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Ecuador: Juzgado niega reparación a indígenas afectados por derrames

Miembros de la comunidad indígena de San Pedro de Río Coca presencian los impactos del derrame de petróleo a lo largo de las orillas del río, Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, el 18 de abril de 2020. Foto: Telmo Ibarburu.

Corte de Ecuador rechazó apelación de comunidades que fueron afectadas por derrame de más de 15.000 barriles de petróleo en 2020. Empresas responsables de este derrame mantienen impunidad.

Servindi, 25 de marzo, 2021.- Una vez más la justicia vuelve a darle la espalda a los indígenas que fueron afectados en 2020 por el derrame de más de 15.000 barriles de petróleo en Ecuador.

Esta vez, la Corte Provincial de Orellana falló en contra de la apelación que presentaron las comunidades ante una primera sentencia que les negó una reparación por los daños causados.

Ante ello, desde la COICA informaron que las víctimas continuarán en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral en todas las instancias nacionales e internacionales.

Historia de impunidad

Como se recuerda, el 7 de abril de 2020 se produjo el derrame de 15.800 barriles de crudo e hidrocarburos en los ríos Coca y Napo, en Ecuador.

Este derrame se produjo debido a la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Producto de este vertimiento, se vieron afectadas unas 109 comunidades kichwa que viven aguas abajo del río Coca, en las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos.

Es por eso que el 29 de abril, organizaciones indígenas —con el acompañamiento de grupos sociales, religiosos y de derechos humanos— demandaron al Estado ecuatoriano y a las empresas petroleras.

Petróleo en las orillas del río cerca de la ciudad de Coca, Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, 10 de abril de 2020. Foto: Telmo Ibarburu.

Mediante la demanda, solicitaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo.

Sin embargo, el 2 de setiembre de 2020, este pedido fue rechazado por el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Öña.

¿El motivo? Un asunto de forma y no de fondo: el juez argumentó que la demanda no debía realizarse por vía constitucional, sino administrativa.

Es decir, que la demanda debió presentarse ante el Ministerio del Ambiente y no ante un juez, argumento que fue cuestionado por especialistas consultados por Mongabay Latam.

Asimismo, de acuerdo con María Espinoza, abogada de los afectados en el caso, el juez en toda su sentencia omitió pronunciarse acerca de la vulneración de derechos que no se respetaron.

Es por esto que la defensa de los afectados decidió apelar dicha sentencia.

Sin embargo, el miércoles 24 de marzo de 2021 la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) informó que esta apelación también fue rechazada.

Apelación rechazada

La apelación de las comunidades fue rechazada por la Corte Provincial de Orellana, que dio a conocer su decisión “después de 5 meses de retraso injustificable”, según la COICA.

La organización señala que en la nueva sentencia que niega la apelación, la Corte “se limita a transcribir el fallo de la primera instancia con un agravante”.

Y que, a pesar de que la sentencia contiene 181 páginas, “solo un párrafo se refiere a las alegaciones de derechos vulnerados y las descalifica como meras ‘insatisfacciones’”.

Esto, pese a que la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza “fueron comprobadas durante el juicio de primera instancia y su sistematicidad ha sido denunciada públicamente”.

Según la COICA, las pruebas actuadas en el juicio evidenciaron la violación de derechos de las comunidades y de la naturaleza por parte de las petroleras y las autoridades.

Ello, debido a que ni las empresas ni los ministerios competentes de Ecuador “lograron demostrar que previnieron un derrame sobre el cual fueron advertidos” desde el 2 de febrero de 2020.

Asimismo, sostienen que, tras el derrame, las entidades responsables “no actuaron para reparar integralmente los daños de a la población afectada ni para restaurar la naturaleza”.

A esta decisión, “se suma un proceso de criminalización y de persecución contra los accionantes y sus abogados defensores y defensoras”, alerta la COICA.

Por todo ello, consideran que la decisión de la Corte “refuerza un largo historial de impunidad de la industria petrolera ecuatoriana”.

Y que, además, “supone una vía libre para que los operadores OCP y Petroecuador sigan afectando la vida y salud de las comunidades, y sigan contaminando la naturaleza”.

Las comunidades no están dispuestas a aceptar la impunidad en este caso, por lo que desde la COICA informaron que acudirán a instancias internacionales para continuar el proceso.

“Las víctimas continuarán en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral […] para que los daños sufridos tras el mayor desastre ambiental de la década no queden en impunidad”, indicaron.

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