Servicios en comunicación Intercultural

Conozca la importancia del Acuerdo de Escazú en cuatro de sus artículos

De izquierda a derecha: Edwin Chota, Berta Cáceres y "Chico" Mendes. El "Acuerdo de Escazú" busca proteger a los/as defensores/as ambientales de América Latina.

Se trata del primer instrumento vinculante para garantizar la democracia ambiental en América Latina. Además de promover los derechos al acceso a la información, participación ciudadana y justicia, el acuerdo busca proteger a los/as defensores/as ambientales. Los 24 países suscritos, incluyendo Perú, deberán ratificarlo antes de setiembre.

Por Meylinn Castro

Servindi, 20 de abril, 2018.- El 4 de marzo de este año, los delegados de 24 países de América Latina —incluyendo Perú— firmaron el Acuerdo de Escazú. Esta suscripción fue considerada como un hecho histórico, pues se trata del primer instrumento regional que busca garantizar la democracia ambiental.

Pero ¿de qué manera se pretende lograr ello? Dentro de los 26 artículos que se contemplan en el acuerdo, cuatro de estos hacen referencia a la promoción de los derechos al acceso a la información, participación ciudadana, justicia ambiental y a la protección de los/as defensores/as ambientales.

Debido a su vital importancia, se espera que la herramienta legal sea ratificada por los países suscriptores antes de setiembre. Y así, proceder con la formalización y adhesión del documento para el 27 del mismo mes en la sede de las Naciones Unidas, ubicada en Nueva York, EE. UU.

A continuación, compartimos los puntos claves de los cuatro artículos -que forman parte de los pilares del Acuerdo de Escazú- y los desafíos que tiene Perú para concretarlos.

1. Artículo 5: Acceso a la información ambiental

Conforme a este artículo, los Estados suscritos deberán legitimar el derecho al acceso a la información ambiental. En esta sección del acuerdo, se pone un especial énfasis a la población indígena. “Cada Parte garantizará que dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad (…) reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta”, reza el documento.

Con respecto a este punto, la adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto Cabanillas, señaló que significará un reto para nuestro país. Esto debido a una serie de problemas cuando se solicita una información determinada.

“A pesar de los avances y de los esfuerzos realizados, todavía tenemos problemas serios de desinformación (…) Durante los procesos de evaluación de impacto ambiental, muchas veces, las poblaciones no reciben la información que necesitan”, enfatizó durante el conversatorio “Camino a la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Perú”.

En este sentido, la también abogada cuestionó el contenido de la información y la metodología de cómo esta se brinda. “Hay una tendencia de brindar una información más vinculada a los aspectos positivos con cierto temor de decir toda la verdad con respecto a los impactos (…) Muchas veces, la metodología es inapropiada para que la población entienda y comprenda la información”, resaltó.

2. Artículo 7: Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

Este extracto del instrumento legal también es una pieza fundamental, pues los Gobiernos se comprometerán a asegurar la participación de la sociedad de manera abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental, como en temas de elaboración de políticas, estrategias y reglamentos.

“Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar su salud”, se lee en el segundo párrafo del artículo.

La abogada Alicia Abanto señaló que para ejercer el derecho a la participación ciudadana, la población debe contar con la información necesaria. Asimismo, indicó que dos de los principales obstáculos para practicarlo es la asimetría del poder y la corrupción.

“El hecho de que estemos en situaciones de desigualdad estimula, más bien, a los hechos de violencia y no a la participación responsable e informada (…) Si ya hay un acuerdo bajo la mesa, el proceso de la toma de decisiones ya está dado. Pero, son decisiones al margen de la participación ciudadana. La corrupción afecta gravemente la participación real y efectiva”, recalcó.

3. Artículo 8: Acceso a la justicia en asuntos ambientales

En el segundo párrafo de este apartado se especifica que la población puede acudir a instancias judiciales ante cualquier tema relacionado al derecho al acceso a la información y participación ciudadana, y cualquier acción vinculado al tema ambiental.

Para ello, los Estados deberán contar con instancias especializadas y adoptar medidas para reducir las barreras al ejercicio del derecho al acceso a la justicia, como el uso de la traducción de idiomas.

En este punto, cabe mencionar que el Poder Judicial de Perú cuenta con un Plan de Gestión Ambiental. Con este plan se pretende mejorar el acceso y la aplicación de la justicia ambiental en las 33 Cortes Superiores del país.

4. Artículo 9: Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

Por último y no menos importante, el artículo 9 del Acuerdo de Escazú hace referencia a la protección de los/as defensores/as ambientales. Los 24 países de América Latina que firmaron este documento deberán prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia hacia ellos/as.

“Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, indica este artículo.

De esta manera, se corrobora lo dicho por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra: “Este acuerdo es el único que existe en el mundo vinculante para  la protección y la defensa de los defensores. Y esto lo hacemos justamente en la memoria de todos y todas que han trabajado para defender nuestro medio ambiente”.

Durante el conversatorio mencionado, el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), Marco Arana, mencionó que se requiere articular esfuerzos para que el acuerdo regional se ratifique lo antes posible.

“Si queremos que el Estado peruano suscriba el acuerdo en este año, miremos el tiempo y el plazo político (…) Yo esperaría que en el Congreso de la República, la suscripción del Acuerdo del Escazú sea fruto de la disponibilidad para llegar a acuerdos en el país sin las interferencias políticas”, remarcó.

Dicho todo esto, el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de que Perú forme parte de este instrumento vinculante que busca garantizar la democracia ambiental en América Latina. ¿Lo ratificará o dará la espalda?

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Comentarios

muchas grax gracia' a ti terminé mi trabajox y me saqué un sietex muak beibix

Añadir nuevo comentario