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Exigen archivar proyecto sobre centrales hidroeléctricas

Comisión de Energía y Minas / FOTO: Congreso de la República

Servindi, 22 de junio, 2016.- Diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil exigen al Congreso de la República archivar el Proyecto de Ley Nº 2747/2013-CR aprobado por la Comisión de Energía y Minas y que pretende declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación de centrales hidroeléctricas concesionadas que se encuentran en ejecución.

El riesgo de que se aprueba dicho proyecto se mantiene debido a que el Congreso delegó a la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el  20 de julio sobre diversos asuntos, después de que el jueves terminara la Segunda Legislatura Ordinaria, correspondiente al Período Anual de Sesiones 2015-2016.

De acuerdo con una resolución legislativa, publicada en el diario oficial El Peruano, la Comisión Permanente legislará, entre otras cosas, sobre los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que estén en el Orden del Día del Pleno del Congreso. Asimismo, verá los temas que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.

El pronunciamiento cuestiona que el citado proyecto haya solicitado opiniones de manera sesgada y parcial. De esta manera solicitó opinión del Ministerio de Energía y Minas (Minem), del Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional (COES),del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Sin embargo, obvió solicitar la opinión del Ministerio del Ambiente (Minam), del Ministerio de Cultura (Mincu), del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernamp), del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Centro Nacional de Planeamiento estratégico (Ceplan).

Tampoco se solicitó la opinión de la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y sus organizaciones, quienes velan por la adecuada gestión de los recursos naturales y serían los más afectados por los proyectos en cuestión ya que se desarrollarían dentro de sus territorios.

“Esta planificación debe realizarse analizando los posibles impactos sociales y ambientales del conjunto de proyectos a promoverse y aplicando la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT” afirma el documento.

Asimismo, el documento cuestiona la irresponsabilidad de los congresistas por promover el desarrollo de proyectos sin tomar en cuenta informaciones técnicas y especializadas sobre los recursos hídricos en el país.

Tampoco consideran las salvaguardas ambientales y sociales que permitan reducir posibles conflictos socioambientales, la afectación de los recursos acuáticos y la degradación ambiental.

El pronunciamiento lleva la firma de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD, la Confederación Campesina del Perú (CCP) y CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo.

También destacan entre los firmantes el Instituto del Bien Común (IBC), Earth Rights International, Fórum Solidaridad Perú, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GT-CNDDHH), Instituto de Defensa Legal (IDL), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), entre otras organizaciones.

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