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La batalla indígena por el derecho a la consulta previa y una nueva institucionalidad

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Pacto de Unidad exige nueva institucionalidad indígena que cuente con representación efectiva de los pueblos indígenas en instancias decisoras y la restitución del INDEPA.

Por Henry Carhuatocto Sandoval*

23 de noviembre, 2017.- La semana pasada se hizo pública la Declaración del Cusco del Pacto de Unidad, documento firmado el 20 de octubre, donde estuvieron presentes la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARCP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP),  la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y evidenciaron dos temas claves para el futuro de los pueblos indígenas: la necesidad de una auténtica institucionalidad indígena -la que existe no sirve así-, como asegurar la tenencia de la tierra y la efectivización del derecho a la consulta previa.

El 07 de noviembre ocurrió un nuevo derrame de petróleo en la región de Loreto con pueblos indígenas gravemente afectados y en medio de la tragedia la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, aparece ante las cámaras de Canal N manifestando, que “las comunidades nos están jugando en contra, ellos deben ser los guardianes del bosque y no como este caso que sorpresivamente han pedido que la empresa se retire y que no se detenga el derrame haciendo que el impacto ambiental afecte mucho más la zona amazónica", sostuvo Galarza.

Agregó que “es verdad que en la comunidad existe un déficit en los servicios básicos e infraestructura, pero que eso no es motivo para poner en primer lugar el factor económico antes que el cuidado al medio ambiente". Esto es las comunidades no tienen derecho de protestar y exigir sus derechos colectivos afectados por el derrame de petróleo mientras que la empresa infractora no cumple con actualizar su estudio ambiental ni las medidas correctivas dictadas (https://www.servindi.org/actualidad-noticias/18/11/2017/ministra-del-ambiente-ataca-comunidades-indigenas). Y parece increíble que la entidad estatal que aprobó la Guía de Valoración Económica Ambiental y su respectivo manual ahora no abogue por una remediación efectiva a los pueblos indígenas afectados y promueva las indemnizaciones del caso además de la efectivización de los seguros ambientales por los daños sufridos.

Entrevista colgada en el Enlace: https://elcomercio.pe/peru/elsa-galarza-comunidades-poner-ambiente-peligro-noticia-474715 (Consultado el 21 de noviembre del 2017)

Si esto parecía muy preocupante quedo ensombrecido con lo que hizo público la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre pasado que ha dado a conocer la posición oficial del Viceministerio de Interculturalidad en cuanto a la consulta previa de las concesiones mineras y los estudios de impacto ambiental.

El Informe No 000005-2017-ADN/VMI/MC es terrible para la efectivización del derecho a la consulta previa en las concesiones mineras y los estudios de impacto ambiental correspondientes pues avala la posición del Ministerio de Energía y Minas de solo consultar el permiso de operaciones minero momento en el que ya no existe ningún tema relevante en el que se puedan ponerse de acuerdo los pueblos indígenas y el Estado sobre la actividad extractiva en curso usualmente de alto impactos socio ambientales. Para muestra de esto un botón:

El epitafio de una falsa institucionalidad indígena se da cuando no se resiste la tentación y se desnuda de cuerpo entero y sin ninguna vergüenza en la página 4 y 5 del mencionado informe, da cuenta que ha enviado a su Procurador a ser parte (litisconsorte) de un proceso en el que se debate la consulta previa de la concesión minera y su estudio de impacto ambiental para hacer respetar la posición del Ministerio de Energía y Minas que solo permite la consulta previa del permiso de operaciones mineras. Literalmente dice:

Es increíble que para hacer ello ni siquiera haya consultado a las organizaciones más representativas de los pueblos indígenas y simplemente se deje arrastrar por su deseo de complacer a una entidad adscrita al Poder Ejecutivo del que forma parte. Lo más llamativo es que se sienta legitimado hacer el “garante del contenido del derecho a la consulta previa y su implementación” cuando su propia creación no fue siquiera consultada a los pueblos indígenas y cuando su rol ha sido limitar lo más posible este derecho colectivo.

Y además que se olvida de las devastadoras críticas que recibió por las consultas previas mineras en el 2016 por el pobre rol que jugo conforme lo atestiguan los Informes N° 001-2016-DP/AMASPPI-PPI y Informes N° 003-2016-DP/AMASPPI-PPI donde se denunció falta de imparcialidad del facilitador, falta de traducción, falta de mecanismos para evaluar la calidad del diálogo intercultural, intromisión de terceros, falta de un verdadero diálogo intercultural y falta de acuerdos reales pues la conclusión es evidente se ha retrocedido en el Perú en cuanto institucionalidad indígena habiendo pasado de un ente que tenía nueve (09) representantes de pueblos indígenas elegidos democráticamente desde sus bases en el Consejo Directivo del INDEPA a tener ninguno en el Viceministerio de Interculturalidad.

Y así se explica porque el Pacto de Unidad en la Declaración de Cusco en su punto 1.2. “EXIGE una nueva institucionalidad indígena que cuente con representación efectiva de los pueblos indígenas en instancias decisoras y la restitución del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) puesto que el actual Viceministerio de Interculturalidad no nos representa ni protege en nuestros derechos colectivos indígenas.”

Y ello se ha hecho más patente en la defensa por omisión o por acción que ha realizado el Viceministerio de Interculturalidad de las leyes del despojo representadas por el Decreto Legislativo No 1333 (https://www.servindi.org/actualidad/14/05/2017/13-razones-para-derogar-el-dl-1333-ley-del-despojo) y el Proyecto de Ley No 1718 que afectan gravemente la tenencia y propiedad de territorios indígenas pendientes de titulación y titulados así como la autonomía comunal (https://www.servindi.org/actualidad-opinion/09/11/2017/la-ley-del-despojo-recargada-y-su-inminente-aprobacion-sin-consulta).

El Viceministerio de Interculturalidad hace oídos sordos a las exigencias de las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad tales como:

Tomemos conciencia que se ha dado un golpe mortal a la débil institucionalidad indígena que existía cuando el Viceministerio de Interculturalidad ingresa a un proceso de amparo para enfrentarse a la Comunidad Campesina de Arborada y decirle que no tiene derecho a la consulta previa de la concesión minera y su EIA, y de paso derribar los estándares de la consulta previa fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo felizmente ha dicho que es un hecho irrefutable que uno de los momentos de la consulta previa es en el proceso de evaluación de impacto ambiental en el sector minero.

Fuente: Defensoría del Pueblo. Enlace: http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2017/02/Balance-de-la-evaluaci%C3%B3n-de-impacto-ambiental-en-el-Per%C3%BA.pdf

En conclusión, asistimos al develamiento del auténtico ser de esta esperpéntica institucionalidad indígena, que valgan verdades nada ha hecho por los pueblos indígenas que han tenido que conquistar por sí mismo sus derechos colectivos con sacrificio y privaciones como se prueba en el caso de las comunidades indígenas  de las cuatro cuencas y Saramurillo en su lucha por la remediación ambiental de los derrames de petróleo así como en la enérgica y cerrada defensa al derecho del territorio y la consulta previa que día a día libran las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad.  

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*Henry Carhuatocto Sandoval, Presidente de IDLADS PERÚ.

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