Aunque la ley los obliga, Ejecutivo lleva más de cinco años sin rendir cuentas al respecto. Además, solo se destina S/ 0.12 por ciudadano para enfrentar trata de personas.
Servindi, 23 de setiembre, 2023.- El Ejecutivo lleva más de cinco años sin rendir cuentas ante el Congreso sobre el cumplimiento de objetivos y metas en materia de trata de personas.
Así lo alerta la Defensoría del Pueblo que además recuerda que el gobierno solo destina S/ 0.12 por ciudadano para enfrentar este flagelo, dificultando aún más la aplicación de la política nacional sobre el tema.
La preocupación del organismo fue expresada este 23 de setiembre al ser el Día Nacional Contra la Trata de Personas, un mal global que afecta a todos y vulnera derechos humanos.
Razones de preocupación
Según la Ley n.° 29918, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior tienen la obligación de rendir cuentas sobre los avances del extinto Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021.
Así como sobre los avances en la implementación de la actual Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de Explotación al 2030; sin embargo, hasta el momento no lo han hecho.
La alarma es mayor considerando el escaso presupuesto que se destina para atender esta problemática, apenas S/ 0.12 por ciudadano, según un informe de la sociedad civil publicado en 2022.
Siguen reportándose víctimas
Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, de enero a junio de 2023, se registraron un total de 197 casos de trata de personas.
Del total, el 92.4 % fueron mujeres, captadas principalmente con fines de explotación sexual (48,7%) y laboral (13,7%); siendo la principal forma de captación, las falsas ofertas laborales (44,2 %).
El Observatorio también identifica que las regiones de Lima (725), Lambayeque (87), Cusco (86) y Huánuco (66), presentan un elevado número de casos.
Por otro lado, según data registrada en el Programa Aurora, de enero a agosto de 2023, se han reportado 82 víctimas de trata de personas, de las cuales 52 fueron menores de edad y 30 mujeres adultas.
Cabe señalar que la mayoría de casos afectan a niñas y adolescentes, lo que “evidencia la gran incidencia del delito en estos estos grupos poblacionales que merece respuesta efectiva por parte del Estado”.
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