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Alta corrupción e inestabilidad laboral afectan titulación comunal

Foto: Sandro Villena - Mongabay

En entrevista con Servindi, Waldir Eulogio Azaña,  especialista del Centro de Información y Planificación Territorial (Cipta) de Aidesep, explica cómo el alto grado de corrupción en funcionarios nacionales y regionales impacta negativamente en la titulación de comunidades en la Amazonía peruana.

Por Roger Tunque

Servindi, 21 de mayo, 2019.- El alto grado de corrupción y la inestabilidad laboral de especialistas en las instituciones estatales, sumado al proceso de clasificación de suelos, los Bosques de Producción Permanente (BPP) y los contratos de sesión en uso afectan la titulación de las comunidades nativas.

Asimismo, esta situación se ve agravada por la aplicación del Artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1089,  donde se establece que solo se considera área apta para titulación en  la comunidad las zonas agrícola y ganadera, mientras que las zonas forestal y de protección, se entregan en sesión de uso.

Además, dicha norma solo se aplica a las comunidades nativas y no a las comunidades campesinas o parcelas individuales. Así explica Waldir Eulogio Azaña,  especialista del Centro de Información y Planificación Territorial (Cipta) de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

De acuerdo con el experto, el alto grado de corrupción en las direcciones regionales de Agricultura, hace que los expedientes terminen siendo “trámites administrativos” y no se inscriben en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Por ejemplo, cuando se otorgan títulos a parcelas individuales, el costo del trámite es cubierto por el solicitante. Sin embargo, como las comunidades ya tienen el derecho adquirido, el procedimiento es gratuito y los funcionarios públicos (directores) siempre buscan su propio beneficio económico para realizar su función.

“Tampoco hay una infraestructura ni tecnología adecuada con profesionales en los gobiernos regionales que conozcan el tema. Hay una mentalidad de que el funcionario en lugar de servir, entra a servirse”, denunció el especialista de Aidesep en entrevista con Servindi.

Bosques de Producción Permanente

El informe El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas elaborado por la Defensoría del Pueblo, sostiene que la creación de los Bosques de Producción Permanente (BPP) para el otorgamiento de concesiones forestales, constituye una de las principales razones de superposición con tierras de comunidades nativas.

A pesar de que las resoluciones ministeriales que crearon los BPP establecen que las superficies superpuestas con las comunidades nativas no impiden o paralizan su titulación, no les permiten inscribir su título en la Sunarp.

Al respecto, el especialista de la organización indígena sostiene que la posición del Estado de asumir que estas áreas no pueden ser tituladas “porque las comunidades nativas van a deforestar” es contradictorio. “¿Y qué hace una concesión forestal? Es algo ilógico”, cuestiona Eulogio Azaña.

Asimismo, refiere que las concesiones forestales otorgadas dentro de los territorios indígenas, que se dan sin inspección de campo, pueden incluso adquirir más derechos que los pueblos indígenas, quienes son desplazados.

“Los mismos Bosques de Producción Permanente han sido trabajados en gabinete con imágenes de satélite, con catastro desastroso que, incluso hay BPP que están sobre poblaciones en capitales de distrito”, afirma el especialista.

Por su parte, el informe de la Defensoría identificó cerca de 45 controversias que surgieron durante los procedimientos de reconocimiento y titulación de comunidades nativas producto de la superposición por BPP, que ocurren con mayor frecuencia en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali.

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