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Fallo del TC dejaría al Estado sin cobrar S/11 mil millones en deudas

Foto: ANDINA/archivo

Servindi, 21 de setiembre, 2020.- Una eventual sentencia del Tribunal Constitucional (TC) podría dejar al Estado sin la posibilidad de exigirles el pago de S/11 mil millones en impuestos a grandes empresas.

Se trata del fallo que emitirá el TC este martes 22 de setiembre sobre una demanda que busca prescribir el cobro millonario de deudas tributarias atribuidas a empresas de diversos sectores.

Entre las 158 compañías que podrían beneficiarse con la medida se encuentran Minas Buenaventura, del expresidente de la Confiep, Roque Benavides; la multinacional Latam Airlines, Telefónica y Odebrecht.

La demanda

La demanda en cuestión es una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad, en febrero del 2019, contra el Decreto Legislativo 1421.

Dicho decreto fue promulgado por el Ejecutivo el 2018 a fin de precisar la forma de calcular el plazo de cuatro años que tiene la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para cobrar las multas que impone durante su labor de supervisión.

En el mencionado decreto, se aclara que el plazo para realizar las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabilizan de manera lineal.

Esto, debido a que los cuatro años de plazo que tiene la Sunat para exigir los pagos, se cuentan desde que la infracción ha sido fijada y notificada.

Sin embargo, las empresas y quienes impulsan la inconstitucionalidad de dicho decreto, alegan que el periodo de cuatro años empieza a contarse desde el momento en que se inicia la inspección.

“¿Se podría considerar transcurrido el plazo de cobro cuando ni siquiera había vencido el plazo para fiscalizar? ¿Es posible cobrar una deuda cuya existencia y cuantía no han sido previamente determinadas?”, señaló recientemente Enrique Pintado, Intendente Nacional Jurídico Tributario de la Sunat.

Quienes impulsan la demanda argumentan que el tiempo de Sunat para cobrar las multas corre desde que se inicia la inspección y no desde que se fija el monto de dicha multa. Foto: Andina

Los grandes beneficiados

Un informe de la Sunat reveló hace unos días que 158 compañías podrían ser beneficiadas si es que esta demanda prospera en el Tribunal Constitucional.

De acuerdo al portal OjoPúblico, de este grupo, 26 empresas han pedido a la fecha la prescripción de sus deudas señalando que el plazo para cobrarlas ya venció, por lo que estas serían las primeras en beneficiarse.

Solo este grupo de 26 compañías acumula controversias fiscales por S/3 mil 209 millones, siendo la mayor deudora Minas Buenaventura, de propiedad de Roque Benavides, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

La productora de oro, plata y cobre del empresario peruano acumula deudas por S/2 mil 83 millones, las cuales se encuentran en litigio.

Como segunda mayor deudora se ubica la multinacional de capitales chilenos Latam Airlines que busca la prescripción de S/322 millones en impuestos, y tiene otros S/18 millones en litigio.

Y, en tercer lugar, figura la compañía Telefónica, firma española que pide no se le exija más el cobro de S/301 millones y mantiene controversias en trámite por otros S/57 millones.

La constructora brasileña Odebrecht, investigada en el marco del caso Lava Jato por el pago de sobornos para adjudicarse obras públicas, también busca prescribir S/62 millones en impuestos.

Emrpesa de Roque Benavides, expresidente de la Confiep, sería una de las principales beneficiadas con la prescripción de deudas tributarias. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán.

132 empresas camino a la prescripción

Por otro lado, las 132 compañías restantes, que aún no pueden exigir la prescripción de sus deudas por ser más recientes, si podrían solicitarla cuando sus procesos avancen, si es que la demanda prospera en el TC.

Estas compañías mantienen deudas en litigio en la Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial, por un total de S/6 mil 47 millones.

La entidad bancaria Scotiabank es la que concentra la deuda más alta en este grupo, con S/1.076 millones en impuestos que el Estado no puede cobrar hasta que concluyan los procesos administrativos en curso.

Aquí también se encuentran 18 mineras que adeudan un total de S/2 mil 792 millones; entre las cuales figuran la minera Antapaccay; el proyecto Las Bambas de la corporación china MMG; la Sociedad Minera Cerro Verde; Glencore, y otras más.

Otras empresas conocidas que se podrían beneficiar más adelante son la tienda por departamento Saga Falabella; la filial de la multinacional belga AB In Bev, Backus y Johnston; y Gloria, la segunda empresa nacional que controla el sector alimentos.

Antapaccay, propiedad de la gigante suiza Glencore y una de las empresas deudoras, fue protagonista de un conflicto latente con los habitantes de Espinar, en la región Cusco. Foto:  Álvaro Franco/ OjoPúblico.

Demanda cuestionada

La demanda presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad (CALL) el año pasado y que se resolverá este martes 22 de setiembre, arrastra una serie de cuestionamientos.

La primera de ellas está relacionada al estudio de abogados Gálvez & Dolorier, uno de los bufetes de abogados más grandes del Perú, que tiene a dos de sus miembros como representantes del CALL en este proceso.

Según reportó OjoPúblico, Silvia Muñoz, una de las abogadas de esta firma, actuó de manera individual en la última audiencia sobre este caso ante el TC, es decir, sin notificarle a su cliente sobre la audiencia ni coordinar con ellos el sustento de su exposición.

Otra de las razones que dio origen a los cuestionamientos es que, este estudio de abogados, tiene entre sus clientes a empresas que han demandado al Estado, precisamente, por el pago de impuestos, tales como Telefónica o Backus y Johnston.

Aunque a través de cartas aclaratorias el estudio Gálvez & Dolorier ha señalado que su apoyo técnico legal al CALL es gratuito, es evidente que, de prosperar esta demanda, los primeros en celebrar serán sus clientes.

A partir de estos hechos, Carlos Gonzales Moreno, vicedecano del Colegio de Abogados de La Libertad, confirmó recientemente que esta institución desistirá de la demanda que interpuso ante el TC, aunque esto no impedirá que el máximo órgano constitucional se pronuncie.

“Al generarse una prescripción de deudas tributarias ¿(para quien es) el interés?, ¿para el pequeño empresario, el mediano o la persona natural que debe tributos? No. La prescripción va a beneficiar a quienes deben más”, dijo en entrevista con el canal del Estado.

Además, aclaró que fueron el anterior decano, Manuel Montoya, y la abogada Martha Bringas, los que promovieron la demanda que ahora el gremio de abogados de Trujillo ya no respalda.

 José Gávez y Silvia Muñoz, del Estudio Gálvez & Dolorier, representan al Colegio de Abogados de la Libertad en esta demanda. Pero actuaron de manera individual en la última audiencia ante el TC. Foto: Estudio G & D

La propuesta final

La propuesta que será debatida y votada por el Tribunal Constitucional este martes, fue redactada por el magistrado Ernesto Blume y le da la razón al Colegio de Abogados de La Libertad.

El documento de 27 páginas concluye que el Estado debe renunciar a cobrar los 11 mil millones de soles correspondientes a deudas tributarias de las empresas.

Esto, debido a que —según la propuesta de Blume— el Decreto Legislativo 1421 es retroactivo porque busca contabilizar el plazo de cobro de una fecha distinta al inicio de la fiscalización.

Asimismo, considera que el Ejecutivo no tenía facultades para normar sobre este tema y deja abierta la posibilidad de que varias de las empresas que mantienen en litigio sus deudas tributarias, puedan acogerse a esta eventual interpretación en última instancia.

La decisión final se conocerá mañana, pero los efectos de un posible fallo a favor de la propuesta de Blume ya han sido advertidos por el abogado del Estado, Marcial Rubio.

“En los hechos se inhabilitaría a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) para poder fiscalizar debidamente a las grandes empresas que tienen estructuras muy complejas y conforman holdings”, argumentó Rubio.

Propuesta final de Ernesto Blume que será debatida el martes 22 de setiembre pone en riesgo el cobro de S/11 mil millones en impuestos a favor del Estado.

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