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Adiós a la transparencia y acceso a la información pública

Imagen: Onamet.

Cuando el remedio es peor que la enfermedad

Por Equipo de IDLADS PERÚ*

20 de enero, 2017.- Una de las tareas que IDLADS más ha realizado desde su nacimiento son los habeas data contra las autoridades que usualmente no estaban acostumbradas a transparentar su gestión y rendir cuentas a la ciudadanía. Así fue como conseguimos los estudios ambientales del Proyecto Minero Conga y el Proyecto de Hidroeléctrica Inambari (2011) en su momento reservados y secretos, y los compartimos a través de nuestras redes con el público en general. Luego de ello, las autoridades ambientales y de salud fueron creciendo en transparencia y acceso a la información pública no solo en entregar la información sino antes de los siete (07) días establecidos legalmente.

Con el viento a favor todos pensamos que era tiempo de una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que todavía sea más eficiente y resuelva los nudos y cuellos de botella que significaban los casos injustificados de reserva de información, y el sector Justicia nos hizo soñar en la posibilidad de un organismo público especializado, con competencias suficientes para agilizar aún más las solicitudes de acceso a la información, y algunos nos proyectamos incluso a la construcción de un Gobierno Electrónico que con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, en los órganos de la administración pública, hiciera más eficiente la atención de solicitudes de acceso a la información.

El sueño acabo en pesadilla cuando se aprobó el Decreto Legislativo 1353 que crea “la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública” que no es otra cosa, que una dirección de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, carente de personería jurídica y autonomía presupuestal. Se trata de toda una ficción de autoridad real, sin la capacidad de poner en vereda a los sectores amantes del secretismo en la información pública.

Así, las cosas quedarían con una “Autoridad Nacional” y su Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el primero como ente normativo y consultivo, y el otro como segunda instancia. Una pregunta que a todos nos interesa: ¿ellos contestaran las solicitudes de información pública más rápido? La respuesta es un no rotundo, solo significaran nuevos funcionarios y mayores gastos al erario nacional, sin beneficio objetivo para los ciudadanos.

Esta lógica de más personal, trámites y gastos para atender más lento y peor es solo digna de una lógica burocrática e ineficiente que debemos desterrar del Estado

Los que seguirán respondiendo nuestras solicitudes de información son las mismas autoridades sectoriales de siempre pero ahora, por obra y gracia del mencionado Decreto, ya no lo harán en un tiempo máximo de siete (07) días sino de doce (12) con posibilidad de ampliarlo en dos (02) días más. En otras palabras, sin autoridad nacional de transparencia estábamos mejor, primero se atendía más rápido y segundo invertíamos menos recursos en dicho fin. Esta lógica de más personal, trámites y gastos para atender más lento y peor es solo digna de una lógica burocrática e ineficiente que debemos desterrar del Estado.

Lo que pinta de cuerpo entero esta fallida institucionalidad es que no pueden dictar medidas administrativas correctivas para que se brinde información al administrado a quién se la denegó sin causa ni razón.

Nos hemos guardado lo peor para el final. Resulta que con esta norma por primera vez se pondrán a trabajar los lineamientos para la clasificación de la información secreta y reservada, es decir, en las razones para no dar información pública a los ciudadanos, todo un despropósito, que se suma al hecho de que esta nueva autoridad, de manera directa, no puede sancionar a los funcionarios que abusiva y arbitrariamente niegan la información pública. Lo que pinta de cuerpo entero esta fallida institucionalidad es que no pueden dictar medidas administrativas correctivas para que se brinde información al administrado a quién se la denegó sin causa ni razón.

Nuestra reflexión final es que ahora tenemos una “autoridad nacional de transparencia” que nadie ha pedido, que empeora las comunicaciones entre el gobierno y los ciudadanos, y que para lo único que serviría sería para cerrar las puertas a la rendición de cuentas y a la transparencia. ¡Todo un despropósito!

Se dice que solo quienes valoran un gobierno le dicen las cosas de manera honesta y sincera, y por esto exhortamos a las autoridades competentes a corregir tamaño despropósito, y enrumbar el diálogo y el consenso con la sociedad civil hacia el bienestar general y la paz social del país.

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* El equipo legal de IDLADS PERÚ está conformado por Henry Carhuatocto, Lilyan Delgadillo y Katherine Serrato.

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