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Nuevo pacto social en Chile debe incorporar plurinacionalidad

Foto: Theclinic.cl

Por Janeth Apari

Servindi, 24 de diciembre, 2019.- Tras el estallido social en Chile, el Gobierno anunció el 10 de noviembre la creación de una nueva constitución a través de un "Congreso Constituyente", con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.

Cambiar la Constitución ha sido la principal demanda ciudadana desde años atrás. “En el Chile del siglo XXI no pueden seguir omitiéndose el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas”, sostenía en el 2005 el ex presidente Ricardo Lagos. 

Hoy los movimientos sociales y pueblos indígenas exigen un nuevo “pacto social” construido “desde abajo” y reconociendo la diversidad que configura la sociedad chilena, a pesar que el Estado no se reconoce como plurinacional.

Una sociedad en la que el 12,8% de su población se identifica como parte de un pueblo indígena u originario, de acuerdo al Censo 2017. Y del cual, el 79,8% es Mapuche, el 7,2% es Aymara y el 4,1% es Diaguita. 

Para Sergio Caniuqueo, historiador mapuche e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Chile –en los hechos– es un país plurinacional. Pero no lo es en derechos, lo que convierte a los indígenas en excluidos.  

Esto significaría una injusticia jurídica. “Hoy los pueblos indígenas están reconocidos dentro de la Constitución como ‘sujetos especiales’: minorías que deben ser tuteladas porque no pueden tomar sus propias decisiones”, explica Caniuqueo en una entrevista para CIPER.

Desde 1990, las propuestas sobre un cambio constitucional han fracasado, principalmente aquellas referidas al reconocimiento de los pueblos indígenas, el carácter plurinacional del Estado y el multiculturalismo en la constitución chilena.

Muchas de esas propuestas fueron insuficientes y no cumplían con los parámetros mínimos de los documentos internacionales suscritos por el Estado de Chile (Convenio 169 de la OIT), ni con las demandas de los pueblos indígenas. 

No obstante, la coyuntura política actual representa una oportunidad para replantear el Estado chileno. Esta vez se persigue un nuevo “pacto social” que respete a cabalidad la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. (artículo 3 de la Declaración).

Por todo lo expuesto, son dos los conceptos básicos que deberían quedar plasmados en una constitución: plurinacionalidad y reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas

Al respecto, diversos académicos, investigadores y especialistas en la materia han respaldado dicho planteamiento. Este es el caso de Nancy Yañez, doctora en derecho y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Yañez profundiza la situación de los pueblos indígenas en el país y la forma en que debieran estar representados en un proceso constituyente. Estos temas fueron expuestos en el panel central “Cambio sistémico y nueva constitución” de la Cumbre de los Pueblos 2019.

Nancy Yañez. Foto: Universidad de Chile

La diversidad que configura la sociedad chilena

“Persiste la negativa de la sociedad chilena de reconocerse como una comunidad plurinacional”, sostiene Nancy Yañez, Incluso cuando los pueblos originarios se han empoderado en el ejercicio de sus derechos.

Como lo reflejó el Censo 2017, donde el 12,8% de toda la población censada respondió afirmativamente a la pregunta: ¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario?

Es decir, de los 17 millones de chilenos, más de dos millones se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario. Y los tres pueblos con mayor porcentaje son Mapuche, Aymara y Diaguita. 

Asimismo, el pueblo Mapuche representa el 9,9% de toda la población del país y el mayor porcentaje de población indígena, cuyos miembros son aproximadamente un millón 500 mil personas. 

Pueblos indígenas de Chile. Imagen tomada de El Mostrador

Esto significa que los pueblos indígenas de Chile se identifican por su pasado originario y no por su pasado y presente colonizador.

En este contexto, Yañez, se plantea la pregunta: ¿Qué pasa entonces con el edil político que sigue negando la representación diferenciada de los pueblos indígenas en un proceso deliberativo que refunda las bases de nuestra institucionalidad democrática?

Al respecto la especialista señala que lo importante es entender que los pueblos indígenas han reivindicado al menos el 10% de su representación en una eventual Asamblea Constituyente, lo que se refrenda en el 12,8% de presencia indígena en el país. 

Con este hecho los pueblos indígenas han puesto sobre la mesa una cuestión fundamental, el principio de igualdad de todos los pueblos. “Ningún pueblo tendrá representación supernumeraria, no obstante su representación mayoritaria en la demográfica de los mismos”, agregó Yañez. 

Plurinacionalidad

Hablar de plurinacionalidad en un contexto de proceso constituyente implica un requisito clave en la construcción de una sociedad democrática. “No se puede construir una sociedad democrática sobre la negación de los pueblos que existían antes de la conformación del Estado y de los procesos coloniales”, señala la directora de Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

También sostiene que es momento de visibilizar la coyuntura del oprobio y el obstruccionismo del que han sido víctimas los pueblos indígenas por años. 

Por lo tanto, la coyuntura política actual representa una oportunidad para el “reconocimiento de un nuevo decálogo de derechos colectivos que se funda en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y su autogobierno”.

Tal como lo hicieron Ecuador y Bolivia, países que se reconocen en sus constituciones como “Estados plurinacionales”, en correspondencia con la existencia de nacionalidades, pueblos y culturas diversas. 

Bolivia se constituye como un estado unitario social de derechos plurinacional comunitario y en esos son homólogos con la constitución ecuatoriana. “En Bolivia esa expresión es más robusta”, expresa, Yañez.

En el caso de Ecuador, los derechos colectivos que se reconocen son el fortalecimiento de la identidad, la pertenencia, las tradiciones ancestrales y las formas de organización social. Añadiéndose a éstas el reconocimiento de los territorios y tierras con posesión ancestral.

La reforma constitucional que está en discusión en el actual parlamento –propuesta del gobierno anterior sobre la reforma constitucional y el reconocimiento de los pueblos indígenas– no tiene relación con las constituciones anteriores (Ecuador y Bolivia), ya consta de un enfoque multicultural altamente restrictivo.

“La nación chilena es una, indivisible y multicultural. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio y el derecho de sus comunidades, organizaciones, integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar identidad, cultura, idioma, constitución (…) Pueden organizar su vida de acuerdo a sus costumbres siempre en cuando ello no vaya en contra de la constitución y las leyes”, tomado de la exposición de Nancy Yañez en la Cumbre de los Pueblos 2019.

Es decir, es una reforma constitucional que subordina a los pueblos indígenas la constitución y las leyes. Por lo tanto nada dice sobre la libre determinación de los pueblos indígenas a autogobernar su destino de acuerdo a su sistema, costumbres y sus propias instituciones.

Para Yañez, lo expresado se encuentra por debajo de los estándares mínimos del marco internacional de los derechos de los pueblos indígenas.

Para Nancy Yañez, un caso particular es el del pueblo Rapanui. “Un pueblo sometido al colonialismo por parte de Chile, respecto del cual rigen todas las normas de subordinación colonial establecidas por el sistema".

Chile habría vulnerado sistemáticamente el Acuerdo de Voluntades suscrito con este pueblo desde 1888. Por lo tanto –en palabras de Yañez- un nuevo acuerdo constitucional o, dicho de otra forma, la incorporación efectiva del pueblo Rapanui al “pacto social” supone la ratificación de dicho acuerdo que consta de tres ejes.

Estos son: a) el reconocimiento de la investidura de los jefes tradicionales, por lo tanto la autonomía y el derecho al autogobierno; b) los derechos territoriales sobre la ínsula y c) el deber del Estado de proteger su soberanía. 

Escucha la exposición completa de Nancy Yañez por Radio Minga

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