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Amnistía Internacional presenta informe 2019/2020

Servindi, 23 de febrero, 2020.- La organización Amnistía Internacional presentará el jueves 27 de febrero a las 6.30 p. m. su Informe Anual 2019/2020. La cita es en el Lugar de la Memoria (LUM), ubicado en Bajada San Martín 350, Miraflores.

El informe analiza perspectivas regionales y nacionales de los derechos humanos alrededor del mundo. Se documenta la lucha de muchas personas para reivindicar sus derechos y el incumplimiento por los gobiernos de su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.

También, se vislumbran avances conseguidos con mucho esfuerzo que demuestran que la defensa de los derechos humanos produce cambios positivos.

El ingreso es libre, previa inscripción a través del siguiente formulario.

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 7 millones de personas en más de 150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos.

Es una institución independiente de toda ideología política, interés económico y religión. No hay gobierno libre de escrutinio. No hay situación sin esperanza. Se financia gracias a membresía de sus miemrbos y donaciones.

Cuando empezaron, "pocos habrían anticipado que los torturadores acabarían convertidos en delincuentes internacionales, que la mayoría de los países aboliría la pena de muerte y que dictadores que parecían intocables se verían obligados a responder por sus crímenes" indica en su presentación, en alusión a algunas de las campañas emblemáticas impulsadas por esta organización..

Trabajamos por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos

¿Qué hace Amnistía?



Cada vez que se comete un abuso en algún lugar del mundo, Amnistía investiga los hechos y arroja luz sobre ellos. 

También capta apoyos entre los gobiernos y entre otros focos de influencia, como las empresas, y busca asegurar de que cumplan sus promesas y respeten el derecho internacional.

Al dar a conocer los impactantes testimonios de las personas con las que trabajamos, moviliza a miles de simpatizantes en todo el mundo. Hacen campañas en favor del cambio y toman posición en defensa de los y las activistas que actúan en primera línea.

Amnistía ayuda a las personas a reivindicar sus derechos a través de la educación y la formación.

PERÚ 2017/2018

Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían viéndose amenazados por la adopción de leyes que debilitaban el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas y socavaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado. La violencia contra las mujeres y los índices de embarazo en niñas continuaban en aumento, sin que hubiera una respuesta eficaz del Estado.

El indulto y gracia presidenciales concedidos por razones humanitarias al expresidente peruano Alberto Fujimori causaron honda preocupación por lo que suponían para la impunidad y las garantías del debido proceso.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuaban las amenazas y el acoso por parte de agentes tanto estatales como no estatales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, sin que existieran políticas para su protección efectiva ni un reconocimiento público de la importancia de su labor. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían criminalización y acoso mediante procedimientos judiciales con penas elevadas, y normalmente carecían de recursos económicos para asegurarse una asistencia letrada adecuada.

En mayo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Máxima Acuña, con lo que puso fin a un proceso judicial infundado por usurpación de tierras que había durado más de cinco años. Máxima Acuña y su familia seguían denunciando actos de intimidación, mientras la propiedad de las tierras en las que vivían continuaba pendiente de una resolución judicial.

Derechos de los pueblos indígenas

La adopción de una serie de normas que rebajaban los requisitos ambientales y facilitaban los procedimientos de acceso a la tierra con el objetivo de promover proyectos extractivos o de infraestructura seguía colisionando con el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto, y de las comunidades de Espinar, en la región del Cusco, seguían padeciendo una crisis de salud porque sus únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos, y el gobierno no realizaba las acciones necesarias para brindarles atención médica especializada y acceso a agua limpia y apta para el consumo.

No se hicieron progresos significativos en el caso de cuatro líderes indígenas asháninka a los que mataron en 2014, en la región de Ucayali, tras haber denunciado ante las autoridades amenazas de muerte de madereros ilegales.

Impunidad

Un año después de su aprobación, aún no se había implementado el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El 24 de diciembre, el presidente Kuczynski concedió un indulto y gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori, que cumplía desde 2009 una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La decisión presentaba deficiencias importantes: falta de transparencia, de imparcialidad, de respeto al debido proceso y de participación de las víctimas y sus familias, especialmente dada la gravedad de los crímenes de derecho internacional en cuestión.

En junio, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la solicitud de extradición de Alberto Fujimori para incluir los homicidios de seis habitantes del distrito de Pativilca, departamento de Lima, cometidos en enero de 1992. En julio, la Tercera Fiscalía Penal Nacional de Perú acusó a Alberto Fujimori de ser responsable de ese delito, cometido por sus subordinados en complicidad con otras personas. No obstante, la gracia que le fue concedida el 24 de diciembre dejó sin efecto cualquier procedimiento judicial contra él y, por lo tanto, hizo temer que el caso de Pativilca quedara impune.

En agosto, varios militares fueron condenados por la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas ocurridas en el cuartel militar de Los Cabitos, Ayacucho, en 1983.

En septiembre comenzó el juicio contra varios exmiembros de la marina acusados formalmente de matar a más de 100 personas en 1986 durante un motín en la prisión de El Frontón, unas muertes que podrían constituir un crimen de lesa humanidad.

Violencia contra mujeres y niñas

Entre enero y septiembre, el Ministerio Público registró 17.182 denuncias de “delitos contra la libertad sexual”, que incluían violación y otros tipos de violencia sexual. El poder judicial solamente hizo un seguimiento de 2.008 (un 11%) de esas denuncias. El registro de las denuncias no especificaba el género de quienes las presentaron.

Durante ese mismo periodo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 94 casos de feminicidio.

No hubo avances concretos en materia de políticas o legislación para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Derechos sexuales y reproductivos

Los índices de embarazo de niñas seguían siendo altos. Según cifras oficiales, al menos 12 niñas de 11 años o menos y 6.516 niñas de entre 12 y 17 años dieron a luz entre enero y marzo.

El aborto continuaba penalizado en todas las circunstancias, excepto cuando la salud o la vida de la mujer o niña embarazada corriera peligro. Estaba pendiente de trámite ante el Congreso un proyecto de ley para la despenalización del aborto en casos de violación.

Más de 5.000 mujeres habían sido incluidas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas; sin embargo, no había habido avances para lograr que se hiciera justicia y se les brindara reparación.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Perú carecía aún de legislación específica que reconociera y protegiera los derechos de las personas LGBTI, quienes seguían afrontando discriminación y violencia por su orientación sexual o su identidad de género.

En mayo, el Congreso derogó parcialmente el Decreto Legislativo 1323, incluido el apartado que establecía que “la orientación sexual y la identidad de género” de la víctima eran agravantes en ciertos delitos y constituían elementos del delito de discriminación.

Las personas transgénero seguían sin contar con un reconocimiento social y jurídico de su identidad de género, y se veían privadas de sus derechos a la libertad de circulación, la salud, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros.

 

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