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Proponen medidas tributarias extraordinarias ante el COVID-19

Servindi, 26 de mayo, 2016.- "Enfrentar la crisis por COVID19 demandará la implementación de un paquete de choque fiscal con medidas tributarias extraordinarias que tenga en el centro la defensa de los sectores más vulnerables, la protección del empleo y la reactivación económica".

Así lo señala el documento de análisis “Salud tributaria para atender la crisis del COVID19" publicado recientemente por Oxfam en Perú.

Dicho documento presenta un conjunto de reformas para la equidad, la sostenibilidad y la transparencia tributaria en el Perú frente a la crisis de la enfermedad del COVID-19.

“Para financiar la respuesta a la crisis del COVID19 y del confinamiento, no podemos seguir pensando en las mismas soluciones: Se trata de una crisis sin precedentes, que requiere soluciones sin precedentes", declaró Susana Ruiz experta tributaria de Oxfam Internacional.

"Los países Latinoamericanos arrastramos importantes problemas del pasado que condicionan las posibles soluciones a la crisis. Por eso, desde Oxfam planteamos soluciones que vayan más allá de las herramientas que actualmente tienen los paíse", agregó Ruiz.

Como se sabe, en el Perú seis familias acumulan tanta riqueza como 8,2 millones de personas pobres.

Para Oxfam es necesario priorizar los impuestos directos sobre los niveles altos de ingresos y la riqueza y al mismo tiempo aliviar y compensar la carga tributaria de los sectores más vulnerables, con énfasis en la agricultura familiar y campesina, las pequeñas y microempresas y las mujeres emprendedoras.

Por esa razón, "Salud tributaria para atender la crisis del COVID19" plantea soluciones que vayan más allá de las herramientas que actualmente tienen los países.

Como la lucha contra la elusión tributaria y excluir de ayudas financieras del gobierno a compañías registradas en paraísos fiscales.

De igual manera con el fraude fiscal, incluyendo la utilización de paraísos fiscales y el ocultamiento de riqueza, que le cuestan al país un aproximado de 9% del PBI anualmente. 

Asimismo, racionalizar los incentivos y beneficios tributarios asegurando su eficiencia y pertinencia permitiría elevar la recaudación en al menos un punto porcentual del PBI que podría destinarse a programas sociales.

Ello permitiría mejorar el sistema de salud, debido a que la crisis por la pandemia nos golpea a todos, pero no a todos por igual.

"El COVID19 no afecta a todos por igual y amenaza con agravar las desigualdades ya existentes en nuestro país", mencionó Alejandra Alayza, Gerente de Políticas y Campaña de Oxfam en Perú.

“Este es un imperativo, evitar que quienes están en el 1% de la pirámide de ingresos se oculte tras los ya esforzados aportes de la clase media trabajadora formal. Hoy es central discutir medidas que antes se consideraban tabú, por la presión de los grupos de interés, pero que hoy organismos internacionales como el FMI, reconocen como necesarias", puntualizó Alayza.

Quienes menos tienen están más expuestos y se les pide más esfuerzos, mientras que a los dueños de las grandes fortunas del país no se les exige ningún 'sacrificio'. ¿Esa es la normalidad a la que quieren volver? ¿Esa es la economía que quieren reactivar?

Fases para consolidar la reforma 

Oxfam plantea avanzar en tres fases para consolidar una reforma que asegure la progresividad y evite agravar las desigualdades, donde la prioridad debe estar en la protección del empleo y los emprendimientos. 

  • Corto plazo: atender la urgencia económica y sanitaria aplicando impuestos nuevos o de urgencia para cerrar brechas

Las grandes fortunas, por ejemplo, seguirán creciendo a pesar de ella. Es así que el FMI recomienda elevar los impuestos sobre el patrimonio, la riqueza o la propiedad y mayor solidaridad como vía para generar recursos adicionales en la fase de recuperación post-covid.

Mientras que la OCDE, en su informe al G20, coincide y sostiene que se pueden ampliar las bases fiscales de manera progresiva, sobre las rentas de capital, la propiedad o actividades como la digital.

En esa línea, podría aplicarse un impuesto a las grandes fortunas de las personas naturales con patrimonios superiores a US$ 1 millón de dólares.

Otra medida extraordinaria y de corto plazo es duplicar la tasa aplicable sobre todos los dividendos y ganancias de capital para los periodos fiscales 2020-2021, fijándola en 10%.

Según las estimaciones realizadas por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), con un diseño adecuado y muy progresivo.

El Perú podría recaudar hasta 1,54 % del PBI aplicando un impuesto al patrimonio neto, con franjas progresivas desde el 5% más rico de la población, incorporando así un significativo efecto redistributivo. 

Aplicado sobre los niveles de ingresos tributarios recogidos por la Sunat en el 2019, podría significar algo más de US$ 3500 millones.

El nivel de concentración de riqueza es muy elevado en el Perú: solo seis familias acumulan tanta riqueza como 8,2 millones de pobres y la recaudación sobre esa riqueza es ínfima.

Por lo tanto, un impuesto al patrimonio neto afectaría a un segmento muy reducido de la población, pero con un potencial recaudador amplio, si afloraran los capitales escondidos offshore y la base del impuesto fuera lo suficientemente ancha.

Otras dos alternativas a considerar serían un impuesto a los resultados extraordinarios en el contexto de la pandemia del COVID19 dirigido a aquellas empresas cuyos resultados sean 10% superiores al promedio de los cinco ejercicios anteriores.

E impulsar un impuesto digital para las grandes corporaciones digitales radicadas en el exterior para activar la recaudación del IGV sobre los bienes y servicios prestados en el Perú por dichas empresas, como están haciendo Francia y España.

Finalmente, reducir la elusión tributaria también debe ser un objetivo de corto plazo

Excluir de las ayudas financieras a las empresas registradas en paraísos fiscales, para impulsar la transparencia, es otro camino a seguir como ya lo han hecho Francia, Dinamarca, Canadá y otros países, como ya se mencionó.

  • Mediano plazo – post confinamiento: racionalizar beneficios tributarios y lucha frontal contra la elusión tributaria. Poner en marcha las reformas pendientes para reducir la inequidad fiscal

Aplicación efectiva de la norma antielusiva. Es fundamental para ello fortalecer a la SUNAT y controlar las prácticas de fraude fiscal, incluyendo la utilización de paraísos fiscales y el ocultamiento de riqueza, que cuestan al país un aproximado de 9% del PBI al año.

Se recomienda la creación de un registro público para declaración de beneficiario último y real y acelerar el intercambio automático de datos fiscales.

Racionalizar incentivos y beneficios tributarios. Asegurar su eficiencia y pertinencia permitiría elevar la recaudación en, al menos, un punto porcentual del PBI, que es el costo de los programas sociales del Estado.

Ello  implica suprimir la exoneración a las ganancias de capital bursátiles y financieras, revisar las exoneraciones de impuesto a la renta de universidades privadas con fines de lucro, eliminar la exoneración de IGV a casinos y tragamonedas, así como revisar la exoneración de IGV e ISC a los combustibles en la Amazonía.

Fortalecimiento y expansión del impuesto a la propiedad (predial), que se encuentra desfasada y sin un catastro nacional actualizado sobre el cual se pueda aplicar.

Esto permitiría incrementar gradualmente la recaudación, pasando de 0.2% del PBI que se racuda actualmente, al 0.5% del PBI.

  • Etapa post pandemia: corregir los desequilibrios del pasado

Luego del confinamiento y superada la crisis sanitaria, será vital fomentar la reactivación económica bajo un esquema diversificado y generador de valor, que permita construir  un modelo de recaudación resiliente, menos volátil y dependiente de los precios internacionales y la demanda de materias primas.

Recaudar más para blindar políticas sociales. Es fundamental alcanzar el promedio regional de recaudación en el plazo de 5 años y asegurar que la ampliación de la recaudación se destine exclusivamente a inversión en salud, educación y programas sociales.

Reducir la regresividad del sistema fiscal. Rebalancear la distribución de las cargas tributarias de impuestos directos e indirectos entre los distintos sectores de la sociedad.

 

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