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Rechazan medidas de excepción de Guillermo Lasso

Foto: Secretaría de Comunicación.

Servindi, 24 de octubre, 2021.- Unánime condena de las organizaciones sociales recibió el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, de Ecuador, al cual acusan de buscar criminalizar la protesta social. 

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos rechazó el uso abusivo de la figura de estado de excepción y la movilización de las Fuerzas Armadas para enfrentar un problema que puede ser abordado con mecanismos ordinarios.

El decreto 224 establece un estado de excepción por “grave conmoción interna en todo el territorio nacional” y dispone la movilización de las Fuerzas Armadas en 9 provincias.

Si bien Lasso argumenta la necesidad de combatir el narcotráfico y unir a todas las fuerzas del orden con la misión de "devolver la seguridad a los ciudadanos" sectores ciudadanos ven una finalidad política.

“Rechazamos que se decrete estado de excepción ante el anuncio de movilizaciones que buscan que el estado, efectivamente, adopte políticas que garanticen derechos”, declaró en un tweet.

La Alianza demanda y exige a la Corte Constitucional del Ecuador a “ceñirse a sus últimos estándares sobre estados de excepción y dictaminar que el decreto es inconstitucional”.

El decreto cuestionado

Guillermo Lasso anunció el lunes 18 de octubre, en cadena nacional, la implementación de “contundentes decisiones”, que forman parte del Plan Nacional de Seguridad.

Entre las decisiones está el decreto 224, la declaración de estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano por 60 días, la presentación del proyecto de Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública y la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública.

Las motivaciones del decreto son el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, sin embargo, organizaciones de derechos humanos, cuestionan y rechazan el uso político del decreto.

El decreto 224 se aplicará en las siguientes provincias: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.

En el resto de provincias, “la Comandancia General de la Policía coordinará acciones con las entidades públicas en territorio para reforzar vigilancia y prevención del delito”.

Durante el estado de excepción, militares podrán participar junto a la policía en la prevención del delito, la protección interna, realizar operativos de control, registros y requisas de porte de armas y sustancias.

Omisión constitucional

La Constitución de Ecuador dispone en su artículo 164 que el decreto que establezca el estado de excepción deberá indicar los derechos que podrán suspenderse o limitarse, entre otros requisitos.

Sin embargo, el decreto de Guillermo Lasso no establece qué derechos podrán suspenderse y cuáles no podrán ser ejercidos durante la vigencia del estado de excepción.

Además, el artículo 165 de la Constitución indica que durante el estado de excepción, el presidente solo podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución.

Usos y abusos del estado de excepción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual de 1998, advirtió al Estado ecuatoriano que utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia es una medida que “pone en peligro a la población en general”.

En 2007, Ecuador fue condenado por la CIDH en el caso “Zambrano Vélez y otros contra Ecuador”, por el asesinato de Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo y José Miguel Caicedo.

Ello ocurrió a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía en un operativo durante el estado de excepción del 6 de marzo de 1993, en el gobierno de Sixto Durán Ballén.

La Corte ya expresó que los estados de excepción deben adecuarse a los estándares internacionales de derechos humanos.

A pesar de estas consideraciones, Guillermo Lasso, enfatizó su apoyo a las fuerzas del orden con el fin de “combatir la delincuencia e inseguridad en el país”.

 

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