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Defensoría condena violencia en paro agrario

Foto: La República

Organismo se pronunció tras los hechos de violencia registrados en el paro agrario. La última jornada de protestas dejó al menos 51 heridos, entre civiles y policías.

Servindi, 23 de diciembre, 2020.- La Defensoría del Pueblo condenó los hechos de violencia registrados los días 21 y 22 de diciembre en el paro agrario que se realiza en las regiones Ica y La Libertad.

En un pronunciamiento, el organismo recordó que “el derecho a la protesta tiene como condición indispensable que sea ejercido de manera pacífica”.

Por ello, invocó a la población a evitar actos de violencia que pongan en riesgo la vida de las personas; y a la policía, a restablecer el orden respetando los derechos de las personas.

Hechos violentos

Según el organismo, durante el paro agrario han podido constatar bloqueos de la carretera Panamericana en varios tramos, enfrentamientos con la policía y entre civiles.

Asimismo, registraron agresiones al chofer de una ambulancia, quema de este y de otros vehículos, rotura de llantas de vehículos varados y cobro de cupos para transitar.

Además, señalan que en las zonas donde se realiza el paro agrario también hay personas expuestas a varios riesgos (niñas, niños, adultos mayores, personas enfermas y mujeres embarazadas).

Protesta no es violencia

Por todo esto, el organismo recordó que “el derecho a la protesta tiene como condición indispensable que sea ejercido de manera pacífica”.

“Nadie puede protestar afectando los derechos de otras personas o creando una situación de riesgo para la vida, la integridad, la salud, la propiedad o la tranquilidad de las demás personas”, señaló la defensoría.

Como se recuerda, las protestas de los trabajadores agroindustriales volvieron a estallar el lunes 21, luego de que el Congreso no llegara a un acuerdo sobre la nueva Ley Agraria.

La antigua Ley de Promoción Agraria fue derogada el 4 de diciembre y se esperaba que en 15 días el Congreso apruebe una nueva norma.

Sin embargo, esto no ocurrió por falta de consenso y el domingo 20 se decidió que la norma retorne a la Comisión de Economía, presidida por el congresista Antonhy Novoa.

Así, las protestas volvieron a estallar, viviéndose el martes 22 la jornada más violenta que dejó un saldo de 51 heridos: 25 civiles y 26 policías.

En su pronunciamiento la Defensoría del Pueblo señala que “se espera el mayor esfuerzo posible [del Congreso] para llegar al más amplio consenso” entre las bancadas, los trabajadores y los empresarios.

Mientras tanto, invoca a los manifestantes “evitar actos de violencia que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”.

Y a la policía, pide que respete los derechos de las personas y “haga uso legal, necesario y proporcional de fuerza” en el restablecimiento del orden interno.

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