Amazonía: "No es abandono estatal, es asesinato"

Resistiendo al encierro y a la muerte

Solo hay una verdad sobre el poder estatal y el partido político de turno. O cuidas la vida en la tierra, su permanencia, sus aguas, sus bosques, a las personas y a los animales, o la destruyes y la vendes al mejor postor.

Este número de Lucha Indígena lo dedicamos principalmente a la selva peruana: a la deforestación, a la minería ilegal, al proyecto de hidrovía en los principales ríos amazónicos, al abandono de los casos de covid y a la persecución de defensores ambientales.

No es que el Amazonas sea un rincón olvidado del país, es que es uno de los lugares más utilizados, usurpados y explotados del país. Hacer una hidrovía dragando y destrozando los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas, no es abandono estatal, es asesinato estatal.

La minería y la tala ilegal tienen tratos con los representantes del estado en la amazonía, si no no podrían prevalecer año tras año. Que los pueblos indígenas que aman, cuidan y viven del río se mueran de covid no es un abandono ni olvido del estado, es una estrategia política para poder avanzar desenfrenadamente con la deforestación, la hidrovía y demás proyectos que dan dinero.

Si los indígenas que defienden al río y a la selva además dicen que son sagrados, que el río y la selva están habitados por espíritus como tú y yo, entonces es mejor que mueran, porque es muy difícil convencer o engañar a un pueblo que piense así. Recordamos cuando Alan García se burlaba de los pueblos andinos que defendían sus apus contra la minería. “¡Oiga, Dios está en el cielo, no en el cerro!” Qué práctico para el estado pensar así y que colonial.

Tras 9 años de proceso, el jueves 4 de febrero, finalmente fueron absueltos en segunda instancia nueve dirigentes y una dirigenta del distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco. Los dirigentes han sido acusados por haber participado de secuestro, violación de domicilio, robo agravado, contra los medios de transporte y disturbios durante las movilizaciones de protesta en el 2011 contra la empresa minera ANABI, acusada de contaminar a las comunidades de dicho distrito. Las defensas de los dirigentes acusados, señalaron que las pruebas fueron insuficientes y que este proceso más que buscar una justa administración de justicia sería una excusa para perseguir y criminalizar al “enemigo político”, es decir, a los representantes de las comunidades campesinas, afectadas por las actividades de la empresa minera y las instituciones del Estado que la defienden.

Nuestro colaborador venezolano cuenta como el estado de izquierda, y la oposición de derecha, quieren convertir en un Arco Minero al territorio donde corren las aguas del río Orinoco, que constituye el corazón del agua en Venezuela y que permite una gran producción agrícola que alimenta al 70% de la población venezolana. Quienes son directamente afectados son los 16 pueblos indígenas de la zona, cuyos defensores ya pagaron con vidas y con cárcel la defensa de su territorio.

No necesitamos de estados asesinos que lucran con nuestros ríos, con nuestros apus y nuestros bosques, y que prefieren vernos muertos o encarcelados y amedrentados para seguir haciéndolo. Necesitamos autonomía y valentía para cuidar los territorios que dan vida.