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Pandemia y retrocesos en la protección de los pueblos indígenas

Foto: Álvaro Franco

Informe analiza la situación de la protección social y ambiental de pueblos indígenas durante la pandemia por el COVID-19.

Servindi, 22 de mayo, 2021.- Con un conversatorio en el que participaron representantes de pueblos indígenas y destacadas antropólogas se presentó el informe “Retrocesos en tiempos de COVID-19: cambios en las salvaguardias sociales y ambientales”.

El informe recoge valiosos testimonios de líderes y lideresas indígenas, y expone las omisiones y acciones estatales que incrementaron el riesgo y la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Una de las importantes reflexiones del encuentro fue que el próximo gobierno tiene una deuda con los pueblos indígenas en temas de claridad, oportunidad y accesibilidad a la atención de salud.

Otras prioridades

Al iniciar la charla, Rocío Arana, del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (PUINAMUDT) y coautora del informe, recordó que, durante el estado de emergencia, se otorgaron beneficios al sector minero e hidrocarburos.

Como señaló, esta situación afectó a las comunidades indígenas, pues la mayoría de los espacios destinados a las actividades extractivas están en sus territorios.

“Por un lado, el Estado favorece y da normas de apoyo a los sectores mineros e hidrocarburíferos para que mantengan su actividad, pero no genera mecanismos que cuiden a los pueblos indígenas”, sostuvo Arana.

A su vez, cuestionó las iniciativas gubernamentales con enfoque mercantilista que buscaban modificar los mecanismos de consulta a los pueblos originarios, como la propuesta del ‘acuerdo previo’ o la ‘consulta previa virtual’.

En la misma línea, Arana resaltó la poca capacidad del Estado para implementar un plan sanitario enfocado en las comunidades.

“Entonces vemos cuál es la prioridad del Estado para los pueblos indígenas. Ni por su salud, ni por otros tipos de derechos territoriales y colectivos”, concluyó.

Deuda histórica

En su intervención, Frederica Barclay, antropóloga de la asociación Perú Equidad, mencionó algunos retrocesos en la protección de los pueblos indígenas.

“El Covid le ha servido al Estado como pretexto para todo: para no actuar, para no recibir a delegaciones con urgencias y demandas, para incumplir procesos y calendarios de consulta…”, criticó Barclay.

Además, teniendo en cuenta el comienzo de la vacunación y las reticencias de algunas comunidades, indicó que era necesario encontrar la forma adecuada de comunicar la importancia del proceso, sin imposiciones.

“El próximo gobierno tiene una deuda con los pueblos indígenas en temas de claridad, oportunidad, accesibilidad a la atención de salud, que no se acaba en ofrecer la vacuna”, agregó.

Asimismo, hizo hincapié en el deber de las autoridades de reconocer la autonomía de los pueblos indígenas y de respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Hacia el final de su participación, Barclay recordó la problemática alrededor de las fronteras extractivas y las denominadas ‘fronteras vivas’, que representan para los pueblos indígenas una invasión de sus territorios.

Sin información

Por su parte, Miguel Guimaraes, de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), consideró que uno de los principales obstáculos para enfrentar la pandemia en los pueblos indígenas es la desinformación.

“Muchas personas desconocían la enfermedad y, por la poca información que había, las personas tenían miedo de ir a los hospitales, porque eso significaba salir en ataúd”, afirmó.

Subrayó, también, la mala distribución de los puestos de salud, situación que obliga a las personas a viajar por cinco horas si desean atenderse y, ante la cual, han recurrido a la medicina tradicional.

Al cerrar, recalcó que la labor del Estado debería de estar dirigida a proporcionar información, antes de desarrollar un proceso de vacunación de manera intempestiva y con presiones.

“Tenemos que tener estrategias que nos permitan llegar a las comunidades con una información clara y con la presencia del Estado y las organizaciones indígenas”, finalizó.

Parte del sistema

Melania Canales, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (Onamiap), sostuvo que el abandono estatal forma parte de un sistema económico donde prevalece el negocio.

“Quieren que todo el mundo piense que lo privado es mejor. Pero cuando se privatiza significa que ya no son derechos. Y se está privatizando”, afirmó.

Además, dijo que la consulta previa, en el Perú, se ha hecho “a medida de los gobiernos”. Por ello, no permiten una institucionalidad de los pueblos indígenas con autonomía dentro de la estructura del Estado.

Antes de terminar, argumentó que la única forma de revertir estos problemas era mediante el trabajo articulado de las comunidades.

El subsuelo

Finalmente, la dirigente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), Zoila Merino Roque, manifestó su preocupación por las múltiples afectaciones con las que los pueblos indígenas tienen que lidiar.

El escaso acceso a la salud y a la educación, la pérdida de las lenguas originarias, la contaminación ambiental o la criminalización de líderes indígenas fueron algunos puntos que mencionó.

“Por eso, estamos esperando a que el gobierno considere, en la nueva constitución, el derecho de los subsuelos, para poder ser dueños de nuestros territorios”, concluyó.

Sobre el informe

El informe “Perú: Retrocesos en tiempos de COVID-19. Evaluación de los cambios en las salvaguardias sociales y ambientales en Perú durante la pandemia COVID-19 y las consecuencias para los pueblos indígenas y sus territorios” ha sido promovido por:

- Programa para los Pueblos de los Bosques (Forest Peoples Programme -FPP)

- Clínica Lowenstein de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale (Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law School)

- Universidad de Middlesex (Middlesex University).

El documento recoge valiosos testimonios de líderes y lideresas indígenas, analiza de manera exhaustiva y expone las omisiones y acciones estatales que han incrementado el riesgo y la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos.

Puede acceder al informe haciendo clic al siguiente enlace:

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