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Tribunal ordena entregar información sobre operaciones policiales

Fuente de la imagen: CooperAcción

Servindi, 22 de diciembre, 2021.- El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordenó al Ministerio del Interior entregar información sobre operaciones policiales en el marco de conflictos sociales. 

Asimismo, dispone la entrega de la relación de policías que brindan servicio a las empresas mineras.

La decisión se adoptó mediante la Resolución 002784-2021-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA que declara fundado el recurso de apelación presentado por organizaciones que patrocinan a defensores de derechos humanos en la provincia de Espinar, Cusco. 

El 3 de noviembre de 2021 la asociación Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y EarthRights International (ERI) solicitaron al Ministerio del Interior copia del Plan de Operaciones Policiales en conflicto social de julio de 2020 en Espinar.

La solicitud incluía la relación de efectivos policiales que brindaron servicio policial extraordinario el mismo año a las empresas mineras Glencore, ANABI SAC y MMG Las Bambas.

Sin embargo, el 9 de noviembre de 2021, la Policía Nacional del Perú (PNP) denegó el pedido bajo el argumento de que es información reservada por razones de seguridad nacional.

Los peticionarios apelaron la decisión de la PNP argumentando que la información solicitada no afecta la seguridad nacional, sino que por el contrario sirve para dilucidar lo ocurrido en Espinar cuando la ciudadanía ejerció su legítimo derecho a la protesta social.

Luego de la apelación respectiva, el 17 de diciembre el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública notificó la resolución a favor de los peticionarios.

Dispone asimismo que en caso de incumplimiento la Secretaría Técnica del Tribunal remitirá copia de los actuados al Ministerio Público en atención a lo dispuesto por los artículos 368 y 376 del Código Penal.

DHSF y ERI consideran que la decisión del tribunal es un paso fundamental en el acceso a la información de los pueblos indígenas frente a los proyectos extractivos y ante la represión policial por el ejercicio de su derecho a la protesta social.

 

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