Así lo revela el informe del relator ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, presentado ante la Asamblea General este 21 de octubre.
Servindi, 21 de octubre, 2022.- Los pueblos indígenas expuestos a sustancias peligrosas sufren una forma de violencia ambiental que causa muertes y pone en peligro vidas debido a la pérdida de fuentes de alimentos y plantas medicinales, entre otros daños.
Así lo afirmó el relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, al presentar su informe ante la Asamblea General, este 21 de octubre.
Orellana añadió que muchas veces estas circunstancias obligan a los pueblos originarios a desplazarse, además de que afectan su salud provocándoles defectos congénitos y enfermedades tan graves como el cáncer.
Afectación indígena
Esta situación se presenta porque entre el 50 % y el 80 % de los recursos minerales destinados a la extracción se encuentran en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, dijo.
El experto explicó que en algunos países los agronegocios exponen a esas comunidades a los pesticidas peligrosos que se utilizan en los monocultivos.
“La fumigación aérea esparce indiscriminadamente sustancias tóxicas que se desplazan sobre cultivos y aguas que los pueblos indígenas precisan para su consumo y tradiciones”, indicó.
Asimismo, precisó que el vertido de desechos peligrosos, en particular en zonas militares, “deja cicatrices intergeneracionales en los pueblos indígenas”, afectando sus cauces de agua y las fuentes de alimento.
En esa línea, el relator deploró que la discriminación racial impida la participación indígena en la toma de decisiones que afectan a sus pueblos a causa de la contaminación que acarrean.
Además, lamentó que cuando estas comunidades buscan soluciones al impacto de los tóxicos, su acceso a la justicia sea limitado y que los instrumentos internacionales sobre la materia sean incapaces de detener los atropellos.
“Por si fuera poco, los Estados tampoco cumplen de manera efectiva sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia”, expresó Orellana.
Recomendaciones
Frente a ello, en su informe recomienda a los Estados identificar las actividades e industrias que causan efectos tóxicos en los pueblos indígenas y adoptar medidas para detener la afluencia de estas sustancias en sus territorios.
Del mismo modo, los insta a poner fin al doble rasero de permitir la producción y exportación de plaguicidas altamente peligrosos cuyo uso está prohibido en sus propios territorios.
Mientras que a las empresas comerciales las conmina a buscar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuyos derechos, tierras y medios de subsistencia se verían afectados por sus actividades.
Orellana afirmó que hacer frente a la violencia tóxica que sufren los pueblos indígenas es imprescindible para su supervivencia, su libre determinación y su autonomía cultural.
“La realización efectiva de los derechos de los pueblos indígenas exige el respeto, la protección y la realización de su derecho a un entorno saludable, incluido su derecho a no estar expuestos a sustancias tóxicas y peligrosas”, concluyó.
Te puede interesar:
Niñas de escuela rural con glifosato en el cuerpo y fumigaciones sin control
El 40 por ciento de los análisis en una escuela rural de Baradero dieron positivo de agrotóxicos. Las niñas y una docente tienen el herbicida glifosato en la sangre. Las organizaciones, asambleas y familias exigen que se alejen las fumigaciones a más de 1000 metros y que el Estado realice estudios. El Municipio propone solo 250 metros de protección. Seguir leyendo...
AÑADE UN COMENTARIO