Informan a OCDE amenazas a libertad de asociación

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Servindi, 22 de junio, 2024.- Organizaciones de la sociedad civil, redes de pueblos indígenas peruanos y organizaciones solidarias internacionales expresaron su preocupación por las modificaciones a la ley sobre cooperación internacional que afectaría la libertad de asociación.

Mediante una carta enviada a la secretaría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) veintinueve entidades alertan sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.

La OCDE es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, y al cual aspira integrar Perú.

La carta señala que las modificaciones crean un contexto desfavorable para el cumplimiento de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en materia de derechos humanos.

La iniciativa aprobada el 5 de junio por la Comisión del Congreso intenta modificar la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y representa una amenaza directa a la defensa de los derechos humanos en Perú.

Las organizaciones suscritas argumentan que las modificaciones legales propuestas resultarán en una sobre regulación de las organizaciones que reciben cooperación internacional.

Ello, permitirá al Estado un control excesivo y arbitrario sobre aquellas que defienden los derechos humanos y promueven mejoras en las políticas públicas.

El lenguaje “amplio e impreciso” de las enmiendas “podría ser utilizado para perseguir a las organizaciones no gubernamentales” (ONG), bajo pretextos de fiscalización.

Además, podría considerar cualquier uso “indebido” de fondos internacionales como una grave infracción sin el debido proceso legal.

“Estas modificaciones legales permiten al Estado controlar de manera arbitraria a las organizaciones que defienden los derechos de las poblaciones excluidas, afectando seriamente el derecho a la libertad de asociación y expresión” señala la carta.

Además, advierten sobre la creación de una base de datos de organizaciones involucradas en activismo político, lo cual podría considerarse ilegal si se utiliza financiación internacional para intentar reformar políticas públicas.

La carta subraya que las enmiendas se presentan en un contexto de creciente restricción del espacio de la sociedad civil, donde las ONG y organizaciones indígenas son estigmatizadas y criminalizadas por defender los derechos humanos.

AIDESEP, la organización nacional de pueblos indígenas amazónicos ha condenado públicamente las modificaciones, describiéndolas como una herramienta para disolver organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos.

También se destaca que el Estado peruano, al buscar la adhesión ante la OCDE, debería establecer un compromiso con la libertad individual, la democracia, el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos.

En consonancia con la posición expresada por varias embajadas y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las organizaciones instan a la OCDE a exigir al Estado peruano la reversión de sus enmiendas.

Asimismo, cumplir con la hoja de ruta de adhesión y asegurar un entorno que proteja los derechos humanos y promueva una democracia inclusiva.

Finalmente, las organizaciones anuncian que comunicarán estas preocupaciones a las principales empresas de la OCDE que operan en Perú y se envió copia a los Puntos Nacionales de Contacto de los doce miembros de la OCDE.

Acceda a la carta em formato PDF a través del siguiente enlace:

https://goo.su/3vOjxE

 

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