¡La selva no se vende, la selva se defiende!

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Servindi, 21 de abril, 2024.- Cientos de ciudadanos y ciudadanas, principalmente jóvenes, se movilizaron por las calles del centro de Lima en defensa del ambiente, los bosques, el agua y la Amazonía. 

La segunda jornada convocada por el Movimiento Nacional contra la Ley Antiforestal desarrolló diversos tipos de acciones diversas ciudades del país para denunciar al Congreso por la expedición de la Ley 31973.

Cabe recordar el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la norma el 14 de diciembre de 2023 pese al rechazo de pueblos indígenas, sociedad civil y expertos, y sin atender dos pedidos de reconsideraciones admitidos a trámite.

La primera reacción fue del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, representado por su decano Majed Velásquez, que interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad el mismo día que fue publicada.

En abril, el Tribunal Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la “Ley Antiforestal” interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín y otorgó al Congreso de la República un plazo de 30 días para que se apersone y conteste la demanda.

El 9 de abril la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó un dictamen que propone derogar la Ley N.º 31973.

La congresista Ruth Luque, que preside dicha comisión, exhortó entonces a los miembros de la Comisión Agraria al cual fue derivado el dictamen, a reconocer que la ley antiforestal no ha respetado los derechos de los pueblos indígenas.

Es importante destacar que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco y diversas organizaciones especializadas en materia ambiental exigen la derogatoria de dicha norma.

El Movimiento Nacional contra la Ley Antiforestal anuncia una tercera jornada nacional de movilización para el 22 de mayo que es muy probable que alcance mayores dimensiones de participación.

 

 

La Ley 31973 crea un régimen inconstitucional en virtud del cual se elimina las 3 condiciones básicas que evitaban la deforestación: la clasificación de tierras, la prohibición de cambio de uso de tierras si tienen aptitud forestal y formaliza actividades desarrolladas de manera ilícita.

Al suspender la zonificación forestal el Estado pierde una importante herramienta de gobernanza ambiental y esta desregulación del sector forestal solo beneficia a los taladores y madereros ilegales.

Los propietarios o poseedores de predios ubicados en la Amazonía contarán automáticamente con la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio permanentes o pastos sin necesidad de que su actividad sea aprobada por la autoridad ambiental.

Asimismo, los propietarios y poseedores están exonerados de cumplir con las reglas sobre cambio de uso a que se refiere el Artículo 38 de la ley N º 29763, Ley Forestal y de  Fauna  Silvestre.

Eso significa que propietarios y poseedores podrán desarrollar sus actividades agropecuarias en la Amazonía deforestando impunemente los bosques primarios y secundarios amazónicos sin la autorización de cambio de uso actual de las tierras forestales amazónicas a fines agropecuarios.

Beneficiarios de la Ley Antiforestal

Por lo menos una docena de compañías y agrupaciones religiosas podrían beneficiarse en sus procesos judiciales y sancionadores por deforestar miles de hectáreas en la Amazonía con la modificación de Ley Forestal.

Los cambios a la norma abren el camino para el archivamiento de estos casos por lo que se investiga a empresas como Ocho Sur y Tamshi, del Grupo Melka, y Palmas de Shanusi, del poderoso Grupo Romero.

También terminarían favoreciendo en sus procesos a la compañía Reforestadora Inca, del empresario Samuel Dyer, así como a las agrupaciones religiosas Menonitas y los Israelitas del Nuevo Pacto Universal.

Así lo revela un reportaje del portal Convoca.pe escrito por el periodista Ivan Brehaut tras revisar los expedientes de siete casos y consultar a diversas fuentes para entender la magnitud de afectación a bosques y comunidades.

   

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