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279 personas fallecieron en conflictos sociales, señala boletín Trimestral

Fuente de la imagen: Defensoría del Pueblo

Trimestral, documento de análisis de la conflictividad social de la Defensoría del Pueblo advierte la enorme inestabilidad para institucionalizar el diálogo. "Es un contrasentido pretender institucionalizar desde la precariedad" advierte.

Servindi, 20 de octubre, 2018.- 279 personas –244 civiles y 35 policías– fallecieron en el contexto de conflictos sociales durante el periodo que va de marzo de 2006 a mayo de 2018. Así lo reportó el sistema de monitoreo de conflictos de la Defensoría del Pueblo.

El número de heridos alcanzó a 4816 –3212 civiles, 1599 policías y 5 militares–. El conflicto social de Bagua y Utcubamba es el caso en el que se presentó el mayor número de fallecidos, 23 policías y 10 civiles; pero también los casos Conga, Tía María, el “Aymarazo” y Majaz, han dejado en conjunto 23 muertos.

Los datos se consignan en Trimestral, un documento de análisis de la conflictividad social cuyo primer número corresponde a los meses de julio, agosto y setiembre de 2018 y que apareció el 15 de octubre.

Las regiones que presentan un mayor número de conflictos son Áncash, Apurímac, Cusco, Puno y Loreto durante el período de enero de 2016 a agosto del 2018. Entre los cinco concentran el 41 por ciento del total de casos a nivel nacional.

Si bien, Cajamarca aparece en el sétimo lugar pero su situación amerita una atención especial dado que en esta región se desarrollan trece proyectos mineros (7 en exploración y 6 en construcción de mina), y 21 unidades en producción.

La conflictividad social tiende a incrementarse cuando la institucionalidad no garantiza procedimientos legales efectivos para resolver demandas sociales, y las prácticas políticas entre autoridades y ciudadanos no son percibidas como suficientemente confiables y efectivas.

De acuerdo al Barómetro de las Américas del 2017, el apoyo a la democracia en el Perú cayó de 62,5% en el 2008 -su punto más alto- a 52,7% en el 2017. Un descenso que explica la demanda de reformas institucionales (judicial, política y administrativa) que la ciudadanía exige en la actualidad.

A la par, la confianza en los partidos políticos es de solo 7.5%, la más baja de Latinoamérica, indica Trimestral, publicación de la Defensoría del Pueblo.

Debilidad institucional para el diálogo

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros fue transformada hace diecinueve meses en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, dependiente del nuevo Vice Ministerio de Gobernanza Territorial.

Aún no se ha hecho una evaluación del funcionamiento de este vice ministerio y, en particular, de la ubicación del tema de conflictos sociales dentro de esta estructura.

Cabe señalar como hecho relevante que en los cinco años de funcionamiento de la ONDS tuvo cinco jefes durante las gestiones de cinco presidentes del consejo de ministros.

El nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial en un año y siete meses de existencia ya cuenta con su tercer viceministro al igual que la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.

Sin duda es un problema que los equipos de trabajo cambian constantemente, sus contratos son por servicios no personales o CAS.

"En ese contexto de enorme inestabilidad, cualquier proyecto de institucionalización del diálogo resulta de difícil realización. Es un contrasentido pretender institucionalizar desde la precariedad" advierte Trimestral.

En los gobiernos regionales la situación es también preocupante. Solo siete gobiernos regionales (28%) tienen en la actualidad oficinas de gestión de conflictos creadas y en funcionamiento.

Acceda al documento de la Defensoría del Pueblo con un clic en el siguiente enlace:

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