A puertas de los próximos comicios regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones presentó el proyecto de ley del Código Electoral. Dentro de sus objetivos está fomentar la participación política de las mujeres. ¿El Congreso de la República lo aprobará?
Por Meylinn Castro
Servindi, 27 de abril, 2017.- “De 1656 alcaldes/as distritales, 48 son mujeres. De 196 alcaldes/as provinciales, 6 son mujeres. De 25 gobernadores/as regionales, 1 es mujer”, así lo indica la campaña Somos la mitad, queremos paridad, basándose en las cifras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Frente a la evidente escasez de participación política de las mujeres, diversas organizaciones feministas presentaron sus aportes para la elaboración del proyecto de ley del Código Electoral, que el 26 de abril fue presentado al Congreso de la República por Víctor Ticona Postigo, presidente del JNE.
A puertas de convocar a las elecciones regionales y municipales del 2018, Víctor Ticona exhortó que el Código Electoral debe aprobarse antes de setiembre con la finalidad de contribuir al desarrollo transparente de los próximos comicios.
Ante esta urgencia, ¿cuáles fueron los aportes realizados por el Centro de la Mujer Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria? A continuación conoceremos sus principales contribuciones.
Uso del lenguaje inclusivo
Una de las observaciones que se realizó fue el estilo de redacción del texto. Las agrupaciones feministas pidieron que se cumpla el inciso 3 del artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N° 28983), el cual señala que se debe incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo.
“Es obligatorio que las organizaciones públicas incluyan el lenguaje inclusivo, de acuerdo a Ley de Igualdad de Oportunidades. El JNE va esforzarse en cumplir con este mandato”, resaltó Lisbeth Guillén Chávez, coordinadora del programa Democracia, Poder y Política del Movimiento Manuela Ramos.
Paridad y alternancia en las listas electorales
El principio de paridad implica que las listas de los/as candidatos/as al Congreso de la República, Parlamento Andino, Gobiernos Regionales y Locales estén integradas por un 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones con el objetivo de tener una cifra representativa de la ciudadanía.
Asimismo, las listas deberán estar diseñadas a través del mecanismo de la alternancia por sexo (mujer – varón o varón – mujer).
Incorporación del enfoque de género e interculturalidad
Se puso énfasis en este punto con la finalidad de visibilizar las brechas que aún persisten entre las mujeres y los varones. Además, reconocer la diversidad cultural, fomentando el respeto hacia las diferentes manifestaciones culturales existentes en el país.
Al respecto, Cecilia Ramírez, miembro de la Asociación Negra de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ASONEDH) recordó que este año se formulará una pregunta sobre autoidentificación étnica en el censo.
“Esto será importante para saber cuántos somos, en qué situaciones estamos y proponer políticas públicas para el desarrollo de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, remarcó.
Acoso político
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el acoso político atenta contra el logro de la igualdad y la autonomía de las mujeres. Es por esto que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado implementar una ley contra al acoso político.
Sin embargo, el Estado Plurinacional de Bolivia es el único país de América Latina y el Caribe que ha aprobado una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Perú entrará a un proceso de debate.
“El acoso político es una barrera para la participación política de las mujeres y una forma de violencia (…) Se está incorporando un capítulo específico sobre acoso político para garantizar la participación política de las mujeres. El Congreso será la última instancia que decidirá esto”, aseveró Lisbeth Guillén.
Suspensión del ejercicio de ciudadanía
Se sugiere implementar una causal más en la restricción del derecho al voto. Se trata de los sentenciados en primera instancia por los delitos de feminicidio, violación sexual, terrorismo, trata y violencia contra las mujeres.
Todo este trabajo se desarrolló con la finalidad de mejorar la participación política de las mujeres. Ahora solo queda esperar la respuesta del Congreso de la República, ¿le dará la espalda o lo respaldará?
Si usted desea conocer todos los detalles de los aportes que se realizó al anteproyecto del Código Electoral, puede revisar y descargar el documento a través del siguiente enlace: https://paridadperu.files.wordpress.com/2017/04/aportes-al-anteproyecto-del-cc3b3digo-electoral-pdf.pdf
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