el impulso posterior para combatir la corrupción se vio debilitado por las luchas judiciales de Berlusconi, por el debilitamiento del Poder Judicial por parte del centro-derecha y por el compromiso bastante incierto del centro-izquierda con el objetivo de acabar con este flagelo. Mientras tanto, en Japón pudieron enfrentar los problemas y en el Perú se debió esperar hasta la salida de Fujimori en el 2000 para poder estudiar lo acontecido desde el Congreso de la República, no sin antes fortalecer al Poder Judicial para que se encargara de los casos. Este esfuerzo incluyó la participación de fiscalías anticorrupción especializadas y creadas en noviembre de 2000, justo antes de la fuga del expresidente.

Los tres casos, Partido Liberal Demócrata de Japón, fujimorismo y Tangentopoli de Italia, ocurrieron en los primeros años 90, cuando el rasgo común era la desregulación y el achicamiento del Estado, y la entrega al mercado de muchas funciones del mismo. Con la llegada del pensamiento único (There is no alternative, TINA) y la idea de un mundo plano, las mismas reglas aplicadas para todos dio lugar, en efecto, a que los actores políticos pensaran que se podrían apropiar de porciones del Estado. En Rusia, por ejemplo, en 1992, estas mismas reglas generaron la creación de los así llamados oligarcas; pero, también, a los juicios de los profesores norteamericanos de, Harvard, quienes fueron los que elaboraron las reformas económicas allá, en el inicio de la transformación económica hacia el capitalismo (Ver: “‘Tawdry Shleifer Affair’ Stokes Faculty Anger Toward Summers”, Nicholas M. Ciarelli and Anton S. Troianovski, Crimson Staff Writers, The Harvard Crimson, February 10, 2006). Es decir, el auge de corrupción que acompaña las reformas económicas no es peruano sino universal. Si la idea fue que, con menos Estado hay menos corrupción, pues el resultado de corto plazo fue el contrario.

Tomando en cuenta este auge y sus resultados, hay comunes denominadores y grandes diferencias entre los tres casos: Partidos políticos deteriorados, grandes crisis económicas y trasformación económica. Los políticos se distancian de sus partidos o de sus bases de poder, y se apropian del Estado para beneficio propio. Esto se simplifica más sencillo cuando hay un proceso de cambio de reglas del juego en marcha. Es decir, los políticos pueden saquear al Estado y engañar a su base política en medio de trasformaciones. Eso explica las coincidencias en los años 90. Sin embargo, en el Perú, esta práctica continuó después y esto se puede observar en  cómo sus expresidentes están mayoritariamente acusados y con detención domiciliaria por abuso de poder o tráfico de influencias, o por apoderarse de dinero público o de lavado de dinero. Esto es lo planteado por Quiroz en su clásico estudio en el que se analiza la sucesión de eventos en donde se abusó del poder para beneficio propio no solo desde la presidencia, sino a través de cargos ministeriales o de colusión entre empresarios y funcionarios del Estado, y beneficiar, así, a los primeros. Desde la década del 90 la figura cambió.

Sobre lo anterior, entonces, el Perú de la década de los 80 atravesó por un colapso económico, una guerra interna, hiperinflación y una salida masiva de migrantes. En ese horizonte político económico, los partidos políticos en la escena perdieron legitimidad por igual. Esto explica que, al llegar a las elecciones de 1990, había dos opciones claramente diferenciadas, ninguna partidaria, y ganó la única opción “popular”. En otras palabras, el candidato triunfador ganó las elecciones con una plataforma heterodoxa, progresista, arropado por profesionales progresistas, pero, al momento de asumir el Gobierno, cambió de equipo y de ideas, y usó la misma opción liberal de su contrincante, quien estaba relacionado con la elite financiera y las instituciones financieras internacionales. En ese sentido, si los partidos perdieron legitimidad, el candidato ganador no hizo nada por fortalecer la idea de que se puede confiar en la política. Era un outsider en este terreno, exrector de la Universidad Nacional Agraria, expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores y exproductor de un programa de entrevistas en TV en el canal del Estado. La intensa presión del representante del FMI encargado del Perú en Washington, sobre el equipo de Fujimori y sobre Fujimori mismo, llevaron a que, antes de la segunda vuelta para terminar de definir al ganador, el candidato entablara contacto con el equipo económico de su contrincante y los asumiera. A partir de allí, entraron las IFIS al Perú de la mano de funcionarios mayoritariamente nacionales. En ese momento se dio el viraje de 180 grados en la oferta política del candidato, una oferta que, la verdad, no existió. Solo el interés por llegar al poder a toda costa. Como puede verse, la inexistencia de la verdad, el engaño y la traición fueron las constantes en la política de la década final del siglo XX.

De este modo, en 1990,  llegó la apertura irrestricta de las economías casi al mismo tiempo y con los mismos contenidos como parte consustantiva de lo que, luego,  devino en la globalización entendida como la aplicación de la ley del más fuerte (Bourdieu 1997) para beneficio del gran capital trasnacional. Esto se tradujo en términos de las privatizaciones, las desregulaciones, la eliminación de las condiciones de trabajo pactadas desde 1919 y de los sindicatos, la eliminación de los impuestos en el sector financiero, así como la desregulación financiera y la privatización de dicho sector, y la eliminación de impuestos a la renta para las nuevas inversiones exportadoras. En esencia, a una estructura del Estado ya débil, se le restaron ingresos y personal calificado y se privatizó todo lo vendible, de manera que se pudo acumular dinero en efectivo, sin supervisión. Luego se establecieron las “islas de eficiencia” para intentar reconstruir el Estado.

De un lado, entonces, la idea del patrimonialismo utilizada por Quiroz se vio reforzada por la actuación del presidente y de algunos ministros en beneficio propio en esa década y lo que siguió. Lo más novedoso, sin embargo, fue la actuación de los grandes empresarios dentro del Estado nombrando asesores y plantear leyes para su beneficio empresarial. Esto, en principio, no afectó las arcas públicas, pero si le otorgó privilegio de mercado a la empresa que colocó al asesor. Este beneficio particular destruyó la idea del piso parejo necesario para la competencia. En el mundo de los tiburones, esta actuación se usó para trasladar porciones del Estado al mercado en beneficio de algunas empresas privadas con los aspectos relevantes de los ingresos futuro de las mismas y la falta de competencia para adquirir la buena pro. 

Por su parte, el modus operandi en cardúmenes, primero, fue detectado como operaciones en la Policía Nacional en la década del 90 y, luego, visto como un modo de actuación más general. Sin embargo, los pirañitas pueden afectar las arcas públicas en pequeña escala o pueden no afectarlas, pero están vinculados a los funcionarios públicos. El caso de la Policía Nacional en la década del 90 es una muestra de cómo se arma una banda que tiene como jefe al jefe de la Policía. Sus integrantes no tocan las arcas públicas, sino que utilizan su poder para cobrar coimas a los ciudadanos en lugar de papeletas. Los cobros se reúnen y distribuyen entre toda la Policía porque se entrega lo recibido a una caja común que, luego, se redistribuye y asciende hasta el jefe mismo. También, otro caso conocido es el del secretario de la Presidencia del presidente Castillo, en cuyo baño se encontró dinero en efectivo, un pequeño cobro para hacer un favor y, luego, el monto se distribuyó entre todos los involucrados. Según la descripción, pirañitas trabajan en cardúmenes siempre, y trabajan y se distribuyen los montos entre todos, lo que implica gran confianza, que puede ser familiar, grupal o institucional. Normalmente, el cobro es para facilitar algún trámite o para favorecer una obra pública en alguna provincia. Como respuesta a este cobro, el pago no desvía fondos públicos, sino que acelera el desembolso de fondos ya asignados para que la obra se la entreguen a algún pariente del funcionario intermediario. Visto de esta forma, los pirañitas trabajan, sobre todo, con el “aceitado” de la burocracia.

Según su propuesta, en la mirada de Quiroz, lo habitual es que las afectadas sean las arcas públicas. Este era el caso hasta 1990 y es la conducta de los tiburones. A partir de las reformas del mercado, hay un nuevo ángulo que son los empresarios privados grandes, los llamados tiburones, o pequeños, los denominados pirañitas, quienes entran al Estado de alguna manera para beneficiarse no de las arcas públicas mismas, sino de los favores y beneficios que se pueden entregar al mercado.

Finalmente, sin partidos políticos, sin interés nacional ni bien común definido, los actores políticos entran a la arena pública para beneficio privado, grande o chico. Sobre esto, las leyes anticorrupción giran en torno a la protección de las arcas públicas –como si existieran los partidos políticos, quienes son los encargados de fiscalizar a sus miembros– igualdad entre los actores, y el interés nacional o bien común. Lo demás son problemas administrativos que, por operar en "cardúmenes", son tipificados como crímenes en banda; y el líder, como jefe de la banda. A partir de lo explicado, la idea que viene a la cabeza es que son como la mafia italiana o los narcos mexicanos. Pero ello no es verdad y puede dar lugar a atropellos. Por el contrario, los pirañitas son pequeños actores con intereses privados que están coludidos para lograr algún pequeño beneficio desde el poder, no siempre desde las arcas.

Por esa razón, uno de los daños mayores de las primeras décadas del siglo XXI es que los delitos encontrados en la administración de 1990 a 2000 y en los gobiernos sucesivos no han pasado de ser acusaciones sin sanción y sin retorno del dinero. Lo otro es que el sector privado y los empresarios quedaron libres de castigo al ser parte del problema. Sin embargo, no hay corrupto sin corruptor. No hay delito sin delincuente y, como se dijo al inicio, la corrupción política se encuentra, bien dice Quiroz, en la bisagra entre lo público y lo privado. En consecuencia, hay sin duda, reformas jurídicas que faltan hacer.

Como podrá observarse, este es un libro de divulgación escrito con el objetivo de permitirle al lector o lectora la posibilidad de comprender lo que observa en el país en términos de disfuncionalidad pública y escándalos continuos en la prensa, quienes caen, todos ellos, bajo el título general de corrupción. Por ello, se han utilizado conceptos nuevos útiles para comprender lo que acontece. Pese a lo anterior, acá se hace la precisión de lo que se quiere decir por corrupción y de qué modo hay rasgos nacionales y novedosos que no existen en otras latitudes. Dependiendo del interés particular, para análisis más profundos del fenómeno, están el clásico de Alfonso Quiroz, Historia de la corrupción en el Perú (IEP 2014); asimismo, están los diversos trabajos de Francisco Durand, Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos (Fondo Editorial de la PUCP 2018); Crabtree, J. & Durand, F., Perú: élites del poder y captura política (Universidad del Pacífico 2017); Cleptocracia y empresariado en el Perú (2004), Nueva Sociedad, 194, 119; "El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva". Investigaciones Sociales, [12 (20), 373-375, 2007]; Portocarrero, F., El pacto infame: estudios sobre la corrupción en el Perú (Universidad del Pacífico 2005); y mis dos trabajos, Adiós Estado, bienvenido mercado (Fundación Ebert - UNMSM 2004) y Vicios públicos (FCE 2005). Finalmente, para los que quisieran ingresar al estudio del tema están los archivos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República (2001-2003) (https://www.congreso.gob.pe/Docs/sites/ webs/CIDEF/indice.htm) donde están los casos estudiados en profundidad por la Comisión del Congreso en ese entonces. En todo caso, no hay aún estudios sobre los pirañitas, pero Barrenechea, R., Becas, bases y votos (IEP 2014) apunta en esa dirección.