Alertan injusta sentencia contra siete comuneros

Justicia condenó a doce años de prisión a siete campesinos de Ayacucho sin respetar sus derechos procesales como pueblos indígenas.

Servindi, 24 de octubre, 2023.- Siete campesinos de la comunidad Urancancha, en Ayacucho, enfrentan penas de cárcel por un altercado con un extraño que ingresó a apropiarse de tierras en un confuso incidente en 2012.

Operadores de justicia impusieron estas penas sin respetar los derechos procesales de esta población en su condición de pueblos indígenas, advierte el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Confuso incidente

El caso se remonta al 13 de julio de 2012 cuando Félix Llantoy Ramos llegó hasta la comunidad para apropiarse de un terreno que les pertenecía a sus tíos, una pareja de ancianos asesinada en 2009.

Llantoy Ramos pretendía disponer de la parcela pese a que sus tíos fallecidos no habían dejado descendencia y, por ende, la parcela debía pasar de facto a formar parte de la comunidad.

El hombre ingresó a la comunidad junto a dos policías y una funcionaria municipal del vecino distrito de Paras, jurisdicción totalmente ajena a la comunidad Urancancha, generando malestar en la población.

Tras un altercado que terminó con una mujer agredida por Llantoy y su carro con las llantas desinfladas, este se retiró acordándose que debía regresar al día siguiente para disculparse.

Las disculpas nunca llegaron, pero años después siete comuneros fueron condenados a 12 años de prisión por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

La sentencia por el delito contra la libertad de Félix Llantoy fue confirmada en 2019 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, pese a las observaciones que luego advertiría IDL.

Observaciones al proceso

Según IDL, en las dos primeras sentencias las únicas pruebas son los testimonios de Félix Llantoy y sus familiares sobre las presuntas agresiones y privaciones de libertad que dice haber sufrido.

Los abogados de esta organización también advirtieron la falta de una pericia antropológica que hubiera permitido a los jueces dirimentes entender el modo en funciona la justicia dentro de la comunidad de Urancancha.

Además de la falta de intérpretes durante los juicios, pese a que más de un acusado tiene como lengua materna el quechua; y el no optar por penas distintas al encarcelamiento cuando se juzga a indígenas, como indica el Convenio 169 de la OIT.

Aunque IDL logró que el caso vuelva a foja cero tras advertir estas observaciones al proceso, en diciembre de 2022 se emitió otra sentencia contra los comuneros, siendo confirmada las penas en julio de 2023.

Los abogados del instituto han presentado otra vez un recurso de agravio constitucional para elevar el caso al Tribunal Constitucional, esperando que se reconozcan las vulneraciones a los pueblos indígenas.

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