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Perciben al Estado "ausente e inactivo" en el control de delitos ambientales

Bosque amazónico. Fuente de la imagen: USAID

Servindi, 23 de febrero, 2021.- La ciudadanía señala al Estado como el principal responsable de combatir los delitos ambientales, pero lo perciben ausente e inactivo para el control de actividades ilegales.

Este es uno de los principales hallazgos de un diagnóstico de opinión pública y actores clave realizado por Apoyo Comunicaciones, por encargo del Proyecto Prevenir de USAID.

El estudio tuvo como finalidad determinar el nivel de conocimiento y percepción que generan los delitos ambientales en la ciudadanía peruana, como la tala ilegal, minería ilegal y el tráfico ilícito de vida silvestre.

Principales hallazgos

Los problemas ambientales "no son de interés prioritario para la ciudadanía y su percepción varía según cada departamento". Los problemas ambientales inmediatos y asociados a la coyuntura son considerados prioritarios y más urgentes.

Los problemas de mayor relevancia siguen siendo los que se relacionan directamente con la cotidianidad de los encuestados.

Tanto las mujeres como las comunidades indígenas son los grupos más interesados en recibir información sobre los problemas ambientales. 

El análisis determinó que las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes muestran potencialidad para convertirse en agentes de cambio debido a que exponen mayor sensibilidad y preocupación ante las temáticas ambientales.

La población joven –entre 18 y 24 años– es la que les da más importancia a los problemas ambientales. Un 32,3% de estos señaló a la contaminación o a otras problemáticas ambientales como prioritarias en cuanto a su solución.

Si bien las comunidades indígenas representan una expectativa ciudadana importante, es necesario su empoderamiento por parte del Estado.

Existe poca claridad sobre el concepto «delito ambiental», además de una valoración positiva en tanto las economías ilegales ofrecen oportunidades para generar ingresos.

Este es el caso de la tala ilegal; sin embargo, ocurre lo contrario con la minería, que tiene una alta connotación negativa.

El análisis sugiere la existencia de una economía del delito que suele ser tolerada y aceptada debido a que la principal causa de las actividades ilegales ambientales es la falta de otras oportunidades de desarrollo económico.

Ello implicaría que, para combatir estos delitos, se deben promover actividades económicas con enfoque sostenible para generar alternativas de desarrollo que reduzcan el interés de la población por actividades ilegales.

El panorama ofrece también una oportunidad para construir mensajes que permitan identificar con claridad el concepto de «delito ambiental» y tomar conciencia al respecto.

En tal sentido, la ciencia tiene cada vez más una oportunidad mayor de ser escuchada por la ciudadanía.

La investigación

Debido a la COVID-19 y las limitaciones de movilización que atraviesa el Peru, el estudio desarrolló una metodología de investigación con herramientas virtuales.

La investigación fue realizada a tres diferentes públicos relevantes para el proyecto: opinión pública en el ámbito nacional (362 encuestas en línea), opinión pública de las regiones clave para el proyecto (seis grupos focales con ciudadanos de Lima, Loreto, Madre de Dios y Ucayali).

A ello se agregan los actores clave para el proyecto mediante 89 entrevistas en profundidad con autoridades, expertos, periodistas y representantes de organizaciones sociales, organizaciones indígenas y del sector empresarial.

Principales recomendaciones

  • Identificar y posicionar las problemáticas ambientales en la agenda pública, así como fortalecer la gobernanza ambiental, mediante el desarrollo de mesas de diálogo que involucren el trabajo colaborativo entre la población y el gobierno regional.
  • Incorporar procesos articulados de monitoreo y trazabilidad de actividades vinculadas a los delitos ambientales, que permitan conocer el origen de los productos que son comprados, así como transparentar a quiénes son vendidos.
  • Implementar medidas desde una mirada más estratégica (priorizar delitos por zonas) y articulada (policía, gobiernos regionales, jueces, fiscales), que se concentren en combatir a las grandes mafias.
  • Elaborar material que sea fácil de entender, cuantificable, con datos concretos y visual que permita «mostrar» los impactos de estos delitos para sensibilizar al público.
  • Articular con académicos o expertos que desempeñen la función de voceros de mensajes ambientales.
  • Crear oportunidades que fortalezcan el rol de las mujeres en la prevención de delitos ambientales.
  • Fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas y sus organizaciones en materia de vigilancia y control de delitos ambientales.
  • Promover el desarrollo de actividades económicas alternativas al tráfico de fauna, como la agricultura, la apicultura y el turismo.
  • Realizar campañas de sensibilización a la población sobre los animales en peligro de extinción y los que están en veda.

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Comentarios

La irresponsabilidad es producto de unas conciencias cerradas y adormecidas...por lo que la acción delictiva y criminal son plato diario

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