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Dos proyectos de Ley amenazan tierras de comunidades campesinas

Fuente de la imagen: Gua.com

Servindi, 21 de octubre, 2017.- Dos proyectos de ley atentan contra la autonomía de las comunidades campesinas y buscan su desaparición al facilitar el acceso a sus tierras a favor de intereses económicos. Así lo advirtió la Red Muqui a través de un pronunciamiento.

Uno de los proyectos es el 1910 presentado por el congresista fujimorista Luis Humberto López Vilela que bajo el argumento de facilitar el acceso al crédito y fomentar el desarrollo del sector agrícola atenta contra la seguridad jurídica de las comunidades campesinas de Piura.

El otro proyecto es el 1718, conocida como la Nueva Ley del Despojo, ya que reedita el Decreto Legislativo 1333, cuya derogación fue aprobada por el Congreso de la República pero que continúa vigente debido a que el Ejecutivo no ha promulgado su derogación.

La lógica normativa tiene como objetivo desproteger las tierras colectivas de las comunidades campesinas para favorecer procesos de individualización y la reconcentración de tierras a favor de proyectos de inversión mediante asociaciones público-privadas (APP).

Lea a continuación el comunicado de la Red Muqui:

Riesgos que implica para las comunidades campesinas de Piura la aprobación del Proyecto de Ley N° 1910/2017-CR y el 1718/2017-CR que promueven la titulación de tierras y la eliminación de la autonomía comunal

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional y regional en Piura para manifestar lo siguiente:

1. La iniciativa legislativa presentada por el congresista piurano de Fuerza Popular Luis Humberto López Vilela, que plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la demarcación y titulación de tierras comunales, se constituye como un riesgo a la autonomía y los derechos colectivos de las comunidades campesinas de Piura. Este Proyecto de Ley bajo el argumento de facilitar el acceso al crédito y fomentar el desarrollo del sector agrícola atenta contra la seguridad jurídica de las comunidades campesinas, debilitando sus procesos de titulación colectiva.

2. Los efectos de este Proyecto de Ley deben analizarse en función de todo el marco normativo recientemente dictado, teniendo como fundamento a la Ley N° 30230, que establece procedimientos especiales para el saneamiento físico legal en territorios que aún no se encuentran titulados, o teniendo título no lo tuvieran inscrito en registros públicos, o tuvieran problemas en su formalidad y fueran "imperfectos" por problemas de linderos y otros. Según el art. 38 inciso b) de dicha norma, se aplica dicho saneamiento, entre otros casos, a proyectos que cuenten

3. Está también el Decreto Legislativo N° 1333, norma aún vigente, que crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) que tiene como objetivo facilitar la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura priorizadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas a través de las facultades de saneamiento físico y legal que se le otorgan y que incluye incluso, la facultad de convocar a asambleas comunales para lograr estos fines. Las facultades otorgadas al APIP modifican también las competencias de Gobiernos Regionales y Locales respecto a titulación y saneamiento de propiedades comunales de tal forma que se constituye como una instancia centralizadora de la toma de decisiones a nivel nacional, pasando por encima incluso de la autonomía de las comunidades establecida en la Constitución.

4. Esta perspectiva normativa, que consideramos tiene como objetivo eliminar a las Comunidades Campesinas, se basa en la lógica de una política económica que el Estado peruano viene impulsando gobierno tras gobierno desde hace 25 años, y que hoy se ha exacerbado, priorizando los proyectos de inversión, fundamentalmente mineros y de infraestructura como ejes de a economía, a través de las asociaciones público-privadas en éste último caso, de tal forma que para lograr esto se busca impulsar la reconcentración de tierras a través de su adquisición a partir de procesos de individualización de la titularidad y hasta la expropiación y no la protección de los procesos de titulación colectiva de las comunidades campesinas, de tal forma que el “interés nacional” se ve guiado por la priorización de proyectos de inversión en infraestructura o proyectos de inversión de industrias extractivas y no el interés colectivo de las comunidades campesinas y poblaciones, que debiera ser el fin de la economía.

5. La aprobación del Proyecto de Ley presentado sobre Piura, y del proyecto de ley N° 1718/2017-CR, que no es otra cosa que el mismo proyecto de ley N° 1333, con modificaciones que lo hacen más agresivo para los derechos colectivos, a la luz del marco jurídico vigente, terminaría profundizando la débil protección jurídica de la propiedad comunal y vulnerando el artículo 89° de la Constitución Política que declara la autonomía de las comunidades campesinas.

6. El fundamento del “interés nacional” al que apela el proyecto de ley N° 1910/2017-CR resulta ser un argumento genérico y ambiguo cuando en la práctica la instancia gubernamental que va a terminar decidiendo y priorizando sobre el uso del territorio es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de PROINVESIÓN, y no las Comunidades Campesinas quienes son las que deberían tener las garantías jurídicas para decidir sobre el uso de su territorio y su desarrollo económico.

Desde RED MUQUI esperamos que ambos Proyectos de Ley sean archivados, pues atentan contra la autonomía de las Comunidades Campesinas y buscan su desaparición en favor de facilitar el acceso a sus tierras de intereses económicos, como los mineros, favorecidos por las normas dictadas por el gobierno y el Congreso de la República.

20 de octubre 2017

 

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