Más de 1000 personas, entre niños, mujeres y ancianos iban a quedarse sin hogar por sentencia cuestionada del Poder Judicial que beneficia a exhacendado. CNDDHH seguirá alerta.
Servindi, 24 de marzo, 2023.- La comunidad campesina de Tantacalla, en Cusco, logró mantener su territorio ancestral luego de que se suspendiera el desalojo de sus propias tierras programado para este 24 de marzo.
Más de 1000 personas, entre niños, mujeres y ancianos iban a quedarse sin hogar y sin tierras agrícolas por una sentencia cuestionada del Poder Judicial que beneficia a un exhacendado.
Sentencia no tomó en cuenta la jurisprudencia sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas y favorece a un exhacendado que acreditó la propiedad del territorio con un documento prescrito.
Así lo había señalado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que advirtió que, de ejecutarse el desalojo, el Estado podría ser denunciado ante instancias internacionales.
En días previos, comuneros de Tantacalla realizaron un plantón frente al Poder Judicial en rechazo al fallo que permite el desalojo y desde tempranas horas de este 24 de marzo estuvieron alertas a ejecución de esta medida.
Finalmente, no se concretó, pero desde la CNDDH indicaron que seguirán “vigilantes” hasta que se haga justicia en favor de la comunidad.
¡La comunidad campesina de Tantacalla logró mantener su territorio ancestral!
El despojo programado para hoy fue suspendido. Compartimos con ellas/ellos su inmensa alegría. Seguiremos vigilantes hasta que se haga justicia. #CNDDHH pic.twitter.com/ohNLgtpjKZ— CNDDHH #NiUnMuertoMás (@cnddhh) March 24, 2023
Origen del caso
Tantacalla sufrió el despojo y reparto de sus territorios ancestrales hasta la reforma agraria. La comunidad registra su existencia formal desde 1926; y obtiene su título de propiedad en 1988.
Sin embargo, en el 2005, Luis Paz Vizcarra (exhacendado) denunció a la comunidad por “nulidad e insubsistencia parcial del título de propiedad, cancelación parcial del asiento de inscripción registral y reivindicación de las tierras de la comunidad”.
En el 2009, la Dra. Bony Gamarra Flórez, destituida por la Junta Nacional de Justicia, a cargo del Juzgado Mixto de Santiago, declaró fundada las demandas.
Luego, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco confirmó la sentencia. Y en el 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado un recurso de casación de la comunidad.
Comunidad protestó frente al Poder Judicial del Cusco el pasado 21 de marzo. Foto: Wayka
Fallo cuestionado
Según la CNDDHH, estas instancias no tomaron en cuenta la jurisprudencia nacional e internacional sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas, violando una serie de normativas.
Entre ellas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)
Así como la Jurisdicción Especial Comunal reconocida por la Constitución y la Ley Nº 24657 sobre caducidad de la acción y vencimiento de plazos en la tramitación administrativa.
Esta situación “hace prever que dicha sentencia expresaría graves indicios de corrupción”, señaló Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, que instó al Estado a no concretar el desalojo.
“Dicha sentencia vulnera el derecho de los territorios ancestrales (…) En este sentido, la CNDDHH insta a no ejecutarse la sentencia y a defender los territorios ancestrales”, indicaron.
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