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Constancias de posesión, instrumento ilegal para el despojo comunal

PROYECTO UCHUNYA 2015

Servindi, 24 de abril, 2016.- Las constancias de posesión y los ante-títulos de propiedad son herramientas que emplean las autoridades para favorecer a colonos y mestizos sobre los derechos de las comunidades. De acuerdo a la legalidad tales instrumentos tienen un vicio de nulidad y son inválidos pero se usan ilegalmente para el despojo territorial comunal.

Así lo sustenta el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quién analiza el caso que afecta directamente a la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, ubicada en el distrito Nuevo Requena, provincia Coronel Portillo, Región de Ucayali.

Lejos de atender la demanda de titulación comunal la Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU) expide derechos de posesión a favor de colonos invasores quienes luego de acceder a la "propiedad" de los predios ocupados los transfieren a la empresa Plantaciones Pucallpa S.A.C. que viene deforestando grandes extensiones de bosques para el cultivo de la palma aceitera.

Esta situación arbitraria, injusta e ilegal confirma que la DRAU incurre "en un grave e inexcusable error" y violando el principio de legalidad mediante actos administrativos reñidos incompatibles con el estado de derecho y la constitucionalidad.

A continuación el artículo de Ruiz Molleda:


Constancia de posesión: un simple papel administrativo que socava un derecho ancestral constitucional. ¿Y los funcionarios de laa DRAU? Bien, gracias.

¿Cómo despojar a las comunidades nativas de sus territorios ancestrales a través de las “constancias de posesión”?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda

¿Pueden los Gobiernos Regionales expedir “constancias de posesión” en favor de colonos o mestizos, sobre territorios ancestrales de comunidades nativas que no titula, a pesar que estas se lo vienen solicitando desde tiempo? ¿Pueden los Gobiernos Regionales entregar posesión de territorios que no son de propiedad de estos? ¿Otorga propiedad sobre estas tierras las constancias de posesión en favor de colonos? ¿Pueden entregarse propiedad a los colonos sobre la base de las constancias de posesión?

1. El caso de las constancias de posesión de la Dirección Regional Agraria de Ucayali

Pongamos como ejemplo lo que le viene ocurriendo a la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, ubicada en el distrito Nuevo Requena, provincia Coronel Portillo, Región de Ucayali. Ellos vienen solicitando a la Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU) que les titule sus territorios ancestrales en reiteradas veces. La respuesta de la DRAU ha sido antes que titularlos, como se lo exige el artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT, entregar “constancias de posesión” a colonos y mestizos que no pertenecen a la referida comunidad nativa, dentro del territorio ancestral de aquella.

Pero no todo queda ahí. Luego estos colonos han solicitado a la DRAU la propiedad de estos territorios, la cual se los ha concedido. Posteriormente estos han inscrito en Registros Públicos su propiedad y se la han vendido a la Empresa Plantaciones Pucallpa S.A.C. que se dedica a cultivar palma aceitera en grandes extensiones de terreno. De esta manera, comunidades nativas vienen siendo despojadas de sus territorios ancestrales que el ordenamiento jurídico les reconoce.

2. Análisis de las normas jurídicas que sustentan las constancias de posesión

La pregunta entonces que debemos hacernos, es por la constitucionalidad y por la legalidad de estas “constancias de posesión” y por los titulo de propiedad. Como se puede advertir en la imagen anterior, estas constancias se fundamentan en un acta de inspección ocular, y en tres normas: la Ley General de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ley 27444, el artículo 41.14 del D.S. No 032-2008-VIVIENDA, y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada por Ley No 27867.

La Ley General de Procedimientos Administrativos, no tiene ninguna norma específica sobre constancias de posesión. La Ley General de Gobiernos Regionales no tiene una norma específica que le faculte a entregar constancias de posesión. Lo que sí reconoce en el artículo 62, es la facultad de administración y adjudicación de tierras de los Gobiernos Regionales, pero solo sobre tierras propiedad de estos gobiernos subnacionales.

“Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado.

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales.

b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.

c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente”. (Resaltado nuestro)

La norma es muy clara, los diferentes Gobiernos Regionales pueden “disponer” de sus territorios, es decir de los territorios que son de su propiedad. Ergo, no pueden disponer de los territorios que son de las comunidades nativas. En este caso, estamos ante territorios de propiedad de la comunidad Santa Clara de Uchunya sobre la cual la DRAU no tiene derecho.

El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT es muy claro. La simple posesión ancestral de las comunidades nativas sobre sus territorios, el simple uso tradicional de sus territorios, sustenta jurídicamente su derecho de propiedad sobre los mismos. En otras palabras, los Gobierno Regionales deben titular los territorios de las comunidades nativas, no para que recién sean propietarios, sino porque ya son propietarios. Es decir, la titulación no “constituye” el derecho, sino que “reconoce” una realidad que le preexiste, que le antecede. La consecuencia es evidente, la Ley de Gobiernos Regionales no puede dar cobertura normativa y jurídica a las “constancias de posesión” expedidas por los Gobiernos Regionales.

“Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.

La otra norma que cita la DRAU para sustentar las constancias de posesión es el artículo 41.14 del D.S. No 032-2008-VIVIENDA. Sin embargo, la DRAU incurre en un grave e inexcusable error. Este decreto supremo aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089, que estableció el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales. ¿Dónde está el problema? En que el artículo 3.1 del D.S. No 032-2008-VIVIENDA establece de forma clara que ella no se aplica a comunidades nativas

“Artículo 3.- Ámbito de aplicación

Los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, sobre formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas en propiedad del Estado, de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios rústicos, de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso ocupados por asentamientos humanos, no serán aplicables en:

1) Los territorios de Comunidades Campesinas y Nativas;

2) Las áreas de uso público, forestales, de protección, las que constituyan sitios o zonas arqueológicas y aquéllas declaradas como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación;

3) Los terrenos destinados a proyectos hidroenergéticos y de irrigación, o cualquier otro proyecto especial creado o por crearse;

4) Las áreas eriazas que se encuentran comprendidas en procesos de inversión privada, las declaradas de interés nacional y las reservadas por el Estado”. (Resaltado nuestro)

La conclusión es evidente y cae por su propio peso. La DRAU está expidiendo certificados de posesión que tienen un vicio de nulidad, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque está disponiendo de territorios que no son del Gobierno Regional de Ucayali, sino de territorios que son de propiedad de las comunidades nativas, en aplicación del artículo 14 del Convenio 169 dela OIT. Y en segundo lugar, pues las normas que cita la DRAU para fundamentar las constancias de posesión que expide, no se aplican a las comunidades nativas.

3. La DRAU incumple jurisprudencia de la Corte IDH y Convenio 169 de la OIT

El Estado en este caso el Gobierno Regional de Ucayali, no solo incumple su obligación de titular, sino que incumple la obligación de abstenerse de entregar y disponer de territorios que no ha titulado previamente como se lo exige la Corte IDH. En efecto, la Corte IDH establece dos obligaciones del Gobierno, que constituyen reglas de naturaleza vinculante. Señala que los miembros de los PPII tienen derecho a que el Estado haga lo siguiente:

“1. delimite, demarque y titule el territorio de propiedad de la Comunidad; y

2. se abstenga de realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad”. (Resaltado nuestro)

Estamos ante una estructura montada desde el DRAU, que evidentemente tiene como objetivo, despojar a las comunidades nativas de sus territorios ancestrales de forma ilegal e inconstitucional, valiéndose para ello, del desconocimiento de las normas legales, de las comunidades nativas, a pesar de la expresa prohibición del artículo 17.3 del convenio 169 dela OIT prohíbe aprovecharse de este desconocimiento.

“Artículo 17

[…]

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

Es más, es el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT establece la obligación de los Estados de sancionar la invasión de terceros en los territorios de los pueblos indígenas, así como el aprovechamiento de los recursos que hay en estos territorios.

“Artículo 18

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras delos pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”.

4. Conclusión: La invalidez de las constancias de posesión y de los títulos de propiedad

Estamos en consecuencia ante constancias de posesión y ante títulos de propiedad que tienen un vicio de nulidad, es decir que son materialmente inválidas. Debemos recordarles a los funcionarios de la DRAU el principio de legalidad, reconocido en la Ley Nº 27444. Según el artículo IV inciso 1 numeral 1.1 del Título Preliminar, “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. Las constancias de posesión, que no son otra que actos administrativos, solo serán válidas en la medida que sean compatibles con la Constitución Política y con las normas de rango constitucional como el Convenio 169 de la OIT. Como señala el Tribunal Constitucional (TC), “el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales”.

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Fuente: Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/blog/como-despojar-a-las-comunidades-nativas-de-sus-territorios-ancestrales-a-traves-de-las-constancias-de-posesion/

 

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