Servindi, 23 de febrero, 2016.- Henry Carhuatocto habló claro, fuerte y directo sobre las responsabilidades de los funcionarios del Estado y las empresas petroleras en los derrames de crudo de petroleo ocurridos en las cuencas de los ríos Chiriaco, Morona, Cuninico y San Pedro.
La exposición audiovisual que compartimos del presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) se efectuó durante la conferencia de prensa organizada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) el 19 de febrero de 2016.
Afirmó que existe una complicidad y un apañamiento de parte del Ejecutivo para que Petroperú no pague compensaciones por el uso de los territorios indígenas, no se cobren los seguros ante accidentes y no se dé un debido mantenimiento a las tuberías.
En el vídeo el expositor explica que la indiferencia, la desidia y la falta de voluntad política del Estado para mantener adecuadamente el Oleducto Nor Peruano es la causa principal de los derrames que se han venido incrementado a consecuencia del deterioro del ducto.
Precisa que Petroperú. pese a ser una entidad estatal, ha incumplido olímpicamente por muchos años las normas legales que la obligan a mantener adecuadamente las tuberías.
Destaca que existe un fondo de discriminación del Estado hacia las comunidades indígenas que durante 43 años no han sido compensados por el uso de sus territorios por los que atraviesa el oleoducto.
Una expresión de la discriminación es el incumplimiento del reglamento de los ductos que obliga a la empresa operadora a adquirir un seguro de accidentes y que ahora debería contribuir a resarcir los daños ocasionados.
Responsabilidad de las empresas privadas
Henry Carhuatocto puso el dedo en la llaga al señalar que también existe una responsabilidad de las empresas privadas Pluspetrol Norte, Pacific Rubiales y Perenco por ser los dueños de los miles de barriles de crudo de petróleo derramados.
Citpo el artículo 1970 del Código Civil que señala: "Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo."
Finalmente, propuso detener el bombeo de petróleo para reparar integralmente todo el ducto. "Es mejor perder dinero que vidas humanas", enfatizó.
Del mismo modo sostuvo que se debe reconocer el derecho de vigilancia y monitoreo de las comunidades indígenas que complemente la labor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y promover un sistema de alerta temprana.
Las empresas que generan un riesgo social deben internalizar los costos sociales y ambientales de la vigilancia y constituir un fidecoimiso que permita financiar este sistema.
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