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Pacto de Unidad exige derogatoria del Decreto Legislativo 1333

Servindi, 22 de febrero, 2017.- El Pacto de Unidad de Organiaciones Indígenas del Perú expresó su rechazo al Decreto Legislativo N° 1333 al cual califican como una herramienta que servirá para despojar las tierras de las comunidades campesinas y pueblos indígenas.

El citado decreto que forma del paquete de medidas aprobadas por el gobierno crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada (APIP), un organismo con superpoderes para vulnerar derechos territoriales a favor de la inversión.

El Pacto de Unidad exige al Congreso derogar dicho decreto y al Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSION y sus operadores, "desistir de reglamentar este Decreto lesivo a los derechos de pueblos indígenas, absteniéndose de cualquier intento de validar y avalar esta norma".

El Pacto de Unidad está conformado por organizaciones nacionales como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesana, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Unión de Comunidades Aymaras (UNCA) y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC),

A continuación el pronunciamiento suscrito el 21 de febrero:

-  Pacto de Unidad –

Camino a la libre determinación de nuestros pueblos

Pronunciamiento

Exigimos derogatoria de Decreto Legislativo N° 1333, que despoja de tierras y territorio a las comunidades y pueblos indígenas

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en apenas 7 meses de gestión, ha aprobado 112 decretos legislativos sin debate ni participación de la ciudadanía, muchos de ellos lesivos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, y sobre todo derechos territoriales irrenunciables.

Uno de ellos es el Decreto Legislativo Nº 1333, para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, que constituye una grave amenaza para las tierras y el territorio de las comunidades y  los pueblos indígenas de nuestro país. A través de esta norma se crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada – APIP, institución adscrita a PROINVERSION, con  atribuciones para el saneamiento físico-legal de tierras públicas, privadas y comunales, por encima de las competencias del Ministerio de Agricultura y Riego, COFOPRI y de los Gobiernos Regionales. Todo con el fin de avalar los procesos de titulación y despojo de las tierras que demandan los proyectos de la gran inversión privada (infraestructura, minería, hidrocarburos, agroindustria, industria maderera, etc.), poniendo al Estado Peruano a su servicio y desestabilizando  aún más nuestra precaria democracia.

Todo con el fin de avalar los procesos de titulación y despojo de las tierras que demandan los proyectos de la gran inversión privada

Estando a punto de celebrar el Bicentenario, el Estado peruano se niega a saldar la deuda histórica de titulación comunal que permite asegurar las tierras y el  territorio de los pueblos indígenas. Recordemos que existen más de 3 mil comunidades campesinas y nativas que no contamos con título de propiedad y aquellos que contamos con uno, no tenemos garantizada la  seguridad jurídica del  territorio que ancestralmente poseemos; a pesar de lo cual se promueve esta reforma estructural y silenciosa del acceso a la tierra, con el recurrente pretexto de “promover el crecimiento económico”, en el marco de un modelo de inversión que es permeable a la corrupción.

Estado peruano se niega a saldar la deuda histórica de titulación comunal que permite asegurar las tierras y el  territorio de los pueblos indígenas

Esta situación agravará los conflictos sociales, pues las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas y rurales defenderemos legítimamente nuestros derechos territoriales de esta nueva amenaza.  

El Congreso de la República no puede ser cómplice de este nuevo atropello contra los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos  por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas. Corresponde, en lo inmediato, al Grupo de Trabajo liderado por la Congresista Úrsula Letona asumir esta tarea.

EXIGIMOS, por tanto, que el Congreso derogue el D.L. 1333, y DEMANDAMOS al   Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSION y sus operadores, desistir de reglamentar este Decreto lesivo a los derechos de pueblos indígenas, absteniéndose de cualquier intento de validar y avalar esta norma, manipulando los espacios de diálogo con las organizaciones y pueblos indígenas. En caso contrario las organizaciones indígenas nos DECLARAREMOS en pie de lucha y nos movilizaremos como históricamente lo hemos hecho.  

¡No al despojo de nuestras tierras y territorio!

¡Wañuchum Decreto Legislativo 1333!

21 de febrero de 2017

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