Servindi, 26 de abril de 2019.- Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), denunció el uso que hacen del Código Penal para criminalizar y perseguir a los líderes ambientales y defensores legales de las comunidades indígenas.
“Hay derechos de las comunidades indígenas que se tienen que respetar antes de dar todas las facultades a estas empresas extractivas", refirió el abogado.
Asimismo, explicó cómo el articulo 200 del código penal, por delitos de extorsión, es una figura abierta y ambigua.
Dicho artículo, enmarca cualquier actividad que busque un beneficio del estado a través de medidas de fuerza, como las tomas de carreteras, paros, movilizaciones y otras acciones que las comunidades indígenas puedan usar para exigir un derecho.
"La protesta social se ha criminalizado a partir de ese párrafo agregado en el artículo 200 del código penal, en el 2007 en el gobierno de Alan García es el inicio del cómo se ha criminalización la protesta social y el primer caso que tenemos ahí es el de Bagua (2009)", indicó Quispe.
Además, llamó la atención sobre los excesos en que pueden incurrir la policía y los procuradores al abrir investigación sobre las comunidades indígenas, pues se les considera como banda criminal violando así el derecho internacional y el Convenio 169 de la OIT.
Finalmente concluyó en que todos estos mecanismos legales responden a intereses para desarticular la protesta social, capturar a sus líderes e ilegalizar cualquier acto en contra de las grandes inversiones minero extractivas.
“El delito de extorsión es un delito donde puede calzar cualquier líder o cualquier comunero que reclama un derecho”.
Escucha la entrevista completa en el siguiente video:
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