Servindi, 23 de julio, 2016.- Un estudio sobre la conflictividad territorial que atraviesan las comunidades campesinas en el Perú y que limita el goce colectivo de su derecdho a la tierra fue presentado esta semana en la ciudad de Lima por dos importantes gremios nacionales: la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP).
Se trata del documento “Seguridad Jurídica Territorial de las Comunidades Campesinas de Cusco, un diagnóstico participativo desde los pueblos indígenas organizados”, que recoge una muestra representativa de las principales dificultades que tienen estos pueblos originarios de los Andes peruanos para ejercer plenamente su derecho al territorio.
El diagnóstico fue posible gracias a la participación de comuneros y comuneras campesinas de la región Cusco, que integran las bases regionales de los respectivos gremios nacionales:la Federación Agraria Regional Túpac Amaru II del Cusco (FARTAC) y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco (FDCC).
El estudio contó con el auspicio del programa Proindígena de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
El equipo técnico que realizó el documento estuvo conformado por las especialistas Nelly Pauccar Meza y Jocelyn Rocca Galarza; quienes, entre los meses de noviembre de 2015 y mayo de 2016, realizaron talleres informativos y de asesoría jurídica, encuestas especializadas y entrevistas a representantes de 517 comunidades campesinas de nueve provincias cusqueñas.
Se abre así un camino que no solo aporta información útil sobre el tema; sino también, reivindica la participación de los mismos pueblos organizados en procesos trascendentales como el reconocimiento de sus derechos territoriales por parte del Estado peruano.
Incertidumbre en los territorios comunales
Entre los principales hallazgos del estudio, se describe que aún es considerable el número de comunidades que no cuentan con título de propiedad, y la principal razón es porque se han separado de su comunidad matriz o han descuidado los debidos trámites a realizar.
Pero el documento también señala que gran porcentaje de las comunidades campesinas que cuentan con título, no necesariamente están gozando de sus territorios, es decir, están en situación de inseguridad.
La razón sería los diversos conflictos que estas tienen con otras comunidades por sus linderos o situaciones de desmembramiento; así como, con el Estado y terceras personas por superposición de derechos, debido a que están dentro de zonas declaradas como patrimonio cultural o en zonas de megaproyectos.
Valoración de la propiedad colectiva
Otra realidad descrita en el documento, es la importancia que para las comunidades tienen sus posesiones colectivas. Para muchas, el territorio es como un hogar, donde se convive colectivamente entre familias, se produce los alimentos y se desarrollan conexiones espirituales con los elementos naturales que habitan en él.
En ese sentido, se valora mucho la titulación colectiva del territorio, pues es sinónimo de fuerza y unidad para defender ese hogar.
La información, reportada en el informe, también da cuenta de las dificultades que tienen los comuneros y comuneras para hacer respetar sus propiedades colectivas. Se precisa que es escasa la información y acciones del Estado para ayudar a las comunidades al saneamiento físico y legal de sus territorios.
También se problematiza que todo conflicto territorial tiende a ser resuelto por la vía judicial, bajo la lógica del Código Civil que quiere resolverlos desde una visión jurídica territorial que privilegia la propiedad individual.
Atender los conflictos territoriales
Dentro de las recomendaciones que da el diagnóstico, se precisa que las acciones del Estado, que busquen reparar la deuda histórica del reconocimiento de los territorios de las comunidades campesinas, debe atender no solo procesos de titulación; también debe buscar solucionar los conflictos territoriales y demás situaciones que están generando no se goce plenamente de este derecho.
Además, se remarca que las acciones que busquen atender esta problemática, tienen que ser a nivel local, regional y nacional. Para esto, se debe garantizar una participación real de representantes de las mismas comunidades y sus organizaciones gremiales, pues son los mismos pueblos originarios los que conocen la realidad cultural y social sobre sus territorios.
Territorio para asegurar la vida de los pueblos originarios y el destino de la humanidad
“Somos una realidad geográfica, económica y cultural muy importante, es decir, desde las comunidades campesinas aportamos sobremanera al desarrollo del país y estamos dando soluciones a las crisis de la humanidad”, aseveró Jorge Prado de la CCP.
Pero este aporte no está siendo visibilizado y está siendo poco valorado. “El problema de la tenencia de la tierra y el territorio se está agravando, hay una tendencia en la concentración de ellos y no necesariamente está en manos campesinas”, alertó por su parte Antolín Huáscar, presidente de la CNA.
Y es que la demanda por el territorio crece en medio de toda una tendencia por entregarlo a economías extractivas e intensivas de transnacionales, con el argumento de dinamizar las inversiones a beneficio del país.
Es así que, el estudio es un modo también de llamar a la correcta implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que protege el derecho territorial de los pueblos originarios.
En la actividad de presentación también participaron la Defensoría del Pueblo, el Viceministerio de Interculturalidad, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Colectivo Territorios Seguros.
Asimismo, organizaciones nacionales como la de mujeres ONAMIAP, la de ronderos CUNARC-P, la de productores ecológicos ANPE, e instituciones como la Coordinadora Rural, el Centro de Estudios de Estudios Sociales (CEPES), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), entre otros.
Acceda al documento completo haciendo clic en el siguente enlace:
“Seguridad Jurídica Territorial de las Comunidades Campesinas de Cusco, un diagnóstico participativo desde los pueblos indígenas organizados” (PDF, español, 38 páginas)
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