Foto: La República
Servindi, 23 de enero, 2020.- Pese al rechazo absoluto de la población ante los proyectos mineros en Piura, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) se empeñó en promoverlos y al día de hoy, podrían causar la muerte de miles de hectáreas de cultivo y afectar la salud pública de la población.
«Son aproximadamente más de 100 proyectos que hay en Piura con la minería metálica y no metálica. Esta minería existe en varias partes de la región porque es pequeña y se establecen a cargo de la DREM», señaló el extitular de esta institución, Percy Fiestas en diálogo con La República.
Entre los sectores que se verían comprometidos por estas concesiones aprobadas por el DREM —que incluye la explotación de minas entre otros metales— se encuentran las provincias de Suyo, Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande.
Del mismo modo, las provincias de Sechura, Paita y Talara se verían afectadas por las concesiones no metálicas, de donde se extraen los agregados.
Aunque Percy Fiestas indica que estas autorizaciones superan antes un filtro donde se evalúa el cumplimiento al respectivo cuidado ambiental; diversos dirigentes y autoridades han expresado su rechazo a lo que consideran un peligro para la población.
Para el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo Navarrete, parte de los conflictos que se viven al día de hoy en la región Piura, responden al rechazo de la población de los proyectos mineros de mayor magnitud como El Algarrobo en Tambogrande y Río Blanco en Ayabaca.
“Nosotros ya le hemos dicho al Estado que no queremos el proyecto minero, ya se nos consultó en un primer momento y el rechazo es general. Sabemos que ninguna empresa minera cumple con las normas ambientales”, expresó Rengifo en mayo del 2019.
En efecto, según el portal web del municipio de Tambogrande, en el año 2002 se realizó una consulta popular que arrojó la negación rotunda del proyecto minero “El Algarrobo” con un 98% del total.
Por su lado, el dirigente antiminero de la provincia de Ayabaca, Jaime Gonza Rivera, afirmó los proyectos otorgados por la DREM representan un grave peligro para las provincias altoandinas en la medida que amenazan la pureza de sus valles, usados para el consumo humano y el riego de cultivos.
Más adelante, señaló que el gobierno regional llegó a concesionar el 64% del territorio de Ayabaca y el 35% de Pacaipampa, ambos con el fin de cumplir con este tipo de actividades extractivas.
Cabe recordar que, en diciembre pasado, Gonza denunció mediante su cuenta de facebook y bajo la representación de la Central de Rondas Campesinas y Colectivo por Ayabaca, que la empresa Río Blanco venía efectuando acciones de hostigamientos contra los dirigentes de estos grupos.
«Denunciamos públicamente las acciones de hostigamiento que la empresa Río Blanco está haciendo contra los dirigentes de rondas campesinas y el Colectivo por Ayabaca», dijo entonces.
Líneas más abajo agregó que se mantendrían firmes en sus principios de la defensa del territorio, el agua y la vida en la población de Ayabaca y que por lo tanto «jamás ha habido ni habrá diálogo con una empresa que utiliza la mentira para tratar de imponerse».
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Con información de: La República
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