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¿Qué plantea el proyecto de ley sobre medios de Perú Libre?

Foto: La República

Repasamos lo que señala el proyecto de ley sobre medios de comunicación de Perú Libre, y lo que se ha dicho hasta el momento sobre esta iniciativa.

Servindi, 22 de setiembre, 2021.- El congresista de Perú Libre, Abel Reyes, presentó un proyecto de ley sobre medios de comunicación que ha desatado una serie de cuestionamientos desde diversos sectores.

La iniciativa plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación.

Pero, ¿qué más propone y por qué ha sido cuestionada en los últimos días? En esta nota repasamos lo que se ha dicho hasta el momento sobre esta propuesta legislativa.

¿Qué dice el proyecto de ley?

El proyecto de ley N° 269/2021-CR, presentado por Abel Reyes el 17 de setiembre, cuenta con cuatro artículos. En el primero de ellos se señala el objetivo del proyecto.

La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional.

En el segundo artículo, se precisa, entre otros aspectos, que esta iniciativa “se justifica porque el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la Nación”.

Mientras que en el tercer artículo denominado “definición”, se presentan ocho deberes que el Estado debe cumplir en relación al uso del espectro electromagnético.

Estos deberes van desde “promover el desarrollo económico mediante proyectos, y programas nacional, regional y local”, hasta “incentivar la inversión en producción nacional de alta calidad”.

En medio aparecen otros deberes como “garantizar plenamente el derecho de toda persona a comunicar sus pensamientos sin censura previa, por cualquier medio”.

Así como “prevenirse, rechazarse y corregirse cualquier tendencia a la concentración, el acaparamiento o la monopolización de las frecuencias de radio y televisión”, entre otros.

Pero quizás lo que ha causado más polémica es el cuarto artículo del proyecto de ley.

Allí se señala que, en casos de emergencia, el Poder Ejecutivo “podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones”.

Así como que “podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia”.

¿Qué reacciones ha generado esta propuesta?

El proyecto de ley oficialista ha generado reacciones desde diversos frentes, siendo uno de ellos el del gremio periodístico.

Organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) han expresado su disconformidad con esta propuesta.

“La propuesta amenaza directamente la libertad de expresión. Es inconstitucional, en tanto considera a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público más, sujeto a regulación por el Estado”, señaló el IPYS.

Por su parte, el CPP sostuvo que se trata de un “proyecto de ley confiscatorio contra los medios de comunicación”, que pretende “intervenir en los contenidos informativos de los mismos”.

En esa línea también se expresaron el Colegio de Periodistas del Perú y el Colegio de Periodistas de Lima.

“(…) el proyecto de ley busca expropiar, administrar y controlar los medios de comunicación que tienen asignadas frecuencias del espectro radio eléctrico”, manifestaron en un comunicado.

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, también expresó su rechazo contra este proyecto de ley por estar “muy mal elaborada” y desconocer la actual Ley de Radio y Televisión.

Mientras que la Defensoría del Pueblo pidió al Congreso archivar este proyecto porque “podría derivar en un uso arbitrario del poder por parte del Ejecutivo en situaciones de emergencia”.

El proyecto “podría originar que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias durante los estados de emergencia, las mismas que pondrían en riesgo las libertades de expresión e información”, indicaron en un comunicado.

Ante la ola de críticas, desde la bancada de Perú Libre emitieron un pronunciamiento señalando que el proyecto de ley “está sujeto a debate y al escrutinio de la ciudadanía”.

No obstante, la tarde este 22 de setiembre la congresista de Perú Libre, Francis Paredes, solicitó a Oficialía Mayor del Congreso retirar su firma del proyecto de ley sobre medios sin indicar motivo alguno.

Democratizar el acceso a los medios: desafío pendiente

Si el propósito de la iniciativa es democratizar el acceso a los medios de comunicación al parecer no ha sido la mejor propuesta técnica.

Ello a pesar del enorme descontento ciudadano frente a la situación de la libertad de expresión en Perú.  
 

Perú ocupa el lugar 91 en el ránking de mejor a peor situación de la libertad de prensa según la clasificación que elabora la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF).

El reporte 2021 de RSF indica que en Perú los periodistas pueden sufrir represalias –en ocasiones severas– cuando abordan temas como los conflictos sociales y los problemas medioambientales, si denuncian casos de corrupción o la infiltración del narcotráfico en el engranaje de los órganos del Estado.

Agrega que las leyes contra la difamación son una de las principales amenazas para la libertad de prensa, pues son usadas para intimidar, juzgar y sentenciar a periodistas.

En las regiones rurales o de difícil acceso, los periodistas se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, sobre todo cuando denuncian la corrupción, el narcotráfico y el tráfico de todo tipo de productos (droga, madera, etc.).

Por otra parte, prosigue RSF, en Perú existe una gran concentración de los ingresos y de la propiedad de los medios de comunicación, sobre todo de prensa escrita y en línea.

En los últimos años, el trabajo de los periodistas se ha visto complicado por las dificultades en el acceso a la información y una falta de transparencia de las autoridades políticas, indica RSF.

 

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