Ratificación del Acuerdo de Escazú para garantizar la preservación de nuestros recursos y medio ambiente
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú” fue firmado el 4 de marzo de 2018.
Fueron 22 países de América Latina y el Caribe, incluyendo el Perú los que firmaron este acuerdo trabajado de manera conjunta durante varios años. Actualmente cuenta con nueve ratificaciones y se requiere de 11 países para que entre en vigencia. Corresponde al Congreso de la República ratificar nuestra adhesión al Acuerdo.
En este sentido, la CNDDHH manifiesta ante la opinión pública lo siguiente:
1. El Acuerdo de Escazú se propone "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales".
De este modo, el acuerdo apunta a fortalecer tres derechos fundamentales: el derecho de las personas a acceder a información sobre el manejo de los recursos y el medio ambiente; el derecho de los pueblos, colectivos y ciudadanía en general a participar de decisiones vinculadas al medio ambiente y; el derecho a acceder a justicia ambiental que garantice un medio ambiente sano y desarrollo sostenible.
2. Los objetivos planteados por el Acuerdo de Escazú coinciden plenamente con las políticas adoptadas por el Perú y consignadas en la Ley de modernización del Estado.
La información y participación de la ciudadanía es un eje fundamental para fortalecer la democracia y sus instituciones. Más aun, en un país como el nuestro con una gran biodiversidad y un rico patrimonio ambiental, es importante consolidar un Estado transparente, abierto, próximo al ciudadano y que rinda cuentas sobre sus decisiones, fomentando un desarrollo inclusivo y respetuoso de la naturaleza
3. Las últimas décadas, gran cantidad de conflictos sociales han tenido su origen en conflictos socio ambientales, evidenciando desacuerdos respecto a la implementación de determinadas actividades económicas o el manejo y distribución de los recursos.
No siempre esos conflictos se han resuelto por la vía del diálogo, contándose lamentables sucesos donde la violencia y el uso de la fuerza terminaron imponiéndose. Asimismo, el 60% de fallecidos por conflictos socio ambientales han ocurrido en América Latina, siendo urgente enfrentar esta situación.
El Acuerdo de Escazú promueve la Cultura del Diálogo, de modo que las decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y cualquier otra que tenga incidencia sobre el medio ambiente, se derive de un proceso de información y participación que le otorgue legitimidad y contribuya a fomentar un clima de paz y proteja la vida de las y los defensores ambientales.
4. Rechazamos la campaña desatada por diversos grupos de poder económico contra la ratificación del Acuerdo de Escazú. Gremios como la Sociedad Nacional de Industria (SNI) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) han publicado columnas y/o pronunciamientos, tildando al acuerdo de “entreguista” y señalando que de firmarlo el Perú perdería “soberanía” sobre más del 60% del territorio nacional, en referencia a la Amazonía.
Esto es falso pues el propio Acuerdo de Escazú reconoce, en su artículo 3, los principios de soberanía nacional sobre los recursos naturales e igualdad soberana de los Estados. Ningún artículo del Acuerdo hace mención a pérdida y/o entrega del territorio nacional, sino a derechos de participación, acceso a la justicia, transparencia y acceso a la información en materia ambiental.
Urge que los Estados asuman un rol activo y tomen medidas concretas de protección del medio ambiente y los recursos, protegiendo y a la vez comprometiendo a la ciudadanía.
En este sentido demandamos del Estado Peruano una coherente y firme actitud de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho a un medio ambiente sano y del derecho al desarrollo sostenible, razón por la que instamos al Congreso de la República a ratificar el Acuerdo de Escazú como un compromiso con la defensa del medio ambiente para nuestro país y las futuras generaciones.
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Foto: CNDDHH
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