Coata: Fallo ejemplar exige detener contaminación

Foto: DHUMA. Foto: DHUMA.

Servindi, 24 de octubre, 2023.- Después de seis años de lucha social y judicial el Segundo Juzgado Civil de San Román-Juliaca ordenó a las autoridades públicas brindar agua salubre a la población que actualmente se abastece de agua contaminada.

El fallo judicial reconoce que los pobladores de la cuenca Coata viven con condiciones indignas debido a la contaminación ambiental de los ríos Torococha y Coata y la bahía del lago Titicaca.

La sentencia 183-2023 dispone aplicar un conjunto de acciones específicas y con un plazo determinado para atender el pedido de los pobladores  de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, en Puno.

Entre ellas, suspender el vertido de aguas servidas sin tratamiento, implementar un sistema de tratamiento y potabilización de agua idóneo para el consumo humano y construir una planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

La sentencia fue expedida por el Juez Andrés Carita Quispe, responsabiliza a diversas autoridades por las condiciones insalubres en que viven pobladores.

La responsabilidad recae en el Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDA Juliaca y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Cabe destacar que la sentencia obtenida es resultado de las constantes movilizaciones sociales de los pobladores de la cuenca Coata con el acompañamiento de la asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Dicha asociación no solo asesoró en el proceso judicial sino también en los monitoreos fisicoquímicos del agua en la cuenca Coata y en los pedidos para que se remedien los cuerpos de agua contaminados.

Disposiciones de la Sentencia 

  • A la Municipalidad Provincial de San Román y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA Juliaca) que, en el plazo de treinta 30 días de consentida la presente sentencia, implemente un sistema de tratamiento y potabilización de agua idóneo para el consumo humano, del mismo modo en el mismo plazo prevea que las conexiones domesticas de agua sean compatibles con el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Juliaca; bajo apercibimiento de aplicarse a los responsables las medidas coercitivas establecidas en el Código Procesal Constitucional.
  • A la Municipalidad Provincial de San Román y la entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca), la suspensión inmediata del vertimiento de aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento o con deficiente tratamiento en cuerpos de agua del rio Torococha. Bajo apercibimiento de aplicarse a los responsables las medidas coercitivas establecidas en el Código Procesal Constitucional.
  • Al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de San Román la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la provincia de San Román y el distrito de Juliaca, que en el plazo de 30 días de consentida la presente sentencia, y que, en el marco de sus funciones, adopten medidas inmediatas destinadas a la inmediata implementación de un sistema idóneo para el tratamiento adecuado de aguas servidas; bajo apercibimiento de aplicarse a los responsables las medidas coercitivas establecidas en el Código Procesal Constitucional.
  • A la Dirección Regional de Salud de Puno y a su Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, la suspensión del vertimiento de residuos sólidos biológicos hospitalarios en cuerpos de agua de los ríos Coata y Torococha, y en el marco de sus funciones adoptar medidas inmediatas destinadas a la rauda implementación de un sistema eficaz para el tratamiento de residuos sólidos biológicos hospitalarios en la Municipalidad Provincial de San Román y la Municipalidad Distrital de Juliaca. Esto implica, la captación, traslado, tratamiento y deposición final de los mencionados residuos.
  • Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de San Román, y la Municipalidad Provincial de Puno, la implementación de servicios esenciales de agua potable a favor de la población del distrito de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto en el plazo más célere posible. En tanto, ello se canalice se ordena a las entidades emplazadas, la distribución de una dotación regular y suficiente de agua potable para su uso doméstico a favor de la población afectada.
  • Al Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno y la Municipalidad Provincial de San Román, adoptar medidas inmediatas eficaces destinadas a la atención médica especializada de la población de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto expuesta a la contaminación del medio ambiente en riesgo actual y urgente por esta causa.
  • A todas las entidades demandadas, dentro del marco de sus funciones, adoptar las demás medidas necesarias que se consideren oportunas en el plazo más célere posible, para el restablecimiento de condiciones mínimas de vida digna a favor de la población del distrito de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto especialmente aquellas que se relacionen con su salud y el medio ambiente en que se desarrollan.

Descargar sentencia en el siguiente enlace:

https://acortar.link/erSHPZ

Antecedentes y fundamento constitucional

Foto: asociación DHUMA
 

En 2017 los pobladores de los distritos afectados por el vertimiento de aguas servidas sin tratamiento y residuos sólidos de la ciudad de Juliaca al río Torococha interpusieron una demanda constitucional de amparo.

El fundamento fue las graves violaciones a la dignidad humana y a los derechos humanos a la vida, a la salud, al acceso al agua potable, a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado.

Todos ellos se encuentran reconocidos por la Constitución Política del Perú. El artículo 1° señala que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

El artículo 2 indica que “toda persona tiene derecho a tener y vivir una vida en condiciones dignas y el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella”.

El artículo 7-A dicta que “el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable, garantizando su accesibilidad, la calidad y la suficiencia”.

Asimismo, el artículo 2, inciso 22, determina que “toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

De acuerdo a los análisis efectuados en 2018 por la Dirección Regional de Salud de Puno, los pozos de agua para consumo humano de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, contienen metales pesados.

Entre ellos, arsénico, manganeso, boro y sodio en límites superiores a los permisibles. Asimismo, coliformes fecales y bacterias escherichia coli.

De igual modo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) confirmó la presencia de metales pesados en las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca Coata.

Desde el 2020 se realizan tamizajes de sangre sobre metales pesados a los pobladores de Coata, Capachica, Caracoto y Huata, donde se identificó a personas adultas, adolescentes, niños y niñas con arsénico y mercurio en sus organismos.

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