Decisión se dio tras considerar “el número y la gravedad” de los abusos denunciados por víctimas en Perú; sin embargo, medida es cuestionada por víctimas que exigían la disolución del Sodalicio.
Servindi, 25 de setiembre, 2024.- El Papa Francisco ordenó la expulsión de diez miembros del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) tras considerar “el número y la gravedad” de los abusos denunciados por víctimas en Perú.
El exsuperior general Eduardo Regal Villa y el arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren, figuran entre los expulsados por casos que van desde el abuso físico “con sadismo y violencia” hasta el abuso en la administración de bienes eclesiásticos.
Los otros expulsados son los exsuperiores regionales Rafael Ismodes Cascón y Erwin Scheut Pool; y los exformadores Humberto Del Castillo Drago, Oscar Tokumura Tokumura y Daniel Cardó Soria.
Así como los exmiembros incorporados Ricardo Trenemann Young y Miguel Salazar Steiger; y el periodista Alejandro Bermudez Rosell.
Estas personas también habrían estado inmersas en casos de abuso de conciencia, con métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados; y de abuso espiritual, con la instrumentalización en el fuero externo de la información obtenida en el fuero interno no sacramental.
También se les vincula con el abuso del cargo y de autoridad, con episodios de hackeo de las comunicaciones y acoso en el lugar de trabajo, así como encubrimiento de los delitos cometidos en el seno de la institución; y abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo.
“El papa Francisco junto a los Obispos del Perú (…) piden perdón a las víctimas y se unen a sus sufrimientos. Asimismo, ruegan a esta Sociedad de Vida Apostólica que inicie un camino de justicia y reparación”.
Así lo señala una nota de prensa emitida este 25 de setiembre por la Conferencia Episcopal Peruana que da cuenta de la decisión adoptada desde el Vaticano tras recogerse el testimonio de víctimas de abusos del Sodalicio en Perú.
Como se recuerda, entre julio y agosto de 2023, el Vaticano envió para ese fin a una “Misión Especial” conformada por el Arzobispo de Malta y Secretario Adjunto del Dicasterio de la Doctrina de Fe, Charles J. Scicluna, y el oficial de dicho Dicasterio, Jordi Bertomeu Farnós.
Tras esa visita, la misión integrada se tomó ocho meses para preparar un informe que, en febrero de 2024, envió al jefe del Dicasterio de Obispos, Robert Prevost, quien a su vez comunicó recomendaciones al Papa Francisco.
Nota de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana que comunica expulsión de diez miembros del Sodalicio.
Se esperaba la disolución del Sodalicio
Luego de la presentación de este informe, José Antonio Eguren, uno de los involucrados en los casos de abusos, presentó su renuncia al arzobispado de Piura, la cual fue aceptada por el papa Francisco el 2 de abril de 2024.
Según Hildebrandt en sus trece, su renuncia no habría sido voluntaria, sino ordenada desde el Vaticano tras conocer mediante el informe de la Misión Especial que su permanencia como obispo era "inaceptable" por las denuncias que lo vinculan con "mafias tráfico de tierras y contabilidad paralela".
En ese contexto, se creyó que la salida de Eguren sería la primera de una serie de medidas dispuestas por el Vaticano con el objetivo final de eliminar por completo el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, como exigían las víctimas.
Sin embargo, esto no ha ocurrido pues la reciente comunicación de la Conferencia Episcopal Peruana solo menciona la expulsión de diez miembros del Sodalicio y exhorta a una mejor actuación a esa institución.
Por ese motivo, para José Enrique Escardó, quien en el año 2000 se convirtió en la primera persona en denunciar públicamente al Sodalicio, la reciente decisión no hace justicia a las víctimas de esta organización.
“Otra vez el mensaje de la Iglesia católica es: el Sodalicio es bueno, lo protegemos expulsando a algunas manzanas podridas para hacer creer a la gente que hemos hecho algo, y les «rogamos» que sean mejores. No, señores. Esto sigue siendo encubrimiento y victimización secundaria para mí como sobreviviente. Esto no es justicia, es marketing para limpiar la imagen de la Iglesia y el Sodalicio”, indicó vía X.
Por su parte, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que acompaña la lucha de comuneros de Catacaos (Piura), al norte del Perú, cuyas tierras fueron arrebatadas por empresas vinculadas al Sodalicio, demandaron medidas adicionales.
"Exhortamos que se haga justicia para los comuneros de Catacaos, quienes han sufrido persecución desde 2011 a manos de empresas vinculadas al Sodalicio. Exigimos la devolución inmediata de sus tierras y una reparación integral para todas las personas afectadas", indicaron.
#IMPORTANTE
El @Pontifex_es ha expulsado a diez miembros del Sodalicio de Vida Cristiana (@Sodalicio_es), entre ellos José Antonio Eguren, Eduardo Regal Villa y Alejandro Bermúdez, debido a la gravedad de los abusos denunciados que incluye abuso físico, sadismo y violencia.… pic.twitter.com/V9QrTYflXU— CNDDHH #NiUnMuertoMás (@cnddhh) September 25, 2024
Sobre el Sodalicio
El Sodalicio de Vida Cristiana es una comunidad de Iglesia Católica fundada en 1971 por Luis Fernando Figari.
Se creó como un grupo integrado por laicos consagrados y sacerdotes que viven en comunidades o casas compartidas entre ellos y cumplen labores de evangelización.
Sin embargo, la institución encargada de formar intelectualmente a jóvenes “como soldados de élite en el ejército de Dios”, comenzó a recibir las primeras denuncias a inicios de los años 2000.
Desde entonces, los abusos psicólogos, físicos y sexuales contra sus miembros, así como la apropiación de terrenos comunales por parte de empresas vinculadas al Sodalicio, han sido expuestos y denunciados por periodistas, comuneros y exmiembros de la organización.
Durante mucho tiempo, estos abusos fueron silenciados y encubridos por los altos mandos del Sodalicio, y los periodistas y comuneros que denunciaron los abusos resultaron siendo perseguidos y criminalizados.
No fue hasta la llegada del Papa Francisco que tomaron cartas en el asunto en la Iglesia Católica, ordenándose el envío de una misión especial a Perú para recoger los testimonios de víctimas, a mediados de 2023.
Como resultado, en agosto de 2024 el fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, fue expulsado de la institución, y ahora diez de sus miembros han sido sometidos a la misma sanción.
Sacar miembros de una institución que durante años y de manera sistemática cometió y ocultó graves abusos no parece ser la medida más ejemplar y así lo reclaman las victimas que exigían la disolución del Sodalicio.
No obstante, es una señal de que una entidad, que por un largo periodo se creyó intocable, puede también ser expuesta a la sanción interna y la vergüenza pública, aunque eso no repare los graves daños causados.
AÑADE UN COMENTARIO