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Defensoría: Medidas contra COVID-19 deben tener enfoque territorial

Foto: Ministerio de Salud

Servindi, 23 de enero, 2021.- Ante las últimas disposiciones del Ejecutivo para contener la segunda ola de contagios por COVID-19, la Defensoría del Pueblo pide que las medidas tengan enfoque territorial.

La Defensoría explicó que si bien el Gobierno ha tenido una mirada departamental de contención sanitaria, es necesario que también se cuente con una mirada provincial y distrital.

Así, a través de un comunicado, el organismo nacional señaló que la evaluación del riesgo por coronavirus, así como las medidas de contingencia sanitaria, deben tener un enfoque territorial.

Las acciones adoptadas por el Ejecutivo, como el toque de queda, restricción vehicular, entre otros, deben ser focalizadas.

Asimismo, deben ser fundamentadas en motivos que den muestra de la razonabilidad de dichas medidas.

Como se recuerda, la gestión de Francisco Sagasti ‘distinguió’ la situación de riesgo por regiones a través de los indicadores moderado, alto, muy alto y extremo, siendo esta última aún no considerada.

Pero el Ejecutivo “debe explicar cuáles son los indicadores utilizados para su evaluación y cuál es la prioridad que asigna a cada uno de ellos”, expresa la Defensoría.

Al respecto, por medio de una consulta de la Defensoría realizada a funcionarios regionales de salud, se estimó que no sería correcta la clasificación de riesgo por el Gobierno.

Foto: Ministerio de Salud

En base a esta información, las regiones de Arequipa, Madre de Dios y Tumbes deberían tener el indicador de moderado en vez de alto.

En tanto, las regiones de Huánuco y Moquegua tienen la condición de riesgo alto, pero deberían estar consideradas como de muy alto.

Discrepancia de datos oficiales

La Defensoría del Pueblo observó con preocupación que existen diferencias significativas entre los datos sanitarios que reporta el Gobierno nacional y los gobiernos regionales en sus portales estadísticos (salas situacionales).

“Ello, debe ser corregido en aras de contar con datos integrados y confiables que respondan a la realidad del país”, enfatiza la institución.

Además, las medidas dispuestas por el Ejecutivo y las que posteriormente se establezcan deben emitirse procurando la mayor legitimidad posible, mediante el diálogo, basado en indicadores, entre las autoridades nacionales, regionales y locales.

“Cabe destacar que la valoración sobre los riesgos y las medidas de contingencia no debe ser subjetiva sino objetiva y basada en indicadores sanitarios, económicos y sociales”, refiere la Defensoría.

Al 21 de enero en el Perú, según el Ministerio de Salud, hay 1 088 096 casos confirmados de COVID-19 con un registro de 39 427 fallecidos.

 

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