Una de las peticiones de los manifestantes indígenas es derogar una ordenanza regional que, aseguran, favorece la entrega de concesiones forestales en sus territorios.
Servindi, 23 de agosto, 2018.- Ya pasaron ocho días desde que se inició un paro indefinido en la provincia de Atalaya, ubicada en la región Ucayali. Una de las peticiones de los miles de manifestantes indígenas es anular la Ordenanza Regional 010-2018 que, según afirman, vulnera sus derechos territoriales al favorecer la entrega de concesiones forestales a terceros.
“Se está negando el derecho legítimo del pueblo que quiere que se le otorgue el reconocimiento de posesión (…) Pedimos que se asegure y garantice el territorio de las comunidades indígenas”, enfatizó la lideresa asháninka Ruth Buendía en una entrevista para radio Exitosa.
Buendía —quien además es una de las voceras del paro y directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)— señaló que existen 51 comunidades nativas que están en proceso de titulación en Ucayali. Estas se verían afectadas por la ordenanza publicada el 22 de junio último.
¿De qué manera la ordenanza vulnera los derechos de los pueblos indígenas de la región?
Pero ¿de qué manera esta ordenanza vulnera los derechos de los pueblos indígenas de la región? ¿Por qué los protestantes exigen su anulación?
Para responder estas interrogantes, Servindi dialogó con Waldir Azaña, técnico del Centro de Información y Planificación Territorial (Cipta) de la Aidesep.
De acuerdo con el especialista, esta norma alentaría la depredación de los bosques ubicados, principalmente, en los territorios ancestrales de las comunidades nativas con actividades como la extracción de madera y el cultivo de palma aceitera.
“Lamentablemente, hay un alto grado de tráfico de tierras en la región Ucayali y con esta norma se está abriendo la frontera para que los colonos migren hacia los bosques, se posesionen y deforesten”, remarcó.
La misma opinión la tuvo el asesor técnico de la misma organización indígena, Roberto Espinoza, quien aseveró que esta ordenanza "favorece la invasión de las tierras indígenas".
"[La ordenanza regional] reabre y flexibiliza la exclusión de los BPP exclusivamente para predios individuales de los colonos que están invadiendo los territorios de los pueblos indígenas", refirió.
Los BPP obtaculizan la titulación
Durante la conversación, el responsable de la Cipta recordó el obstáculo que genera los Bosques de Producción Permanente (BPP) en el proceso de titulación de las comunidades nativas de la región.
En tal sentido, manifestó que esta es la causa de que 39 comunidades de la provincia de Atalaya aún no tengan título de propiedad.
“El proceso de titulación de estas comunidades se detuvo, porque el [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] Serfor no redimensiona los Bosques de Producción Permanente”, enfatizó.
Tomando en cuenta estas graves consecuencias, aseveró que los derechos territoriales de los pueblos indígenas están amenazados con esta norma.
Cabe destacar que dicha afirmación coincide con la expresada por Antonio Collantes Zegarra, jefe del área de Comunidades Nativas de la Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU).
En declaraciones a Servindi explicó que la Resolución Ministerial 547-2014 —que precisa que la demarcación y titulación de comunidades nativas no podrá ser suspendida por los BPP— no es acatada.
Esta es la norma que el SERFOR no quiere cumplir y aplicar
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La norma mencionada faculta al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) a redimensionar el área de la concesión de BPP para excluir el área de las comunidades.
“El Serfor tiene concesiones y programaciones proyectadas a favor de concesionarios forestales. Sigue creyendo que los que mejor van a gestionar el bosque tropical son los empresarios forestales”, sostuvo y esto es un error, observó.
Collantes Zegarra manifestó que la falta de titulación de las comunidades nativas vulnera derechos como la reproducción de identidad y valores culturales. “Si con titulación están expuestas [las comunidades nativas], peor sin titulación”, indicó.
El especialista señaló que en la región Ucayali las concesiones forestales bloquearon la titulación de 30 comunidades, afectando la meta de titular 52 comunidades acordada por el Gobierno Regional en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI).
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