Foto: Andina
Datos y hechos recopilados en este informe, confirman que la pandemia impactó duramente a líderes indígenas y comunidades nativas, en aspectos relacionados a seguridad y derechos humanos.
Por Renzo Anselmo
Servindi, 24 de noviembre, 2020.- La pandemia no solo generó el contagio de millones de personas en el mundo, sino también facilitó las acciones de grupos violentos contra líderes y comunidades indígenas.
Ellos, por denunciar las actividades ilegales que acechan sus territorios y exigir que se respeten sus derechos como pueblos indígenas, son el blanco de ataques de amenazas, agresiones y asesinatos.
En esta nota, explicamos cómo esta situación se agravó con la llegada de la pandemia y las razones que convierten a las comunidades indígenas en territorios más vulnerables frente a las acciones violentas.
Las medidas restrictivas
La razón principal que permitió a los grupos violentos incrementar sus ataques contra líderes y comunidades indígenas fue la serie de medidas restrictivas adoptadas por diversas naciones a raíz de la covid-19.
Dichas medidas, como las órdenes de confinamiento, cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio, impidieron que los defensores indígenas puedan movilizarse fuera de su territorio.
Esta situación fue aprovechada las mafias de narcotraficantes e invasores que buscan controlar, a punta de violencia, el territorio de las comunidades indígenas para ejecutar sus operaciones.
Un informe del portal Mongabay Latam de setiembre de 2020, describe que mientras las comunidades indígenas—entre ellas, las de Perú— exigían mayor atención al Estado para enfrentar la pandemia, sufrían el avance de estos actores en sus territorios.
Las restricciones para detener la expansión del coronavirus han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen los territorios indígenas.
“Los grupos ilegales incursionaban en sus bosques para extraer madera, ganar terreno para la minería ilegal, introducir cultivos ilícitos o simplemente apoderarse de territorios ancestrales”, narra el informe.
Es de conocimiento que dichas “incursiones” representan una grave amenaza para la seguridad territorial de las comunidades, por lo que los líderes indígenas se oponen y, a cambio, son amenazados.
Otro informe del mismo portal, que presenta testimonios de líderes indígenas y especialistas en casos de derechos humanos de Colombia, México, Guatemala, Honduras y Perú, describe la situación con mayor precisión.
“Las restricciones que ordenaron los gobiernos para detener la expansión del coronavirus han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen los territorios indígenas y acallen a sus líderes”, apunta el informe.
Más expuestos y más vulnerables
Las cifras registradas en los últimos años revelan el incremento de asesinatos contra defensores de la tierra y el medio ambiente a nivel mundial, datos en los que sobresalen, por su vulnerabilidad, las comunidades indígenas.
En julio de este año, la organización Global Witness reveló que el 2019 fue el año con el mayor número de muertes registradas (212 asesinatos) de personas “que defienden sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas”.
Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina y el 40% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas.
Entre 2015 y 2019, agrega el informe, más de un tercio de todos los ataques fatales fueron contra pueblos indígenas, pese a que las comunidades indígenas representan solo el 5% de la población mundial.
“Los pueblos indígenas corren un riesgo desproporcionado de convertirse en víctimas de represalias”, señala el estudio que calificó a estos pueblos como “una de las comunidades con mayor riesgo a nivel mundial”.
El 40% de las personas defensoras asesinadas en 2019 pertenecían a comunidades indígenas.
Si la situación antes de la pandemia ya era alarmante, con la llegada del nuevo coronavirus, se agravó.
Para cuando se hizo público el informe del Global Witness, en julio de 2020, en Perú tres defensores ambientales ya habían sido asesinados solo ese año y en medio de la emergencia por el coronavirus.
En abril mataron al apu Arbildo Meléndez de Huánuco; en mayo, al líder asháninka Gonzalo Pío Flores de Junín; y en julio, al guardaparque Lorenzo Wampagkit Yampik de Amazonas.
En setiembre, el líder indígena Roberto Pacheco Villanueva, sería asesinado de dos balazos. Él, al igual que Meléndez y Pío, había pedido garantías para su vida ante las autoridades, pero se las negaron.
Con la muerte de Pacheco, suman 20 los asesinatos de defensores ambientales que se han registrado en todo el país desde el 2013 hasta este año, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Territorios olvidados
Entre las características que hacen que los territorios en donde habitan las comunidades indígenas sean más vulnerables a las acciones violentas se encuentran al menos tres aspectos claves.
Un primer punto tiene que ver con la falta de seguridad en las comunidades indígenas, que suelen estar muy alejadas de las ciudades.
La pandemia conllevó a que las comunidades tengan poca vigilancia y control territorial por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, ya que estos agentes “estaban más concentrados en hacer cumplir las normas en las ciudades”, según reportó OjoPúblico.
Otro aspecto importante en este contexto ha sido la falta de servicio de telefonía y de cobertura a Internet en las comunidades, lo que impide que los líderes puedan emitir una alerta de inmediato ante cualquier acto de violencia.
De acuerdo al censo de 2017, apenas el 9,8% de la población indígena amazónica, tiene acceso a Internet, un déficit que también ha sido alertado por la adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.
El tercer indicador que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades indígenas es la inseguridad jurídica territorial o la falta de títulos de propiedad sobre sus territorios ancestrales.
En abril de este año el apu Arbildo Meléndez fue asesinado en el bosque. A pesar que el asesino confesó el crimen, la investigación no avanza. Foto: Aidesep
En Unipacuyacu (Huánuco) —comunidad kakataibo que en los últimos siete años ha perdido a dos líderes y tres comuneros producto de asesinatos— continúan reclamando la titulación de 23 mil hectáreas que consideran parte de su territorio ancestral.
Pese a que estas áreas le fueron reconocidas en 1992, hasta la fecha no le han sido otorgadas en propiedad. La comunidad aún sufre las amenazas y los hostigamientos de taladores ilegales que ingresan a sus territorios.
Lo mismo sucede en otras comunidades como Santa Clara de Uchunya (Ucayali), que permanecen en una disputa territorial desde que el territorio, que reconocen como suyo, fue vendido a una empresa de palma aceitera bajo diversas modalidades.
Desde que esta empresa llegó a la comunidad, los shipibos que conforman la comunidad no han dejado de sufrir hostigamientos y de ver cómo la deforestación se ha incrementado en sus territorios ancestrales.
La realidad de estas comunidades se expande a lo largo de la Amazonía peruana y se replica en otras partes del mundo.
“Se estima que las comunidades indígenas y locales tienen derecho sobre la mitad de la superficie terrestre del mundo, pero solo poseen el título legal del 10%”, indica el último informe de Global Witness.
En Perú, no obstante, más que carencias individuales, todo lo presentado anteriormente parece representar un olvido sistemático, por parte del Estado, si se consideran otros factores.
Según el censo del 2017, las comunidades indígenas conforman el sector con menos acceso a servicios básicos: solo el 48% tiene conexión a un sistema de desagüe, más del 30% no cuenta con agua potable permanente y de calidad y el 75,4% no tiene acceso a servicios de salud.
Autoprotección y acompañamiento
Ante el olvido de las autoridades, las comunidades indígenas han encontrado formas de auto protegerse en épocas difíciles, como la reciente pandemia.
Así, con la llegada del covid-19, los pueblos indígenas de la Amazonía se aislaron de forma voluntaria y cerraron el acceso a sus territorios para foráneos, estableciendo la vigilancia continua con apoyo de sus comités de autodefensa.
Dichas medidas también iban dirigidas contra los grupos de mineros y taladores ilegales, así como contra los narcotraficantes, que continuaron operando durante este periodo.
Este fue el caso de las comunidades que conforman la Central Asháninka del Río Ene (CARE) en Junín, acechadas por el narcotráfico; y de las comunidades indígenas de Puerto Inca (Huánuco), donde existe la actividad minera ilegal y el tráfico de madera, reportó OjoPúblico.
Los asháninkas de Junín cerraron sus fronteras para proteger a su población, y reactivaron sus comités de autodefensa que fueron clave en la lucha contra el terrorismo. Foto: CARE
A estos esfuerzos de autoprotección se sumaron también el acompañamiento de algunas organizaciones no gubernamentales y la disposición de organismos internacionales para escuchar sus reclamos y el motivo de sus luchas.
A inicios de octubre, por ejemplo, la organización Forest People Programme (FPP) concluyó un estudio sobre incremento de la deforestación en el territorio ancestral de Santa Clara de Uchunya, a lo largo de los últimos 20 años.
Días después, con el apoyo de Proética, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Fundación Rainforest, fueron llevados cuatro casos que afectan los derechos de los defensores en Perú a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia pública organizada por la CIDH, se presentaron los casos de las comunidades nativas Alto Tamaya-Saweto, Nuevo Amanecer de Hawai, Unipacuyacu y Santa Clara de Uchunya.
Pese a los valiosos esfuerzos, la situación de los líderes y las comunidades indígenas sigue siendo preocupante.
Tras la audiencia pública en la CIDH, las amenazas contra los defensores indígenas volvieron a aparecer.
Berlin Diques, presidente de ORAU, volvió a recibir una amenaza de muerte tras su presentación ante la CIDH, en octubre de este año.
La primera amenaza estuvo dirigida contra el apu Berlin Diques (ORAU), quien recibió un panfleto horas después de que uno de los trabajadores de su organización fuera atacado a balazos por presuntos asaltantes.
Los líderes indígenas Jesus Cahuasa (Unipacuyacu) y Miguel Guimaraes (Feconau), también serían amenazados a través de llamadas y mensajes intimidatorias el 13 y 14 de octubre, respectivamente.
Hoy, 24 de noviembre, un reportaje de OjoPúblico revela que la viuda de Arbildo Meléndez, apu asesinado en abril de este año por exigir la titulación de sus tierras, continúa recibiendo amenazas de muerte.
“Vas a morir igual que Arbildo, sabemos dónde estás”, le dijo una voz anónima en una llamada que recibió apenas hace un mes.
¿Qué tiene que pasar para que los líderes y comunidades indígenas sean realmente protegidos? ¿Cuándo sus derechos como pueblos originarios serán realmente respetados? Son dos de las tantas preguntas que permanecen a la espera de una respuesta del Estado.
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