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Organizaciones indígenas denuncian corrupción en Megantoni

Imagen: Facebook Comaru.

Servindi, 24 de junio, 2020.- Organizaciones indígenas del Bajo Urubamba denunciaron actos de corrupción en la municipalidad de Megantoni, encabezados por Daniel Ríos Sebastián, alcalde de dicho distrito, ubicado en la provincia de La Convención, departamento de Cusco.

En un pronunciamiento las organizaciones refieren que dichos actos no están siendo debidamente investigados, encontrando obstrucción a las investigaciones debido a que habría complicidad entre funcionarios de la municipalidad y algunos fiscales y trabajadores del Ministerio Público.

Asimismo, las comunidades también reclamaron que el alcalde no se reúne con ellas ni tampoco son convocadas por la autoridad al mometo de tomar decisiones.

Refieren el incumplimiento de una serie de compromisos por parte de la autoridad edil, como la construcción de un Centro de Contingencia para el COVID-19, así como el equipamiento del centro de salud de Timpia, el cual estaría operativo en dos meses.

Tensiones en Megantoni

Recién cumplirá cuatro años de creado pero este municipio ya reúne precedentes de conflictos. Y es que las tensiones entre la población indígena y el primer alcalde del distrito más rico del país no son nuevas.

El camino hacia esta conflictividad está marcado por el abismo existente a partir de la riqueza que ostenta el distrito y la coexistencia de la desnutrición y anemia, carencia de servicios básicos y los impactos sociales de la industria del gas de Camisea en la zona.

Si bien Daniel Ríos ya tenía un pedido de revocatoria que no properó (2019), este cometido vuelve a asomarse en su gestión, tras un acuerdo unitario de las organizaciones indígenas de Megantoni, que han expresado su voluntad de retirarlo del cargo.

No se trata solo de promesas incumplidas. Al parecer, la gota que colmó el vaso, es el cuestionamiento a gastos por más de 720 mil soles para canastas básicas, en los que estarían implicados 11 funcionarios y dos concejales, según denunciaron tres regidores de dicho municipio.

Para estos procesos se habrían simulado actos administrativos para su aprobación y autorización. Asimismo, todos los productos estaban destinados para los pobladores de la comunidad de Kirigueti, debiendo ser repartidos en abril.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de la Convención –ante las alertas de la población– encontró 174 canastas de alimentos almacenadas en un ambiente del municipio, las cuales debían ser entregadas con carácter de urgencia.

Intervención de oficio

Ante este y otros hechos ya trascendidos en la prensa, las organizaciones indígenas también denunciaron acciones de amedrentamiento e intentos de silenciar a la prensa local ante la difusión de estos sucesos.

Por ello, exigen la intervención de oficio del Ministerio Público, el Poder Judicial y al Consejo de la Prensa Peruana, denunciando una campaña de silenciamiento.

Estos pedidos y denuncias los formulan las organizaciones COMARU –base regional de Aidesep–, CECONAMA, CECOABU y el Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU), que reúne a comunidades nativas y asentamientos rurales del distrito. 

Puede leer el pronunciamiento dando clic aquí.

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