Servindi, 20 de agosto, 2023.- El régimen de Daniel Ortega confiscó esta semana la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), la más importante y antigua universidad privada considerada el último centro de libre pensamiento que quedaba en el país.
El Décimo Tribunal Penal de Managua emitió la orden de incautación y confiscación de bienes de la UCA a la que acusa de ser "un centro de terrorismo, que organiza grupos criminales".
El padre Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús, condenó la medida confiscatoria y pide que se revoque la medida y cese la agresión contra el ateneo.
Se trata de una “agresión” dolorosa por su violencia inmotivada, único resultado de un “complot” orquestado por el “régimen gubernamental” para "asfixiar" y apropiarse de las estructuras de la sociedad civil, violando los derechos y libertades civiles.
Para el padre Sosa, se trata de acusaciones “totalmente falsas, y sin fundamento alguno” que se suma “contra otras muchas obras de la Iglesia católica y miles de instituciones de la sociedad civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”.
Tales calumnias, señala, “han ultrajado también los derechos de tantas personas, su reputación, su vida y sus bienes”.
El padre Sosa recordó que la universidad jesuita imparte enseñanzas desde hace sesenta años con un nivel de prestigio reconocido por “premios nacionales e internacionales”.
La arbitrariedad de la acción confiscatoria se extendió a la residencia Villa Carmen, contigua a la UCA, y que es de propiedad de la Compañía de Jesús donde los jesuitas que allí pernoctaban fueron desalojados.
Desde 2018
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús negó en un comunicado la falta de fundamento de las acusaciones, las que calificó como hijas de una política gubernamental “que parece encaminada a consolidar un Estado totalitario”.
Denunció la medida contra la UCA como una más de "una serie de ataques injustificados" que están "generando un clima de violencia e inseguridad" y "agudizando la crisis sociopolítica del país".
La nota señala que la persecución contra la UCA se remonta a 2018, cuando el ateneo se posicionó “en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales”.
ONU expresa preocupación y gobierno de Petro condena
Las Naciones Unidas expresó su "preocupación" por la situación general y, en particular, por “las crecientes tensiones entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia católica, incluido el reciente cierre de la Universidad Centroamericana”.
Mediante la oficina del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se emitió un comunicado en el que señala que un Estado "que cierra una universidad u otra institución educativa por razones como la seguridad nacional o la preservación del orden público tiene la carga (...) de justificar una medida tan grave con relación a cada uno de los elementos identificados en el artículo 4 del Pacto".
El gobierno de Gustavo Petro se convirtió en el primer país latinoamericano que condena “con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión" en referencia a la confiscación de la UCA.
Historia de una agresión injustificada
El martes 15 de agosto la UCA recibió el oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Dra. Gloria María Saavedra Corrales.
En ella se notifica “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”.
El oficio acusa a la UCA de ´Centro de terrorismo´ y se le imputa de haber “traicionado la confianza del pueblo nicaragüense” y de “haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país”.
El régimen dictatorial de Ortega cambió la denominación de la universidad
A partir del jueves 17 el régimen de Ortega está en posesión de la Universidad Centroamericana, a la cual rebautizó como Universidad Nacional Casimiro Sotelo, y eliminó su histórico nombre del frontis del edificio.
En una ejecución concertada previa al asalto final, congeló las cuentas bancarias de la universidad, a través de la Superintendencia de Bancos, e inmovilizó todas sus propiedades, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, inhabilitó el Centro de Mediación de justicia que funciona en esta alma mater, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ya antes, la UCA había sido excluida del seis por ciento del presupuesto estatal que la Constitución Política destina a las universidades.
Además, se le negó la acreditación que otorga el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y del Ministerio de Gobernación (Migob).
La UCA propiciaba el pensamiento crítico. Foto: Confidencial Digital
La Universidad Centroamericana (UCA) tiene aproximadamente cinco mil estudiantes y fue la primera universidad privada que se estableció en Centroamérica, explica la página oficial del centro de estudios.
Fue fundada a iniciativa de empresarios el 23 de julio de 1960 en Nicaragua por la Compañía de Jesús, como “una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”.
“Una universidad católica, pero abierta a estudiantes pertenecientes a todos los credos. Una universidad dirigida por los padres jesuitas, con colaboración de profesores seglares nacionales y extranjeros”, exponía en su oferta académica.
La ruptura definitiva aconteció en 2018, cuando estallaron las protestas populares que pedían la salida de Ortega del poder, y que fueron detonadas principalmente por estudiantes universitarios.
La UCA se convirtió en refugio de los estudiantes perseguidos, y en un actor político en los intentos de diálogo que hubo entre la oposición y el gobierno. Su rector, José Idiáquez, fue parte del equipo negociador del “Diálogo Nacional” en 2018 y 2019.
Con la confiscación de la UCA, suman 27 las universidades a las que, desde diciembre de 2021, el régimen nicaragüense de Daniel Ortega ha cancelado y ordenado la confiscación de todos sus bienes. Siete de estas universidades canceladas eran de origen extranjero.
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