Servindi, 26 de abril, 2018.- Autoridades judiciales encuentran nuevos indicios. Ricardo Jiménez, presidente de la junta de fiscales de Ucayali, reveló que el ciudadano canadiense Sebastian Woodroffe compró un arma de fuego a un suboficial de la Policía.
De acuerdo al fiscal que investiga el caso, la adquisición del arma de fuego se hizo mediante una transacción legal el 3 de abril.
“El ciudadano canadiense, con fecha 3 de abril, días antes del asesinato, habría comprado un arma de fuego a un efectivo policial. Tenemos un contrato de compra venta”, declaró Jiménez para América Noticias.
El suboficial Robert Utia Quispe, quien vendió el arma al canadiense, declaró que lo hizo porque Woodroffe le manifestó su necesidad de portarla para su seguridad personal al encontrarse en una “zona peligrosa”.
Asimismo, el fiscal manifestó que está llevando la investigación bajo una sola hipótesis. Se trataría de una deuda de 14 mil soles que Julián Arévalo, hijo de Olivia Arévalo, tenía con Woodroffe.
El día del crimen, según los testigos interrogados por el fiscal, el canadiense se acercó a la casa de la sabia buscando a Julián Arévalo para cobrarle la deuda. Sin embargo, al no encontrarlo, habría asesinado a Olivia.
Sobre la prueba de absorción atómica, el fiscal sostuvo que no se habría encontrado restos de pólvora en las manos de Woodroffe. Este resultado, según la autoridad, se debería a que el cuerpo del canadiense fue encontrado después de 48 horas de haber sido enterrado.
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