Recurso legal, admitido el 20 de enero, busca frenar el uso de plaguicidas altamente tóxicos para la salud de agricultores y consumidores del Perú.
Servindi, 21 de febrero, 2022.- Dos asociaciones de Apurímac demandaron al Estado peruano por la falta de fiscalización que permite el uso de plaguicidas altamente tóxicos para la salud en la agricultura familiar.
Piden que se reconozca la venta de estos plaguicidas como una amenaza para la vida y se anulen los permisos otorgados para cada uno de los productos que los contienen.
La demanda, admitida el 20 enero por el Primer Juzgado Civil de Abancay, es contra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y los ministerios de Agricultura y Salud.
Esta fue presentada por la Asociación de Productores y Comercializadores Agroecológicos de Apurímac y la Asociación Apurimeña de Consumidores y Usuarios.
Según la demanda, la comercialización de estos plaguicidas y su uso viola una serie de derechos, como el derecho a la vida, a la salud e integridad física, y a la protección del consumidor.
Entre los plaguicidas que piden retirar del mercado se encuentran los Clorpirifos y el Metomil, extremadamente peligrosos; el glifosato, moderadamente peligroso; y el Imidacloprid y el Clothianidin, ligeramente peligrosos.
Dependiendo el tipo de plaguicidas, estos afectan el sistema nervioso, son potencialmente mutagénicos y carcinogénicos, se acumulan en el tejido graso y producen alteraciones al sistema inmunológico y endocrino.
Además, generan alteraciones en la piel, irritaciones dermales y oculares, náuseas y mareos, así como problemas respiratorios, el aumento de la presión sanguínea y el daño o falla renal.
Pese a que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Senasa y la Dirección General de Asuntos Ambientales son los encargados de fiscalizar su comercialización, no estarían cumpliendo su función.
“Estas instituciones no realizan la función que se les ha asignado, debido a la poca voluntad política de las autoridades, que sucumben ante determinados intereses y la fuerte presión del sector empresarial”.
Así lo sostiene el Instituto de Defensa Legal, que junto al Consultorio Jurídico Ambiental Kallpachanakusun y el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente – IDMA, apoya la demanda.
Cabe señalar que, de acuerdo a la Encuesta Nacional Agraria del año 2014, el 47.5 % de los productores agropecuarios usa plaguicidas, y solo el 14,5 % aplica buenas prácticas de producción e higiene.
La encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), también reveló que solo el 11 % de los productores recibieron capacitación en el uso de plaguicidas en los últimos tres años.
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